23-01-2018 La primera propuesta sobre seguridad pública que no es una simple ocurrencia de campaña es la que presentó ayer en Durango, José Antonio Meade. No está completa, pero tiene capítulos esenciales en cualquier esfuerzo serio, real, de retomar el control de la seguridad en el país.
Meade propuso reformar las leyes de extinción de dominio, para poder quitarle recursos y dinero a los delincuentes y a sus operadores en forma mucho más eficaz que ahora, y romper con el tráfico de armas; un esquema de capacitación policial homogéneo en todo el país; la homologación de penas en todos los estados; mecanismos de prevención del delito y un sistema de identificación criminal eficiente y actualizado.
Lo importante en esto es el tema de la extinción de dominio. Lo decíamos hace unos días en relación al Chapo Guzmán. A un año de su extradición a los Estados Unidos y después de todo lo que se ha hablado sobre la fortuna del Chapo (Trump llegó a decir que con los recursos que le quitarían al jefe del cártel de Sinaloa se pagaría el Muro en la frontera), lo cierto es que no se le ha quitado ni un dólar, ni a él ni a sus familiares. Hay narcotraficantes como Osiel Cárdenas o como el hijo de Dámaso López, El Mini Lic, que se han aceptado culpables ante la justicia estadounidense y han acordado el pago de multas millonarias pero nadie sabe con cuánto se quedaron sus testaferros y familiares. La ley Kipling que congela las operaciones de personas relacionadas con narcotraficantes y que prohíbe realizar operaciones en Estados Unidos, es eficiente en algunos casos, pero tampoco le termina quitando el dinero a los narcotraficantes.
En México se habla de cifras astronómicas (y en muchas ocasiones irreales) sobre los recursos del narcotráfico, pero lo que se incauta es dinero que es encontrado en la frontera o en algún operativo: migajas del flujo real de dinero que genera el crimen organizado. El mejor ejemplo es el de Zhenli Ye Gon, un operador relativamente menor que llegó a tener en su casa de las Lomas 206 millones de dólares en efectivo. Eso fue incautado aunque Ye Gon aún lo está disputando legalmente pero entonces ¿dónde están los recursos de los grandes capos?
Una y otra vez, existen decisiones judiciales que le regresan a los propios narcotraficantes o a sus familiares, propiedades y recursos que les fueron resguardados. Recuerdo hace años el caso de el Mayo Zambada, cuando se le incautó un enorme rancho lechero, en El Salado si no me equivoco, cerca de Culiacán, que tenía hasta isla privada dentro de un lago artificial. Pasaron los años y esa y muchas otras propiedades se le terminaron regresando a su familia, porque no se había acreditado la propiedad de las mismas a nombre del Mayo. Algo similar ha pasado con Caro Quintero, con el propio Chapo Guzmán, con todos los narcotraficantes importantes. En esa lógica, perder la libertad para que sus familias queden aseguradas económicamente (en ocasiones por mucho más que una generación) suena como un negocio atractivo.
Como no se corta el flujo de propiedades y dinero tampoco se puede cortar el de las armas, agudizado por la permisividad en la venta de armas largas en todos los Estados Unidos. Como dijo ayer Meade, el armamento que tiene hoy el crimen organizado es equivalente, en número, al que tiene un ejército como el argentino o el colombiano. Si no se estrangula la entrada de dinero al narco no se podrá estrangular la entrada de armas. Y para eso es imprescindible modificar las leyes de extinción de dominio como se propuso ayer pero también reformar el nuevo sistema de justicia penal: desde que entró en operación el nuevo sistema de justicia más de 50 mil criminales con antecedentes por delitos graves o portación de armas, incluso de guerra, han quedado libres. Ejemplos sobran: todos los sicarios que eran custodias del mini Lic y que fueron detenidos en Tláhuac, incluyendo su jefe, fueron dejados en libertad en 48 horas. El sistema de identificación criminal que propone Meade necesita de esa otra reforma para ser eficiente.
Por supuesto que se debe hacer más, mucho más, pero estamos hablando de propuestas serias, no de una ocurrencia como aquella de una amnistía a los narcotraficantes. Uno de los políticos más cercanos a Andrés Manuel López Obrador me decía que con base al nuevo sistema de justicia penal y a la presunción de inocencia que el mismo establece, la amnistía sería un mecanismo coherente. No es así: la amnistía lo único que garantiza es impunidad y por lo tanto la repetición del ciclo, que es exactamente lo que ahora ocurre y se debe impedir. Un ciclo que se alimenta de dinero y armas.
Chapulines
Todo mundo tiene derecho a cambiar su visión de las cosas y por ende de partido y candidato, pero también hay que tener un mínimo de coherencia. ¿Qué hace Gabriela Cuevas en Morena? ¿Cómo pueden lanzar como candidatos a Fausto Vallejo y a su hijo? ¿Cuánto costó en el draft político la incorporación de Cuauhtémoc Blanco? ¿y René Fujiwara y Fernando González ya olvidaron que ellos y Elba Esther, su abuela y suegra, era la personificación de “la mafia del poder”?. Un mínimo de coherencia, por favor.