17-10-2017 La presión para que Raúl Cervantes no continuara como procurador general de la república era ya, desde hace meses, insostenible. También era injusta, pocos personajes públicos tenían un perfil más apropiado para encabezar la nueva fiscalía general de la república, no sólo por su experiencia sino también porque fue uno de los principales responsables de su creación, participó en todo el diseño legislativo de la fiscalía y fue pieza fundamental en la creación de los puentes políticos que permitieron su creación.
No es una especulación: fue lo que le reconocieron los partidos políticos en el senado, primero cuando Cervantes dejó esa posición durante unos meses y más tarde cuando fue designado procurador general de la república (su nombramiento fue aprobado con 83 votos a favor y tres en contra), sabiendo todos que ese cargo le permitía llegar en forma automática al frente de la nueva fiscalía.
Lo que cambió es que, como suele ocurrir, Ricardo Anaya, quien desde la cámara de diputados había aprobado e incluso era quien había enviado al ejecutivo para su publicación el transitorio de la Constitución que le permitía a Cervantes ser fiscal, rompió los acuerdos que habían permitido realizar esa reforma constitucional, en pos de otros nuevos acuerdos que le permitieran ser candidato presidencial. Así nació lo del “fiscal carnal”, íntimamente ligado con las aspiraciones de otros grupos y personajes “ciudadanos” que, en algunos casos están buscando que el Frente se decante por una candidatura apartidaría y que por otra quieren hacer suya la fiscalía anticorrupción, distinta y con diferentes responsabilidades que la general de la república, algo que para la mayoría de la gente simplemente es difícil de comprender porque desde esos sectores se habla de las dos como si fueran lo mismo.
Incluso el argumento que siempre se presentó para que Cervantes no fuera fiscal general fue que “no investigaría la corrupción de este gobierno” (de ahí lo de “fiscal carnal”) sin explicar ni comprender jamás que, simplemente, no le correspondería hacerlo al fiscal general sino al fiscal anticorrupción. Esas mismas fuerzas han impedido que se aprobara la iniciativa que presentó hace ya un año el presidente Peña para que no se diera el pase automático de procurador a fiscal sino que se votara en el senado por mayoría. Pero ahora esos grupos, que son parte de los que aprobaron la reforma constitucional que creó la fiscalía general y todo su entramado constitucional, dicen que ya quieren otra cosa, otra fiscalía, peligrosamente parecida a la que ha llevado a un caos político a Brasil y a Guatemala.
La ruptura ya se dio y la presión ha logrado sacar del camino, con un argumento falso, a Raúl Cervantes, quien hay que decirlo, había actuado de manera irreprochable al frente de la PGR. Ahora bien ¿qué viene? Primero, lo que plantea el propio Cervantes en su renuncia: sacar una agenda legislativa que los dirigentes partidarios unido en el Frente han congelado. Allí hay de todo, desde la ley de seguridad interior hasta la de mandos policiales, está el paquete económico 2018 y varios otros temas que se han ido acumulando en los últimos meses y años. Si el obstáculo para ello era Cervantes, ya no está, a ver si ahora sí Anaya y sus coordinadores parlamentarios levantan el bloqueo legislativo.
Por otra parte, el senado tendrá que elegir de una terna que envíe el ejecutivo, al nuevo procurador general que, mientras no se cambien las leyes, pudiera ser también el próximo fiscal general. Al frente de la PGR queda Alberto Elías Beltrán, un funcionario con amplia carrera, en la justicia y en la PGR, y en las áreas de la Hacienda. El PRI, con sus aliados y con los senadores panistas que han roto con Anaya, tiene los votos suficientes (teóricamente le faltarían sólo tres) para sacar al nuevo procurador o fiscal por mayoría. Se ha estirado tanto la liga que no sería descabellada una salida de este tipo.
Mientras tanto la corrupción, real o supuesta, sigue siendo un instrumento de lucha política feroz, como decíamos apenas ayer. Ya se habla, en una acción francamente irracional, de crear una comisión legislativa que investigue a Anaya, al presidente del PRI, Enrique Ochoa, a la del PRD, Alejandra Barrales y al de Morena, Andrés Manuel López Obrador. No creo que ninguno de ellos sea impoluto, pero más allá de eso es absurdo investigar desde una comisión legislativa, o sea desde sus partidos, a sus propios dirigentes. Eso puede llamarse propaganda, publicidad, proselitismo, lo que quieran, pero no justicia.
Para castigar la corrupción está la justicia (pero no “la república de los jueces” como la que impera en Brasil), misma que en buena medida está paralizada por esos desacuerdos, traiciones y venganzas. En última instancia, como recordó el propio Cervantes en su renuncia, con la nueva Fiscalía General serán los fiscales o Ministerios Públicos quienes decidirán si procede o no el ejercicio de una acción penal, con lo que “se podrá brindar en nuestro país justicia a una sociedad agraviada por denuncias que en muchos casos no avanzan”.