Escondido entre las miles de páginas del presupuesto, un capítulo resulta central y confirma el triunfo de los gobernadores en la negociación por los recursos públicos. Se estipula en el documento aprobado en la madrugada de ayer que el Ejecutivo federal “no puede castigar con recortes” ni siquiera en caso de incumplimiento de metas o falta de información a los estados en las obras públicas financiadas con recursos federales.
Escondido entre las miles de páginas del presupuesto, un capítulo resulta central y confirma el triunfo de los gobernadores en la negociación por los recursos públicos. Se estipula en el documento aprobado en la madrugada de ayer que el Ejecutivo federal “no puede castigar con recortes” ni siquiera en caso de incumplimiento de metas o falta de información a los estados en las obras públicas financiadas con recursos federales.
Traducido al español: la secretaría de Hacienda está obligada a entregar los recursos de infraestructura a los estados, recursos que este año sumarán 52 mil millones de pesos, según lo que ha sido calendarizado en el propio presupuesto, y no puede restringir esos recursos o suspenderlos aunque no se haga la obra en cuestión, no se tengan informes sobre su desarrollo o esté suspendida o rezagada. Cuando haya obras que sean inviables (se suelen presupuestar caminos, sobre todo, que no tienen estudios de factibilidad o que a la hora de comenzar a trabajar se descubre que no existen derechos de vía) la secretaría de Hacienda estará obligada a entregar de todas formas los recursos a los gobiernos estatales los cuales podrán aplicarlos en “otras obras”.
¿Quiénes decidirán las reglas de operación de los programas federales de obras en los distintos estados?. Ya no el poder ejecutivo federal sino los comités de planeación de los estados que dependen directamente de los gobernadores y que en todo caso, si existieran conflictos, tendrán que ponerse de acuerdo con las comisiones de la cámara de diputados. El ejecutivo ya no podrá decidir qué reglas de operación existen para sacar adelante esas obras.
Esto significa también que desde el primer día del año los gobiernos estatales tendrán que recibir los recursos que estén programados para obras aunque no cuenten con el respaldo de la secretaría de Hacienda o tengan sus obras objeciones de la Auditoría Superior de la Federación. E insistimos, sólo en infraestructura carretera, este año se destinarán a esos programas 52 mil millones de pesos. La mayor parte de esos recursos serán manejados por los estados, recordando además que un tercio de las entidades federativas del país renovarán autoridades en el 2010. Las cifras son más significativas aún porque este año, sólo de las obras de infraestructura carretera que tenían a su cargo los gobiernos estatales, el 70 por ciento no se realizó, porque la secretaría de Hacienda no les entregó los recursos porque no se habían entregado estudios de factibilidad, ambientales y de sustentabilidad.
Si antes de iniciar la negociación presupuestal se habló de establecer controles al gasto de los gobiernos estatales, como lo recomendó la Auditoría Superior de la Federación, hoy eso es palabra muerta: los gobernadores todos, los priistas, los panistas y los perredistas, los buenos, los malos y los feos, gozarán a partir del primero de enero de un grado de autonomía mucho mayor a la actual, que ya era muy amplia, en materia de recursos. Y eso se traduce en mayores espacios de poder. Pensando en el 2012, por ejemplo, ello representa una enorme ventaja para mandatarios como Enrique Peña y Marcelo Ebrard y una desventaja para el PAN que no parece contar con algún gobernador con capacidad de competir electoralmente en el plano nacional (y hará, para cualquier precandidato de cualquier partido, cada vez más importante contar, en forma prioritaria, con el apoyo de un grupo de gobernadores).
Este enorme margen de operación de los gobernadores va acompañado en el presupuesto por una mínima reducción de los gastos de operación de los partidos y sólo en el terreno federal (de los recursos que reciben de los estados no hay ninguna reducción), ya que al IFE sólo se le redujo un 6 por ciento de su gasto de operación, de donde salen las prerrogativas partidarias: no es una cifra menor, son unos 8 mil 600 millones de pesos. Entonces tendremos en el escenario electoral del 2010 partidos con dirigencias fuertes y con recursos, y gobernadores con un muy amplio margen de maniobra y más recursos aún, con el centro del poder ubicado, progresivamente en las entidades federativas y sus mandatarios.
Y debemos insistir en un punto: el diseño institucional del sistema político se torna así cada vez más desequilibrado, menos operativo, ya que al no haber instancias que puedan cohesionar esos 32 centros de poder autónomos, que asumen las atribuciones federales pero no sus responsabilidades, tarde o temprano nos encontraremos con graves problemas de gobernabilidad. El sistema tiene que tener equilibrios entre los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno. Hoy no cuenta con ellos.