Decía Churchill que “con el espíritu sucede lo mismo que con el estómago: sólo puede confiársele aquello que pueda digerir”. La encuesta de Ulises Beltrán que publicó el lunes Excélsior muestra que la aceptación del gobierno del presidente Peña Nieto aumentó desde los muy bajos índices de noviembre pasado pero sigue estando por debajo de la media y es menor a los índices de descontento con su gestión.
¿En qué falla la apreciación de la gestión presidencial?. Sobre todo en un punto: la economía, y también en algunos estados en la seguridad. La reforma fiscal ha tenido un costo muy alto para la popularidad presidencial y la inseguridad cotidiana (los robos, secuestros, asaltos) en zonas como el estado de México también han tenido un precio para la gestión gubernamental. Pero sobre todo la gente siente que no tiene dinero en el bolsillo, que no lo va a tener el día de mañana y no está teniendo confianza en que lo vaya a tener en el futuro.
Las reformas constitucionales del año pasado son una base de cambio para el futuro del país, pero lo que la gente siente es que la mayoría de los aspectos positivos se concentran en propuestas que nunca se concretan porque, sencillamente no hay leyes secundarias que las regulen. Si se implementan bien, más temprano que tarde, con esas reformas bajará el precio de la luz y el gas, también el del acceso a las telecomunicaciones; si existen leyes claras habrá inversiones millonarias que podrán cambiar la vida de muchas personas. Pero hasta ahora todo eso sólo existe en el papel. La gente siente que se habla de grandes cambios pero lo que sabe es que paga más impuestos, que la economía no crece y tampoco los empleos.
Se puede argumentar, y es verdad, que en buena medida las oposiciones, como viene ocurriendo desde 1997, salvo el periodo de acuerdos constitucionales del año pasado, bloquean las iniciativas del ejecutivo en turno que no tiene mayorías suficientes para avanzar en sus programas. Lo ocurrido en el periodo ordinario que hoy concluye es claro al respecto. Pero también es desconcertante la pasividad con que desde el gobierno federal y el PRI se toma esa situación como si fuera una suerte de destino manifiesto.
Las mismas encuestas a las que hacíamos referencia, señalan con claridad en qué se dan los principales índices de aprobación presidencial y pasan por las acciones que el propio gobierno ha tomado: en su momento la detención de Elba Esther Gordillo, la detención del Chapo Guzmán y decisiones como la excelente operación que se ha llevado a cabo en Michoacán para acabar con los Templarios y sus nexos políticos y económicos. Son todas decisiones propias, operaciones que marcan rumbo sin tener que negociarlo con otros actores. Donde hay, particularmente en el caso Michoacán, voz, debate, presencia. Hay gobierno y se ejerce, en síntesis.
Los acuerdos son imprescindibles en política pero en muchas ocasiones también lo son establecer las diferencias, dar el debate. Como decíamos ayer, Alfonso Cuarón está equivocado en descalificar la reforma energética, pero tiene todo el derecho del mundo a cuestionar sobre ella al presidente y a quien sea. Pero en su mismo interrogatorio, Cuarón toca el punto que probablemente más le importa a la gente en el día a día: ¿cuándo, con esa reforma, van a bajar los precios del gas, la electricidad, la gasolina?. No es un invento opositor: fue publicidad gubernamental la que estableció ese compromiso. Pero al ritmo en que van las cosas, con una reforma energética que quién sabe para cuando será aprobada, poder establecer esa respuesta con certidumbre es cada vez más difícil y salvo que se subsidien esos servicios obtener esos beneficios será cada vez a más largo plazo. No en vano López Obrador está haciendo campaña en cuanto mitin se encuentra pidiéndole a la gente que guarde su recibo de luz y que compruebe el año próximo si pagó más o menos por la energía que consume.
Se podrá argumentar que es demagógico, pero políticamente es irreprochable. Como lo sería que el gobierno buscara fórmulas para poder cumplir con ese compromiso sin esperar el largo plazo.
El gobierno federal y el PRI deben mostrar un perfil propio mucho más definido. Y eso va de la mano con una capacidad de debate que hoy no parece existir y que en el PRI llega a niveles alarmantes. Se presenta un programa de infraestructura de casi ocho billones de pesos y nadie sale a defenderlo y más aún, a implementar medidas de inmediato. Es más, no parece existir la convicción de que en determinadas circunstancias un gobierno tiene que tratar de construir sus propias mayorías legislativas, políticas y sociales, sin contar, necesariamente, con sus opositores.
Se puede hacer: lo que se está haciendo en Michoacán es una demostración de que las cosas se pueden cambiar. Pero pareciera que en el congreso, en la economía, en el día a día, no se quiere dar la pelea.
Jorge Fernández Menéndez