Fuera de sus capítulos eminentemente de seguridad, uno de los aspectos más exitosos que ha tenido la colaboración de Colombia con Estados Unidos, durante el gobierno de Alvaro Uribe, un programa que se ha trabajado también en otros países de la región, es el apoyo para la reforma de los sistemas e instituciones de procuración de justicia. Nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, no es ningún secreto decirlo, es por lo menos endeble y cuanto más se baja en el escalón judicial, más débil se torna.
Fuera de sus capítulos eminentemente de seguridad, uno de los aspectos más exitosos que ha tenido la colaboración de Colombia con Estados Unidos, durante el gobierno de Alvaro Uribe, un programa que se ha trabajado también en otros países de la región, es el apoyo para la reforma de los sistemas e instituciones de procuración de justicia. Nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, no es ningún secreto decirlo, es por lo menos endeble y cuanto más se baja en el escalón judicial, más débil se torna. El sistema está rebasado y, como está configurado actualmente, no sirve para atender los grandes casos pero tampoco los pequeños. Paradójicamente, las cárceles están llenas pero los delitos castigados son un porcentaje mínimo del total y los procesos penales pueden ser tan tortuosos como largos. Y justicia que no es oportuna no es tal. Sin olvidar el espacio para la corrupción que deja un sistema de esas características.
Buena parte de la insistencia en la reforma judicial y en la implementación de los juicios orales se basa en la necesidad de reformar esa estructura. En Colombia uno de los mayores éxitos de los últimos años ha sido la reforma del sistema judicial, que aún no ha concluido ni mucho menos, pero que ha permitido contar con un sistema más eficiente, más expedito y más cercano a la sociedad (existen, nos ha tocado visitarlas, unas unidades en algunas áreas metropolitanas que han conjuntado en las mismas instalaciones, oficinas de todas las dependencias involucradas en la impartición de justicia, de forma tal que las denuncias, sobre todo las más cercanas a la población, puedan procesar literalmente en horas, lo que permite un accionar casi inmediato de las fuerzas de seguridad locales y esos casos suelen terminar en tribunales orales que hacen expedita también sus resoluciones).
Pues bien, uno de los capítulos más importantes de la Iniciativa Mérida se relaciona con la justicia: se destinan para ello poco más de 100 millones 600 mil dólares, más del 20 por ciento del total. La gran mayoría es para mejorar el sistema de justicia penal, unos 85 millones 600 mil dólares, y de esa cantidad, la mayor parte, casi 61 millones, es para mejorar el sistema de procuración de justicia, sobre todo para la capacitación: hay partidas muy importantes para administración de juzgados y capacitación en el procesamiento de presuntos responsables (15 millones); para asistencia técnica, entrenamiento y equipo para el sistema carcelario (3 millones), para fortalecer las unidades judiciales encargadas de pandillas, crimen organizado y lavado de dinero (2 millones). Para profesionalización policial hay 4 millones 500 mil dólares. Para protección de testigos y víctimas, y compensación de daños, dos millones y medio de dólares. Otros dos millones para entrenamiento en procesos de extradición y 28 millones de dólares para el llamado proyecto Constanza, que es un sistema informático para agilizar y coordinar todos los procesos judiciales federales.
En otro capítulo se consideran 5 millones de dólares para los laboratorios forenses de la PGR y casi 20 millones de dólares para todos los programas de recolección y análisis de datos. Estamos hablando de sistemas informáticos que sirvan para el seguimiento de procesos e investigaciones, apoyando todo el sistema de administración de casos de la PGR y a los ministerios públicos (se destinan para ello 13 millones de dólares) y la reconstrucción completa de la estructura de bases de datos, para el centro de análisis de datos e inteligencia de la PGR (con apoyo por 5 millones de dólares, incluyendo otro millón 750 mil dólares para el mantenimiento de ese equipo durante dos años).
En el rubro de anticorrupción, transparencia y derechos humanos, se destinan 15 millones de dólares que se utilizarán para desarrollar mecanismos que generen un procedimiento expedito y con la supervisión apropiada para responder a las quejas de los ciudadanos. Habrá dos millones de dólares para establecer una capacidad poligráfica “robusta” en la SSP, extendiendo los exámenes de control de confianza a la totalidad de la policía federal. Para ampliar la cultura de la legalidad se destinarán 500 mil dólares y casi 7 millones de dólares para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema. Ello incluye un centro de denuncias ciudadanas de la PGR (dos millones y medio de dólares), la reingeniería de los sistemas de recursos financieros y humanos (otros dos millones y medio) y el fortalecimiento de los órganos internos de control de la PGR y la SSP (dos millones).
Finalmente se destinarán 3 y medio millones de dólares para promover los derechos humanos a través de la promoción de una reforma al sistema de justicia y otros dos millones para establecer mecanismos extrajudiciales de solución de controversias basados en el arbitraje y la mediación.
Por último se destinan 37 millones para el apoyo técnico, o sea la operación en todos los sentidos, de todos los programas incluidos en la Iniciativa Mérida.
Se trata de una suma de programas, muchos de los cuales estaban ya en curso o planteados pero que se encontraban desperdigados, en manos de distintas dependencias y en ocasiones sin recursos para poder sacarlos adelante. El apoyo estadounidense a los mismos no superaba los 20 millones de dólares. En todo caso, lo que se debe recordar es que habrá ahora un programa de 500 millones de dólares para el 2008 (de un total de mil 400 millones de dólares en tres años, una cantidad acordada con el gobierno mexicano que no es superior porque, literalmente, no hay posibilidades de absorber una cantidad mayor de equipo, infraestructura y entrenamiento en nuestro propio sistema de seguridad y justicia) en el que no se involucrarán ni dinero ni tropas o agentes, pero sí equipos, información e inteligencia. Y eso es lo que se necesita en el ámbito de la seguridad.