28-05-2020 El regreso a la nueva normalidad es caótico, con una ensalada de cifras donde los datos se manejan de acuerdo a la necesidad política del momento. Ni siquiera se tiene el cuidado necesario, el respeto mínimo, con el índice de letalidad y el número de víctimas mortales de la enfermedad.
Pero el problema va más allá. Hemos insistido en que vivimos una crisis sanitaria, económica y de seguridad, pero también que estamos en los albores de una crisis institucional. Y el mal manejo de las cifras, de la información, la ausencia de prácticas de gobierno, está creando una distancia cada vez mayor entre el gobierno federal y los gobernadores (que se suma a la distancia con los legisladores, los partidos de oposición e incluso Morena, con los empresarios y los medios) que se refleja con toda claridad en esa comedia de enredos en que se ha convertido la utilización del semáforo sanitario para abrir o no actividades en los estados y municipios y en qué medida hacerlo.
Hace una semana, el Presidente dijo que cada estado y municipio estaría en su derecho a avanzar en esa apertura como lo considerara oportuno, que la Federación establecía normas comunes que ellos debían aplicar con base a su realidad. Luego la secretaría de salud anunció, en el marco de los intentos de reapertura, que se establecía el famoso semáforo que entrará en operación este lunes, con la intención de que se entrara a la nueva normalidad el primero de junio. Los gobernadores se apresuraron a establecer sus propios semáforos y fechas de acuerdo con su realidad. Y prácticamente ninguno está dispuesto a abrir el primero de junio, aunque existen fuertes discrepancias entre ellos mismos y entre cada estado y la federación, respecto a abrir o no actividades consideradas esenciales (e incluso muchas otras que no son consideradas así, pero que lo son, como, por ejemplo, el turismo).
El lunes en una conferencia virtual con gobernadores, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que habría un solo semáforo, el federal, y que todos los estados se tendrían que regir por él. Argumentó que esas medidas las implementa el Consejo General de Salubridad durante la emergencia y esa era una decisión del Consejo.
Más allá de que nadie sabe muy bien cuántas veces y cómo se ha reunido ese Consejo que ha lucido por su ausencia en toda la emergencia, lo cierto es que los gobernadores destacaron algo en lo que tienen razón: las características de cada estado e incluso de regiones de cada estado, son diferentes y se deben tomar en cuenta, aunque al final existan consideraciones globales en algunas cadenas productivas, como la automotriz, que no pueden ignorarse.
El problema de fondo en todo esto es que durante toda la emergencia sanitaria no hubo un mando coordinado con una política única y con interlocución cotidiana con todo mundo. Es tal la confusión existente que, al mismo tiempo que se dice que el semáforo está en rojo, que no se reabrirán actividades, el presidente López Obrador ya anunció que el martes estará de gira para iniciar las obras del tren maya y que irá a Quintana Roo, donde por lo menos, hasta el momento de escribir estas líneas, no se autorizaba la reapertura del turismo y estaban en semáforo rojo.
El problema de fondo, que se puso de manifiesto con el tema del semáforo, es que no existe una instancia política que se encargue de la relación con los gobernadores, los presidentes municipales, el congreso, los empresarios y los medios. Para eso estaba, en el pasado, la secretaría de Gobernación y, en algunos casos, en la relación con los empresarios, la secretaría de Economía o la de Hacienda. Hoy nadie sabe a qué se dedican.
El caso de la secretaría de Gobernación es particularmente delicado porque esa función no la cubre oficialmente ninguna instancia en el gobierno federal. ¿Cómo coordinarse con los gobernadores para la reapertura si nadie se coordinó con ellos para atender la pandemia?. Y ni siquiera es un tema de los gobernadores de oposición: pocos han sido tan distantes de la posición del gobierno federal como los gobernadores morenistas de Puebla o Baja California, el de Veracruz está desaparecido, y Sheimbaum en la ciudad de México, lisa y llanamente sigue su agenda y el consejo de su gente (en ocasiones más coherente que el de los especialistas del gobierno federal).
Todo el poder está concentrado en Palacio Nacional, en una sola oficina y en una sola voz, a la que le gusta mucho más hablar que más escuchar. Ese es el problema, que se convierte en una falla del modelo institucional.