Ayer, platicando con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, John D. Negroponte, le pregunté al funcionario estadounidense. Si la Iniciativa Mérida era un mecanismo que fuera en el camino de una mayor integración de México con Estados Unidos, como una suerte de capítulo adicional de ese TLC plus del que tanto se ha hablado y que no se sabe por dónde transitará. Negroponte fue muy cauteloso, y dijo que los temas debían tratarse por separado, pero dejó entrever lo evidente: todos los capítulos deben negociarse por separado pero al final el resultado debería ser una mayor integración regional.
Ayer, platicando con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, John D. Negroponte, le pregunté al funcionario estadounidense, sin duda quien mejor conoce en los altos niveles del gobierno de su país lo que sucede en México, si la Iniciativa Mérida era un mecanismo que fuera en el camino de una mayor integración de México con Estados Unidos, como una suerte de capítulo adicional de ese TLC plus del que tanto se ha hablado y que no se sabe por dónde transitará. Negroponte fue muy cauteloso, y dijo que los temas debían tratarse por separado, pero dejó entrever lo evidente: todos los capítulos deben negociarse por separado pero al final el resultado debería ser una mayor integración regional.
En ese sentido la Iniciativa Mérida es clave porque establece una serie de apoyos y mecanismos que deben ser precisados con justeza para evitar la desinformación y la divulgación de datos falsos sobre la misma. En última instancia no deja de ser significativo que mientras algunos de nuestros legisladores y medios se muestran tan confusos a la hora de analizar el tema, la gente lo perciba con mucha mayor claridad: para el 68 por ciento de los encuestados por Ulises Beltrán y Asociados, la iniciativa debe ser apoyada para garantizar una mayor seguridad y combatir el narcotráfico (que sigue apareciendo como la mayor preocupación de la sociedad), salvo, con toda razón, la intervención de tropas estadounidenses en nuestro territorio, lo que incluso tiene hasta un tercio de aceptación entre los encuestados.
En torno a la Iniciativa Mérida, lo cierto es que existen demasiados mitos y pocos datos duros. Ni habrá tropas o agentes encubiertos ni tampoco dinero en efectivo. La iniciativa es un programa de colaboración que ha sido preparado con base en las necesidades bilaterales y las exigencias de México para poder cumplirlas, incluyendo las demandas propias en términos de garantizar nuestra seguridad. Tenemos una copia del documento que fue entregado al congreso estadounidense (y también al mexicano) desglosando todos y cada uno de los capítulos de la Iniciativa Mérida y ello es un reflejo del grado de cooperación que se puede establecer pero, también, de nuestras deficiencias actuales. El documento está clasificado como “sensible pero desclasificado” y es del departamento de Estado, emitido el 24 de octubre pasado a las 12.38 PM.
En los hechos la Iniciativa comprende cuatro grandes programas: el de combate al narcotráfico, que con 306 millones de dólares para el 2008, se quedaría con el 61.26 por ciento de los recursos; el de seguridad pública y procuración de justicia, que recibiría poco más de 56 millones de dólares, el 11.22 por ciento del total. El programa de fortalecimiento de instituciones y procuración de justicia que obtendría casi 101 millones de dólares, el 20.12 por ciento del total; y el denominado de apoyo a programas, con 37 millones y el 7.4 por ciento del total de los recursos propuestos para el año próximo.
¿Qué incluye cada uno de estos programas? El primero es el de combate al narcotráfico y seguridad fronteriza, con varios capítulos. El más importante es el del combate al narcotráfico en sí mismo, que recibirá unos 208 millones de dólares. Esos recursos se destinarán, en su mayor parte a la secretaría de la Defensa (205 millones 500 mil dólares) para la compra de helicópteros de transporte, entrenamiento, mantenimiento y equipo de visión nocturna, además de escaners de iones, con el objetivo de dar respuesta rápida y tener equipos portátiles para detectar drogas. La secretaría de la Marina, para la compra de aeronaves de vigilancia y patrullaje marítimo recibirá cien millones de dólares en equipo, mientras que la PGR dos millones 800 mil dólares para la renovación y equipamiento de dos aviones Citation. Otra partida importante es la destinada a seguridad de puertos, aeropuertos y fronteras, para lo que se destinarán poco más de 90 millones de dólares: el Instituto Nacional de Migración recibirá unos 31 millones, destinados a equipo e infraestructura de computación, para un mayor control en la frontera sur, para expandir y modernizar la base de datos, la digitalización de permisos de migración y equipo y entrenamiento para misiones de rescate y seguridad en las fronteras. La secretaría de Comunicaciones y Transportes recibirá 25 millones 300 mil dólares para mejorar el sistema de vigilancia e inspección del servicio postal; para expandir y modernizar un sistema satelital seguro, incluyendo las comunicaciones de toda el área de seguridad. En ese capítulo habrá recursos, además, para combatir el tráfico de personas y para el adiestramiento de perros que puedan detectar drogas y mercancías ilícitas.
En el ámbito de tecnología operacional, el Cisen recibirá casi 8 millones de dólares, destinados a expandir sus bases de datos, su red de comunicaciones seguras y su equipo operativo.
Al segundo gran capítulo de seguridad pública y procuración de justicia se destinarán, poco más de 56 millones de dólares: la mayor parte para la prevención del crimen y la modernización policial, casi 41 millones. De ellos, unos 30 millones irán a la secretaría de Seguridad Pública Federal y la PFP, básicamente en equipos de inspección de rayos gamma, de rayos equis y entrenamiento de 90 equipos de manejadores caninos para inspecciones antinarcóticos. La PGR recibirá 6 millones para vehículos blindados, chalecos antibalas y equipo para proteger a sus investigadores. La Unidad de Inteligencia Financiera, recibirá 5 millones para infraestructura segura y software de análisis de datos.
Habrá recursos para las instituciones destinadas a reducir la demanda de drogas y el tratamiento de adictos: poco más de 15 millones de dólares. Pero uno de los capítulos más importantes y que tendrá mayores recursos será el de fortalecimiento de instituciones y procuración de justicia. Lo desglosaremos mañana.