Creo que el senado ha ganado un tema en la opinión pública, impulsando una iniciativa que, en la percepción de la clase política y los medios, se percibe como un acierto cuando en realidad es un grave error. Me refiero a la ley de seguridad nacional aprobada en la cámara alta el martes y que habrá que ver si hoy puede salir en la cámara de diputados.
Creo que el senado ha ganado un tema en la opinión pública, impulsando una iniciativa que, en la percepción de la clase política y los medios, se percibe como un acierto cuando en realidad es un grave error. Me refiero a la ley de seguridad nacional aprobada en la cámara alta el martes y que habrá que ver si hoy puede salir en la cámara de diputados.
Lo primero que llamó la atención fue la casi unanimidad con que se votó la nueva ley en Xicoténcatl: 105 votos contra uno. Así lo reflejaron los medios: mis amigos de Milenio dijeron en su cabeza principal que hubo “105 votos a favor del ejército, uno en contra”. Dos queridos amigos y grandes analistas, uno en Excélsior, otro en el periódico que dirige, La Razón, Francisco Garfias y Pablo Hiriart hablan, el primero, de la sonrisa que debería tener el general Galván por la aprobación de esta ley. Pablo asegura que no se le ponen limitaciones al ejército, sino a los políticos que lo quieren utilizar. Y quizás todos tienen una parte de razón, pero me temo que esta nueva ley debe ser analizada desde otro ángulo.
Es verdad: con las nuevas disposiciones se le quita al presidente de la república la posibilidad de implantar el estado de excepción o suspender garantías individuales; se colocan candados de todo tipo para acotar la presencia militar; incluso se establece que el ejército no puede ser utilizado para reprimir movimientos sociales. Y queda pendiente el tema del fuero que será abordado en septiembre con una iniciativa del ley que establecerá que ciertos delitos que pudieran cometer militares en funciones de seguridad sean juzgados en tribunales civiles, aunque ayer mismo estaba a debate otra ley que propone que los militares que se involucren con la delincuencia organizada tampoco fueran juzgados en tribunales militares sino civiles. En los operativos que se realicen, los militares tendrán que ir acompañados por miembros de la CNDH y las aprehensiones las tendrá que realizar personal civil. Y como la gran cereza del pastel, como decíamos esta misma semana, ya no podrá ser el presidente el que ordene la movilización del ejército en una situación crítica sino los gobernadores o congresos locales que presentarán una solicitud al consejo de seguridad pública quien informará al congreso el cual revisará la petición y la enviará a su vez al ejecutivo federal para que la ponga en marcha. Todas las intervenciones tendrán un tiempo definido.
Es una ley políticamente correcta, pero será un desastre en términos operativos, porque no está basada en nuestra realidad. Primero, con esta ley, en los hechos se quita al ejército de las labores de seguridad pública. Perfecto. ¿Por quién será reemplazado?. Porque el ejército no está ahí por el capricho de algún político: en los hechos cumple esas funciones por lo menos desde 1994, la presencia militar en seguridad pública no es algo que haya comenzado con la administración Calderón. Lo cierto es que los legisladores aprobaron esta ley sin haber sacado adelante lo que hubiera permitido construir este andamiaje legal alternativo que es la construcción de una policía federal única, algo que ya han desechado, o la creación de 32 policías estatales que estén obligatoriamente coordinadas por su mando federal. Pero eso tampoco lo han aprobado a pesar de las propuestas del secretario García Luna y de la propia Conago. Sin una poderosa fuerza de policía, se va a extrañar enormemente la labor militar. Con 30 mil elementos de la Policía Federal se pueden hacer operativos como el de Luz y Fuerza, se puede establecer el nuevo modelo estratégico en Juárez, se puede contar con un centro muy moderno de inteligencia e información, pero no se puede ocupar todo el territorio nacional.
Ya hemos hablado en otras oportunidades del mecanismo diseñado para que desde los gobernadores o congresos locales se pida la intervención militar. Es el mecanismo menos operativo que se pudieron imaginar los legisladores. Es una forma de recortar las facultades y atribuciones presidenciales y aumentar la de los gobernadores y eso podrá estar bien o mal, pero a la hora de analizar sus consecuencias operativas será un desastre: no se puede burocratizar esa toma de decisiones. Otro punto, si se respeta la letra de la ley, el ejército no hubiera podido intervenir en Chiapas en 1994 o en Oaxaca en 1996 ni tampoco enfrentar hoy a grupos armados si éstos son entendidos como movimientos sociales. ¿Realmente pensaron los legisladores las consecuencias de haber establecido esos candados?
Insisto en un punto, la ley es políticamente correcta. Pero lo irresponsable es haber establecido todo este andamiaje sin haber analizado y mucho menos construido la plataforma legal y las instituciones policales y civiles que deberán reemplazar el actual esfuerzo militar.