9-06-2020 La violencia se está desbordando en todas sus diferentes formas. El fin de semana estuvo marcado por manifestaciones realizadas por causas justas pero enturbiadas por evidentes provocaciones y hechos de violencia imposibles de ocultar o justificar.
Nada puede justificar la muerte de un detenido a manos de policías, posiblemente ministeriales, en Ixtlahuacan de los Membrillos, en Jalisco, como nada puede justificar la excesiva violencia de algunos manifestantes, escenificada en esa terrible escena donde uno de ellos rocía a un policía con gasolina y le enciente fuego.
Por supuesto que las movilizaciones en contra del racismo y de la violencia policiaca en Estados Unidos son plenamente compartibles, pero no se puede justificar un ataque (como bien lo calificó el embajador Christopher Landau) contra la embajada de Estados Unidos que pudo derivar en hechos mucho más graves, ni los perpetrados en contra de Casa Jalisco y todas las viviendas aledañas, con pintas infames contra los “blancos”, con amenazas que constituyen simplemente la otra cara del racismo que dicen denunciar. Como no se se justifica que una joven no pueda ser detenida sin recurrir a la fuerza excesiva como ocurrió.
No es coincidencia que el domingo haya sido el día más violento del año, 117 asesinatos al momento de escribir estas líneas, del año más violento del que se tenga recuento. Y el tema pasa, una y otra vez, por la impunidad, pero al mismo tiempo por la ausencia de instrumentos institucionales que permitan rescatar a la sociedad de la violencia cotidiana, la de todo tipo.
Se piden renuncias, se dan golpes de pecho, se hacen declaraciones y hay ofendidos y ofensores, pero nadie quiere asumir la verdadera responsabilidad de crear una verdadera estructura policial en el país. ¿Existe violencia policial en nuestro país? Por supuesto, es inocultable, tanto como la falta de un verdadero sistema de procuración de justicia en estados y municipios (las carencias federales son importantes, pero no tan notables como en el plano local). Pero la pregunta no es esa, sino cómo podríamos esperar otra cosa cuando no hemos construido las policías que la situación exige.
En los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto se intentó construir un modelo policial diferente, basado en los que era entonces la Policía Federal, con mandos lo más unificados posibles, con homologación de formación, carrera, manuales de operación y procedimiento, armamento. No hubo acuerdo político y no se pudo avanzar.
Hemos insistido mucho en el tema, pero vamos a reiterarlo: se necesita que por ley e incluso a nivel constitucional se establezca el modelo policial para toda la república. Debe haber una policía federal, el papel que está comenzando a jugar la Guardia Nacional, con capacidad de operación en todo el territorio, pero cada estado debe tener una policía homologada, con un mando lo más centralizado posible: el modelo de la policía capitalina o el de Yucatán, incluso la de Nuevo León, es muy claro al respecto. Con fuerzas policiales sin mandos concentrados y sin actuar en forma coordinada, no se puede avanzar. Crímenes como el de Iguala o el de Ixtlahuacan se dan todos los días porque a nivel local no hay control ni homologación. Todos los mandos policiales del país tendrían que ser certificados, por ley, ante una institución única y centralizada, y los que no lo tengan, deberían tener un mínimo periodo de formación para poder cumplir asumir responsabilidades en seguridad, de forma tal que un gobernador o un presidente municipal sí pueda nombrar su jefe de policía pero tendría que ser alguien que estuviera certificado y con controles de confianza realizados por esa institución especializada y centralizada.
De la misma forma que los integrantes de la Guardia Nacional saldrán de colegios militares, por lo menos en esta etapa de su formación, también tendrían que salir de una escuela policial federal, con réplicas si es necesario en los estados, los mandos y policías de nueva formación.
Todo eso tendría que ser acompañado por manuales de operación y equipos homologados. Más allá de que se preserven fuerzas municipales, los mandos estatales o federales deberían poder operar y mover fuerzas de acuerdo a las exigencias de cada lugar y momento. Y por supuesto todo esto debería ir acompañado de un proceso similar en las policías ministeriales.
Todo eso es caro: se requieren cambios legales, recursos y voluntad política, pero se puede lograr. Este es uno de esos capítulos en los cuáles, si se quieren resultados, se debe invertir: Colombia invierte hasta cuatro veces más que nosotros como proporción del PIB en la seguridad pública e interior. El problema es que llevamos ya quince años con el problema perfectamente diagnosticado y ningún actor político quiere comenzar a asumir su responsabilidad.