Pareciera que la lógica es que la justicia es parte de la negociación política global. La negociación, en estos tiempos, busca equilibrar la impunidad entre los distintos actores políticos, económicos y sociales y sólo cuando es inevitable, equilibra la sanción. En las últimas semanas, de la misma forma en que se denuncia sin tener pruebas, se absuelve o dilatan las investigaciones y sanciones sin saber a ciencia cierta qué ocurrió.
Pareciera que la lógica es que la justicia es parte de la negociación política global. La negociación, en estos tiempos, busca equilibrar la impunidad entre los distintos actores políticos, económicos y sociales y sólo cuando es inevitable, equilibra la sanción. En las últimas semanas, de la misma forma en que se denuncia sin tener pruebas, se absuelve o dilatan las investigaciones y sanciones sin saber a ciencia cierta qué ocurrió.
La lista de acontecimientos extraños es amplia. Ayer mismo Carlos Romero Deschamps, el líder del sindicato petrolero, ya sin fuero desde el pasado primero de septiembre, recibió la primera orden de aprehensión en su contra (luego de haber recibido varios amparos) acusado de peculado y peculado electoral. Ninguno de esos delitos es considerado grave y podría recibir fianza. Pero el momento de la orden de aprehensión contra Romro Deschamps por su participación en el pemexgate, se fue dilatando para que prácticamente coincidiera con la sanción que anunciará el Instituto Federal Electoral en los próximos días contra el PAN (y muy probablemente el Partido Verde Ecologista) por el caso Amigos de Fox. Y un caso se terminará equilibrando con el otro. Para que la desproporción no fuera exagerada entre ambos actores, después del intento de desaforar a otro de los involucrados en el pemexgate, el senador Ricardo Aldana, se ha decidido dar marcha atrás y dejar avanzar ese proceso con calma y, probablemente en el 2006, cuando concluya el fuero del dirigente petrolero, habrá tiempo de decidir si cometió algún delito o no. Por supuesto, a pesar de todo lo que se ha dicho y publicado, las acciones penales en contra de los principales dirigentes de Amigos de Fox, como Lino Korrodi o Carlos Rojas Magnon brillan por su ausencia.
Mientras eso ocurre en el PRD, con muchos esfuerzos, están tratando de tapar, internamente, su propio escándalo. El hecho es que si se asume que el partido del sol azteca, como lo han denunciado muchos de sus propios dirigentes, se sobreendeudó por una cantidad superior a los 600 millones de pesos en la pasada campaña electoral, en los hechos tendría que haber rebasado ampliamente sus límites de campaña autorizados por el IFE. Por eso, en la pasada reunión de la dirección nacional se redujo la cifra a unos 350 millones, para tratar de compatibilizarla con los gastos autorizados y esperando que las autoridades electorales no realicen una investigación al respecto. El punto está en que ninguno de los adversarios del perredismo ha decidido realizar la denuncia, aunque el caso podría ser investigado de oficio por el IFE. Pero éste se encuentra en renovación y apenas si podrá con el caso Amigos de Fox. Pero los datos ahí están y pueden acarrearle un fuerte dolor de la cabeza a Leonel Godoy y su gente si alguien decide, legalmente, investigar cuentas y, simplemente, contabilizar acreedores.
Pero la vía ilegítima de gastar más de lo autorizado en las campañas parece haberse generalizado. El Instituto Electoral del DF, a través de su comisión de fiscalización que encabeza Eduardo Huchim, decidió tomar dos sanciones ejemplificadoras. Primero, el IEDF decidió anular la elección de la delegación Miguel Hidalgo en la capital del país (una de las más importantes, donde se encuentra la residencia oficial de Los Pinos) y con ello anular el triunfo del panista Fernando Aboitiz. La sanción fue más allá, para la futura elección extraordinaria en esa demarcación se prohibió la participación no sólo de Aboitiz sino también de su partido, el PAN. El partido en el poder apeló ante el Tribunal Elelctoral del Poder Judicial de la Federación la sanción, pero parece inevitable que éste la refrende.
