26-07-2017 El sepelio de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, jefe del llamado cártel de Tláhuac, expuso públicamente en la Ciudad de México algo que es cotidiano en muchas partes del país: la existencia de una amplia base social del crimen organizado. Y esa debe ser, más allá de los nombres de los principales capos abatidos o detenidos, la mayor preocupación de las autoridades.
Cientos de personas acompañaron los restos de El Ojos al panteón de San Lorenzo Tezonco, sus sicarios y colaboradores formaron cinturones de seguridad, impidieron el paso de reporteros y fotógrafos o de toda persona desconocida e incluso se dieron el lujo de enfrentarse con los policías que habían sido desplazados a la zona para, ellos también, revisar a los asistentes al sepelio, ya que el día anterior, en el velorio en la colonia La Nopalera, fue evidente que muchos de quienes fueron a presentarle sus respetos a El Ojos, iban armados. Como halcones se movilizaron cientos de conductores de mototaxis, un servicio que suma cinco mil conductores en la zona, que no cuenta con autorización alguna de las autoridades y que es manejado por uno de los hermanos del delegado Rigoberto Salgado.
Lo que vimos este fin de semana en la capital lo hemos visto antes en muchas ocasiones en Sinaloa, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Guerrero: delincuentes brutales que son vitoreados por sus fieles, cuyo número trasciende en mucho al de sus bandas delictivas. Lo vemos en Puebla con el apoyo social a los huachicoleros, que han convencido a las comunidades de que como los ductos de Pemex pasan bajo sus tierras, ellos tienen derecho a saquearlos. Lo vemos en Guerrero, donde hay miles de plantíos de amapola donde trabajan miles de campesinos a los que los delincuentes les dicen que si las tierras son suyas, ellos pueden sembrar lo que quieran en ellas y nadie tiene derecho a prohibírselo. Lo vimos con las autodefensas en Michoacán, que argumentaban que tenían el derecho de levantarse en armas(o incluso de impedir detenciones, como hizo recientemente un grupo manejado por José Mireles) porque defendían sus tierras y propiedades de grupos del narcotráfico, ocultando que muchos de ellos eran financiados por los narcotraficantes rivales.
Cuando nos preguntamos cómo puede ser que las cifras de muertos sigan aumentando mes con mes y que junio pasado haya sido el mes más violento de los últimos 20 años, tenemos que regresar a esa realidad: hay miles de muertos porque hay cientos de miles, o quizás millones de personas involucradas de una u otra manera en el crimen organizado, cuyas bandas se disputan territorios, rutas, mercados, se matan entre sí y extorsionan, secuestran y matan a quienes son sus rivales o simplemente no son los suyos.
Cuando nos preguntamos por qué a pesar de que decenas de los principales jefes del narcotráfico son detenidos o abatidos, siempre aparecen quienes los reemplazan, es por esa presencia social. Porque siempre habrá quien esté dispuesto a ocupar ese lugar, esa es la cantera inagotable del crimen.
Los partidos y muchos políticos y funcionarios, lo saben y por eso terminan coqueteando con la base social del crimen. Es vergonzoso que Morena y López Obrador, que tanto hablan de honestidad valiente, no hayan dicho una palabra e incluso hayan salido en defensa del delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado, sujeto a innumerables sospechas sobre su relación con la banda del Ojos y tanto él como sus hermanos encargados de muchos de los negocios y operaciones políticas más oscuras de Morena. Cómo olvidar que el actual delegado fue el jefe de seguridad pública de Tláhuac que en noviembre de 2004, cuando eran linchados y quemados vivos tres miembros de la Policía Federal, llegó al lugar de los hechos con sus elementos y decidió retirarse dejando la vida de los policías en manos de la turba.
Pero no es sólo un problema de Morena. Los partidos, todos, llevan años sin aprobar leyes imprescindibles para garantizar la seguridad como las del modelo policial y de seguridad interior. En los estados, salvo honrosas excepciones, no se hace esfuerzo alguno (pese a que reciben miles de millones de pesos con ese fin) para crear fuerzas de seguridad propias, y en muchas ocasiones no lo hacen porque no quieren asumir el costo de enfrentarse con los criminales y con esa base social. Las fuerzas federales no tienen el apoyo social que requieren en esa responsabilidad: es vergonzoso que criminales como El Ojos, tengan un acompañamiento social en sus sepelios que jamás hemos visto para ninguno de los soldados, marinos o policías asesinados por esos criminales. O que tantas y tan sospechosas organizaciones humanitarias estén tan preocupadas por los derechos del peor de los criminales cuando no les preocupan, en lo más mínimo, los derechos de quienes defienden a la sociedad de esos criminales.
¿Cómo acabar con la base social del crimen? ¿cómorecuperar el tejido social deshecho? Ese, más que cualquier otro, es el principal desafío de la seguridad pública en nuestro país.