1-06-2020 En la dinámica de la emergencia sanitaria, en realidad desde mucho antes, pero en forma más marcada en esta etapa, uno de los capítulos que pueden ser muy costosos para el país es la apuesta por Donald Trump en los comicios de noviembre en la Unión Americana. No sólo porque Trump tiene posibilidades muy altas de perder las elecciones, sino también porque en la lógica trumpiana, en la medida en que se acerquen los comicios y vea perder su ventaja se lanzará a la búsqueda de enemigos: ya los está haciendo con China e increíblemente con la Organización Mundial de la Salud y no tardará en mirar hacia lo que él considera su patio trasero.
Uno de los temas más delicados en este sentido, es el que mantiene la empresa mexicana El Sardinero SA de CV con el régimen de Maduro. En 2016, el régimen venezolano lanzó el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que consiste en la venta subsidiada de bolsas o cajas de alimentos que son entregados mensualmente a sectores de la población afines el gobierno. El programa fue encabezado por Freddy Bernal, un ex policía y ex alcalde de Caracas muy cercano a Chávez. Bernal también está señalado como uno de los jefes de los grupos de autodefensa del chavismo y según la DEA es parte del cártel de los Soles, una organización criminal integrada por narcotraficantes colombianos, ex miembros de las FARC y el ELN, y dirigida por funcionarios del gobierno de Maduro y mandos militares de ese país.
Desde hace años, el sector productivo de Venezuela está destrozado, sobre todo el agroalimentario, incapaz de poder, como se proponía el régimen, ser autosuficiente con la población. En ese contexto, para surtir a los CLAP, el régimen de Maduro decidió asociarse con un grupo de empresas mexicanas para que desde México les enviaran los paquetes de comida lista para la distribución entre las bases sociales del chavismo.
La principal de esas empresas resultó ser El Sardinero, que ya tenía una larga y amplia relación de negocios con el chavismo desde el 2009, en donde la práctica normal era la venta de productos con sobreprecio para elevar las utilidades. En los acuerdos participaron los empresarios colombianos Alex Saab y Alvaro Pulido, que serían los intermediarios entre El Sardinero y sus distintas filiales con el gobierno de Maduro. Esos personajes también operaban otro negocio: el del narcotráfico asociados con grupos provenientes de las FARC y el ELN. Pero no era sólo droga o lavado de dinero, también esos grupos con sus aliados en el gobierno venezolano, se involucraron ilegalmente en la minería y según denuncias presentadas por la oposición venezolana, Saab es el responsable de la exportación ilegal de oro y otros minerales, como el coltán, desde Venezuela. En 2018, fueron incautadas 46 barras de oro en Aruba en un navío que se dirigía a Dubai, que fueron exportadas por el ELN, a través de una empresa de Saab.
Según investigaciones de la DEA, diversas empresas que participan en el CLAP, entre ellas El Sardinero Es Servicio SA de CV, son las que se encargan de transportar en América Latina, el dinero obtenido de la venta de drogas proveniente de Colombia y que viaja de regreso en contenedores de la empresas desde y hacia Costa Rica.
En 2017 se descubrió que las despensas que enviaba El Sardinero a Venezuela se vendían a sobre precio y que los productos enviados eran de mala calidad, lo que provocó un escándalo internacional. Desde entonces, la venta de esos productos fue asumida por una subsidiaria de El Sardinero, llamada Surtipractic Sa de CV, que también tiene amplios contratos con el gobierno del Estado de México. Las dos empresas tiene teléfonos comunes y los mismos apoderados legales.
Las sospechas de El Sardinero en el esquema de lavado de dinero venezolano iniciaron cuando un barco con contenedores destinados al CLAP hizo una escala en Puerto Limón, Costa Rica, en un muelle de la empresa estatal venezolana Alunasa, un comercializadora de aluminio. Según investigaciones de la DEA esas escalas se repitieron y servían, sobre todo, para lavar dinero desde Costa Rica. El dinero es descargado en los muelles de Alunasa y se invierte, vía bancos locales, en los Bancos Evrofinance Mosnarbank, Gazprombank y VTB, todos sancionados por el gobierno estadounidense. En el primero, el gobierno de Venezuela es propietario del 49 por ciento de las acciones, y el resto lo comparten las otras dos instituciones financieras. Ese dinero termina en las cuentas de Diosdado Cabello y Tarek Al Aissami, dos de los principales funcionarios del gobierno de Maduro y acusados de encabezar con otros funcionarios y militares el cártel de Los Soles. Un esquema que ya está, desde hace tiempo, en la mira del gobierno estadounidense. Y en la mira de Trump.