27-06-2017 No nos engañemos: lo que estamos presenciando es un deterioro grave de la estructura de seguridad. El sistema de seguridad recibe cada día más presiones, no sólo del crimen organizado sino también de la delincuencia común, está llegando a su límite y no se toma ninguna de las decisiones que están pendientes desde hace años para atajar el problema.
Los más de 20 asesinatos en Veracruz en 24 horas, incluyendo el del coordinador de la Policía Federal, Camilo Castagné y otros dos mandos de esa corporación; el asesinato de cuatro menores en Coatzacoalcos; la muerte la semana pasada de los agentes de la policía ministerial emboscados en Guerrero; la violencia y el acoso que sufren las fuerzas de seguridad en varias zonas del país, desde Sinaloa hasta Tamaulipas, pasando por Chihuahua; la gravedad de la situación de inseguridad en el estado de México, en Michoacán y en Colima, convertido en el estado con mayor número de asesinatos por cápita en el país; el deterioro de algunas de las regiones que hasta hace poco se consideraba seguras; está demostrando que el sistema está rebasado, no da más de sí.
Los estados no están interesados en desarrollar fuerzas de seguridad propias que tengan capacidad de contener el crimen en cada una de las entidades: han recibido con ese objetivo en lo que va del sexenio más de 9 mil millones de pesos y prácticamente no hemos visto avances en ninguna entidad, e incluso donde los había, como en Nuevo León o en Tijuana estamos ante una regresión preocupante. Sólo la policía de la ciudad de México, que encabeza Hiram Almeida, y unas pocas otras como las de Mérida y Yucatán (municipal y estatal), o la de León, parecen realmente capacitadas para asumir los desafíos locales. Casi todo lo demás es zona de desastre. En Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se confrontó con las fuerzas militares en marzo pasado, la participación militar en la entidad ha disminuido y la violencia se ha disparado. Los penales en Ciudad Victoria y en Reynosa, en Tamaulipas, pero también en Nuevo León y en otras partes del país, parecen jauja, con sistemas inconcebibles de autogobierno. Lo de Topo Chico sería una comedia sino fuera una tragedia. Insistimos ¿si no se puede controlar un penal donde las condiciones se prestan a tener un control exhaustivo y se decide dejar a los reclusos con el mando del mismo con la excusa del autogobierno, cómo se puede controlar la seguridad de un estado?
Pero ese no es solamente el problema: la enorme mayoría de los gobernadores reconoce el problema, acepta que se requieren reformas legales para avanzar en el sistemade seguridad, pero no presionan a sus legisladores para que los aprueben: la ley de seguridad interior lleva tres sexenios de rezago, la de mando policial se arrastra del sexenio anterior. En el camino se debaten o se proponenFrankenstein legislativos que van a complicar más el problema que resolverlo (y no porque no haya iniciativas completas y realistas, sino porque se las desecha y no se las dictamina, ahí están en la congeladora).
El ejército y la marina dedican, a pesar de que no son protegidos legalmente como correspondería por los legisladores, casi un tercio de sus elementos a la seguridad interior. Están ya en el límite operativo. No hablemos de la Policía Federal, que en este sexenio no ha aumentado sus elementos y sufrió una merma en algunas de sus capacidades como ocurrió a inicio del sexenio con Plataforma México.
La aplicación del nuevo sistema de justicia penal tampoco ha ayudado. No es la única razón del aumento de la delincuencia y de los ajustes de cuentas, pero es una realidad que decenas de miles de delincuentes han terminado en la calle por “faltas al debido proceso”, porque los jueces son demasiado garantistas o porque la determinación de que la portación de armas no genera automáticamente prisión ha dejado a innumerables delincuentes en libertad, desde rateros hasta sicarios del crimen organizado.
Muchos parecen preocupadísimos por los derechos de algunos delincuentes o por comprobar si se respetaron estrictamente los de las sicarios de Tanhuato o de los huachicoleros de Puebla, pero no vemos casi reacción alguna por el asesinato, el secuestro, la desaparición de integrantes de las fuerzas de seguridad. Súmele a eso la apología de la violencia y el narcotráfico de series con tan malas como con tanta difusión como Ingobernable o El Chapo, y tendrá la tormenta perfecta que propicia, fomenta y alimenta la inseguridad.
Por supuesto que los gobernantes de todos los niveles son los principales responsables de la misma, al igual que legisladores y jueces que no cumplen con su función, con partidos y grupos que han preferido ideologizar y politizar la lucha por la seguridad en lugar de comprender que sin un esfuerzo nacional, real, completo, no sólo no saldremos de este hoyo, sino que, como en las arenas movedizas, cuanto más nos movamos más nos vamos a hundir.