17-12-2019 Ese festival de declaraciones y anécdotas en que se ha convertido la conferencia mañanera, provoca que funcionarios contagiados del mismo espíritu terminen diciendo barbaridades que les hubieran indignado hace apenas año y medio cuando eran oposición.
Comencemos por las declaraciones del propio presidente López Obrador en la conferencia de ayer. Ahora resulta que los acuerdos del TMEC implementados por Estados Unidos que impondrán inspectores laborales y ambientales en México son una suma de iniciativas “clandestinas”, según dijo el presidente. Lo único clandestino aquí fue la negociación final, donde Jesús Seade negoció con las autoridades estadounidenses sin dejarse acompañar ni por otros funcionarios del gobierno, mucho menos por empresarios de la mesa de junto o senadores.
Con las prisas no se sabe si el presidente López Obrador y su equipo leyeron completo el acuerdo que firmaron, obviamente tampoco lo revisaron a fondo los senadores que se apresuraron a probarlo en una sesión fast track. En cuanto se aprobó el tratado en México, la Casa Blanca envió a su congreso el resumen ejecutivo del Tratado donde dice con toda claridad que habrá “agregados” en las representaciones estadounidenses en México para vigilar que se cumplan las normas laborales y ambientales incluidas en el propio Tratado. Incluso ayer se difundió que esos agregados (la palabra es más precisa que inspectores) operarían a través de líneas tipo hot line, donde los trabajadores podrían hacer denuncias de centros laborales que no cumplen con sus obligaciones y a partir de allí se harían las investigaciones y las denuncias correspondientes.
No hay que ser adivino para presagiar el caos que se puede desatar en las relaciones laborales, empresariales y diplomáticas. Se puede calificar de muchas maneras esta imposición que aceptaron las autoridades o que les endilgaron a nuestros negociadores, pero lo cierto es que nada de esto es clandestino. Lo único clandestino, hay que insistir en ello, y por eso ahora la confusión y la desconfianza, fue la etapa final de la negociación.
Dice Regino Montes, quien funge como director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que en la consulta realizada entre las comunidades sobre el Tren Maya hubo “un consenso generalizado unánime” para la construcción del proyecto presidencial. Dejemos de lado la suma de contradicciones que implica que haya un “consenso generalizado unánime”. Pero si es verdad lo que dijo Montes y se realizaron 15 asambleas, con 4 mil 800 autoridades indígenas de mil 78 comunidades, resulta un poco inverosímil que haya un “consenso generalizado unánime”. ¿Todos estuvieron de acuerdo? ¿A poco las comunidades zapatistas por donde va a pasar el tren le dieron su caluroso apoyo y participaron de las consultas?. Por esas “unanimidades” la gente no cree en las consultas y éstas terminan convirtiéndose, paradójicamente, en un instrumento autoritario.
Mientras tanto, Ricardo Rodríguez que dirige el rimbombante Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que antes se llamaba en forma mucho más republicana Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, declaró sin dudarlo que si la Fiscalía General de la República lo pide, “se subastarán los bienes propiedad de Genaro García Luna”. Más allá de la opinión que usted tenga de García Luna, lo cierto es que no ha sido juzgado ni mucho menos declarado culpable, hoy apenas se realizará en Dallas la vista judicial para decidir si va o no a juicio y si puede seguirlo en libertad o no. En México no hay ningún proceso judicial en contra de García Luna, incluso el congelamiento de sus cuentas en nuestro país sin orden judicial alguna es, en esta lógica, una violación a la legalidad.
Pero la publicidad oficial ya ha hecho a García Luna culpable, condenado y ya hay funcionarios que se quieren apresurar a subastar sus bienes. Ni siquiera entienden que el arma que se usó en Estados Unidos contra García Luna la próxima vez que se accione será en contra de quienes ahora festinan su presunta caída.
Por cierto, cómo se entiende que Estados Unidos esté liberando luego de apenas 7 años de prisión, gracias a su participación como testigo protegido, a Sergio Villareal El Grande, uno de los principales sicarios y operadores del cártel de los Beltrán Leyva, extraditado a la Unión Americana en 2012. Menos se explica aún que la FGR no haya solicitado su detención con fines de extradición (¿o ya ha sido enviado de regreso a México y camina por aquí tranquilo y libre?), siendo, como es, uno de los narcotraficantes más violentos de los últimos años.