Paradójicamente, el líder del PAN en el DF, José Luis Luege, en lugar de ser por lo menos apercibido por no haber sabido controlar esa operación ilegal en su partido, fue promovido por el presidente Fox a la procuraduría del medio ambiente. Pero ayer mismo, el propio IEDF, anunció que el principal rival de Aboitiz, el neoperredista Agustín Barrios Gómez, también rebasó sus gastos de campaña en la Miguel Hidalgo, en por lo menos 490 mil pesos: la cifra podría haber sido mucho mayor porque el PRD capitalino, lisa y llanamente, decidió no entregar más información de gastos al IEDF. Si la lógica impera, Barrios Gómez y el PRD tendrían, también, que ser sancionados como el PAN y Aboitiz, y ninguno de ellos podría participar en la elección extraordinaria. El hecho es que los dos principales partidos de la capital del país (el PRD y el PAN) fueron sancionados por graves delitos electorales en la Miguel Hidalgo…y no pasó nada: habrá un delegado interino y luego elecciones extraordinarias y a otra cosa.
Todos estos días, ha estado en el centro del debate el caso del cardenal Sandoval Iñiguez y la investigación de la que está siendo objeto. Y se ha manipulado ese debate entremezclando dos historias que son esencialmente diferentes aunque se deriven de un mismo hecho. Los acusadores del cardenal hablan de la relación de éste y de un círculo de colaboradores con personajes que podrían estar ligados, en unos casos al narcotráfico, en otros al lavado de dinero y a aspectos ilegales de la industria del juego. El sentido de la acusación no parece ir en la lógica del enriquecimiento personal del cardenal (quién sabe de alguno de sus allegados) sino de la recepción de las llamadas narcolimosnas, las donaciones de los hombres y mujeres del narcotráfico a la iglesia con las obvias relaciones peligrosas que de allí se derivan. Esa es una acusación, ese es el sentido de la investigación que se está llevando a cabo y que deberá la justicia definir si tiene o no fundamento.
Pero el cardenal Sandoval y su círculo cercano, simplemente se niega a que exista tal investigación o quiere que concluya en un plazo perentorio, diez, quince días. Argumentan que se los investiga para no investigar el asesinato del cardenal Posadas en 1993. Y hay quien respalda, incluso desde posiciones progresistas, esa posición. Es un grave error: del asesinato del cardenal Posadas se desprenden innumerables hilos e investigaciones. La razón misma del asesinato; la participación en los hechos de los Arellano Félix y del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán; la relación del cardenal Posadas con el poder y con el ex presidente Salinas; su propia labor como obispo de Tijuana antes de arribar a Guadalajara y los aportes realizados por los Arellano a distintas obras eclesiásticas en aquella entidad; la negociación de la reforma iglesia-Estado en la que Posadas fue una pieza clave; las actividades del ahora cardenal Sandoval Iñiguez por esos años como obispo coadjutor en Ciudad Juárez; la virtual guerra interna entre los más poderosos hombres de la iglesia católica en México, desde el enfrentamiento entre los ex nuncios Girolamo Prigione y Justo Mullor hasta el actual de los cardenales Sandoval y Norberto Rivera. Todo esas historias y muchas más tienen hilos que parten del asesinato del cardenal Posadas. Pero si cada vez que se quiera investigar una de esas historias, se usará como parapeto, en uno u otro sentido, el asesinato del cardenal, lo único que se obtiene es enturbiar aún más el ambiente político y, simultáneamente, otorgarle una suerte de licencia de impunidad a todos los de una u otra forma involucrados en las mismas. En última instancia, eso fue lo que expidió el presidente Fox aceptando la reunión privada con el cardenal Sandoval en su rancho, el fin de semana pasado. El hecho es que ninguno pagará por sus delitos: ni Romero Deschamps, ni Aldana, ni Korrodi y demás Amigos, ni Aboitiz, ni Barrios Gómez, ni los amigos del cardenal ni quienes mataron a Posadas. La justicia, en síntesis, puede ser negociada.
La posición de Góngora
Con relación a nuestra columna de ayer sobre "la guerra del 2006 en la Corte" nos llamó, cortés como siempre, el ministro de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, para hacer dos aclaraciones. Dice el ex presidente de la Corte que en el caso de la suspensión de la instalación del consejo para la transparencia y la información del DF, lo que dio fue una suspensión por apariencia de buen derecho, en otras palabras, que en una primera visión del caso, le pareció que esa suspensión estaba justificada y que le corresponderá al ministro Juventino Castro tomar la determinación de fondo sobre el caso. Dice que sí se ha reunido en varias oportunidades con Andrés Manuel López Obrador y que sí ha declarado que es su amigo, pero que no se puede considerar la suya con el jefe de gobierno como una amistad cercana, de tal forma que le impida conocer de asuntos que involucran al jefe de gobierno.