17-10-2019 Hace algunos años, en una entrevista con Carlos Salinas de Gortari, le decía al ex presidente que ejercer la presidencia en su época era diferente a la actual, por los poderes metaconstitucionales que tenía un mandatario. Salinas sonrió y me dijo que él no veía que se hubiera cambiado una letra de las atribuciones presidenciales en la Constitución, que el poder presidencial se ejercía o se renunciaba a hacerlo. Sé que pocas cosas molestan más al presidente López Obrador que compararlo con su antítesis Salinas de Gortri, pero sin duda el actual mandatario sabe, y así lo demuestra, que las atribuciones presidenciales van mucho más allá de la letra legal y dependen de la fuerza y la voluntad con la que se ejercen.
Esta semana en el congreso, el gobierno de López Obrador ha hecho una indudable demostración de poder. Con la ley de revocación de mandato y la de consulta popular, aprobada en el senado, y la nueva ley que se ha llamado antifactureros, pero que va muchísimo más allá de castigar la expedición de facturas falsas, aprobada en la cámara de diputados, el gobierno federal cuenta ya con todas las armas políticas claves que se propuso tener para diseñar el futuro del país. Todas las iniciativas que el presidente López Obrador se propuso sacar hace once meses, son hoy, con modificaciones muy menores, letra legal y constitucional. Para sacar adelante esta agenda de cambio político y legal han sido decisivos algunos funcionarios como el consejero jurídico Julio Scherer y en el congreso los coordinadores de Morena, Mario Delgado y Ricardo Monreal.
La ley de revocación de mandato y la de consulta popular, que logró convertirse en el senado en norma constitucional, tuvo el apoyo de los opositores con modificaciones que pueden ser importantes respecto a lo que se había planteado originalmente, sobre todo que la fecha de la consulta no fuera simultánea con las elecciones intermedias, o que “consultas” patitio, como las implementadas en estos meses para temas tan delicados como la construcción del nuevo aeropuerto o la ampliación de mandato en Baja California, no tuvieran implicaciones legales. Pero cumple con el sentido último que buscaba el gobierno federal: un sistema que trascendieran los tiempos y los espacios de los poderes constituidos. Su idea de una democracia iliberal pasa en buena medida por esos instrumentos. Y ya cuenta con ellos.
La ley antifactureros, como decíamos, va muchísimo más allá. El gobierno federal, como también lo había adelantado, no le cambió ni una coma a la iniciativa, pese a la oposición de partidos, empresarios y analistas. Primero,porque, a diferencia de la revocación de mandato y consulta popular, no necesitaba negociar con la oposición, y segundo porque si bien es un instrumento que será muy útil para combatir el crimen organizado, es un arma que puede ser utilizada con discrecionalidad contra cualquier adversario. Cuando el presidente López Obrador dice que el poder político está por encima del económico, lo demuestra con acciones como la promulgación de esta ley. Es un acto de poder.
Pero al mismo tiempo que se aprobaba la agenda legislativa central del presidente, también se deshacían de otros obstáculos. La caída de Romero Deschamps, lo decíamos ayer, demuestra el poder del Estado frente a un poder fáctico y corporativo, busca la recuperación del pleno control de Pemex y el desmantelamiento de una fuente de financimiento de sus opositores. En la misma línea se puede leer la detención de Juan Collado, reafirmada con los decomisos de su fortuna en España, o la salida de Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son símbolos, pero también espacios de poder que se van ocupando progresivamente al tiempo que se desmontan los de sus adversarios.
El gobierno lleva ya casi un año en el poder, cuenta con todos los instrumentos legales y políticos que consideró necesarios, con una mayoría legislativa amplia. El pasado ya no puede ser excusa. A once meses de iniciado su gobierno, la agenda de la transición y el cambio de régimen que propuso López Obrador prácticamente se ha concretado. Ahí están sus cimientos. Ahora viene la construcción con dos capítulos fundamentales pendientes: el crecimiento económico y la seguridad.
El primero, ronda en un raquítico 0.3 por ciento. La política de seguridad demostró en estos días, con Aguililla, Acámbaro e Iguala que las bases de la misma están erradas. Y que en ello no hay políticas de seguridad “conservadoras” o “liberales”, sino estrategias eficientes o no. Y las aplicadas están siendo notoriamente ineficientes.