17-02-14 Lo escribimos para el número especial Punto de Quiebre 2014, que publicaron el New York Times y Excélsior a principios de este año, y debemos reiterarlo ante las iniciativas de, en los hechos, la legalización de la marihuana presentados esta semana en la Asamblea Legislativa del DF, iniciativas muy respetables pero mal planteadas, que pueden hacer mayores los problemas que las soluciones que buscan otorgar, iniciativas que más que despenalizar el consumo, legalizan el narcomenudeo. Es, insistimos, un enfoque equivocado. Este es el texto al que hacemos referencia.
No es lo mismo despenalizar que legalizar el uso de drogas. Despenalizar implica no castigar a quien utiliza ciertas drogas prohibidas si no ha cometido delitos adicionales, asumiendo que el consumo es una decisión individual y cuando hablamos además de adictos a una determinada sustancia, estamos hablando de personas que requieren tratamiento y atención y no penas corporales. Legalizar es otra cosa: es declarar la legalidad de la producción, venta y consumo de una droga determinada. Implica no sólo no castigar a un consumidor sino aceptar ese producto libremente en el mercado. Eso es lo que ha decidido hacer, por ejemplo, el estado de Colorado desde el pasado primero de enero o lo que aprobó el senado de Uruguay días atrás.
La tendencia en la mayoría de los países es a despenalizar el consumo de drogas y tratar a sus consumidores, si lo son, como adictos. La legalización es mucho más controvertida, y son muy pocas las naciones que han incursionado en esa vía. Sin embargo, existe una fuerte tendencia en la opinión pública que opina que la legalización de las drogas (básicamente de la marihuana) es un camino que puede allanar muchos de los problemas que se presentan en torno a las drogas, sobre todo desarticularía las estructuras del crimen organizado que obtienen precisamente sus enormes utilidades del tráfico de sustancias que, teniendo amplio consumo, son ilegales.
En el plano teórico el principio es inatacable. En la realidad es mucho más difícil de concretar. Es muy temprano para conocer los resultados sociales y sobre todo en relación con la seguridad de los pocos experimentos de legalización. En todos los lugares donde se legaliza total o parcialmente en consumo de la marihuana se asume que, por lo menos en un primer periodo, habrá un aumento de consumo y por ende de adicciones (insistiendo en que consumo no es sinónimo de adicción) y por lo tanto también en los gastos derivados de la salud pública. Habrá que analizar qué sucede en esos países en la agenda social, pero de lo que no hay dudas es de que la legalización de drogas como la marihuana no acaba con el crimen organizado ni tampoco con la violencia derivada de éste.
En el 2013 ha habido una reducción en la cifra de muertos derivada de la violencia generada por el narcotráfico en México pero los números siguen siendo escandalosamente altos. Aproximadamente 900 muertos al mes, una cifra que muestra disminuciones en ciudades como Juárez o la periferia de Monterrey pero que tiene incrementos importantes en Michoacán o Guerrero. Esa violencia está relacionada con la venta de drogas pero sin duda la trasciende. La verdadera lucha en Michoacán, por ejemplo, se da por el control de las rutas y la producción de drogas sintéticas, no de marihuana. Por Lázaro Cárdenas (y por Manzanillo) penetran los precursores químicos para la producción de drogas sintéticas y desde allí suben hacia Apatzingan y se distribuyen hacia la Tierra Caliente, hacia Jalisco y el estado de México, Colima y Guanajuato, donde hay laboratorios, rutas, caminos para llevar las drogas sintéticas al mercado. La violencia por controlar territorios va asociada con otro fenómeno que es el que más lastima a la sociedad: el secuestro, la extorsión, el robo.
Legalizar la marihuana no desmontará esos grupos, no le quitará sus principales recursos a los traficantes y tampoco reducirá la violencia. La inseguridad que sufrimos está relacionada con problemas estructurales reales: desde la ausencia de policías eficientes hasta la corrupción pública, desde un sistema educativo en crisis hasta un sistema de justicia que deja impune el 93 por ciento de los delitos denunciados. Sobre esos grandes temas se debe trabajar si se quiere recuperar la seguridad y hacer que la justicia funcione.
Se requieren policías, ministerios públicos, jueces, eficientes. Mejor educación y acceso a la salud, menos desigualdad y pobreza. Nada de eso se logrará legalizando la marihuana, mucho menos las otras drogas. Quizás esa legalización como experimento social puede contemplarse y sacarse adelante en ciertos ámbitos, en ciertos espacios, pero en el México de hoy lo único que logrará será agudizar los de por sí muy graves problemas que vivimos.
Hasta ahí el texto de enero pasado. Como bien dijo Miguel Mancera, la legalización de la marihuana en el DF debe ser una decisión de salud pública, y no he visto ni a uno de los grandes especialistas médicos sobre el tema en el país, impulsando, hoy, esa medida.