5-04-2021 Estoy convencido, lo hemos escrito aquí en muchas ocasiones, que el sistema electoral del país sufre una hipertrofia que lo hace cada día menos eficiente, con tantas restricciones que se convierten en el espacio idóneo para cualquier tipo de impugnación.
La reforma del 2007 fue, en ese y en otros sentidos, un retroceso, acentuado, mucho más, en la del 2013-14. Si la primera acotó libertades y espacios de participación de la ciudadanía, la segunda concentró el poder y los recursos en las dirigencias partidarias, y acumuló tal cantidad de responsabilidades en el INE y el TEPJF, que convirtieron un proceso que tendría que ser abierto, con un sistema liberal de participación, en un esquema rígido, donde las decisiones, de partidos e instituciones, se concentran cada vez más en unas pocas manos.
El sistema electoral y las normas que lo rigen debe ser cada vez más abiertos y con menos restricciones en todos los ámbitos. Hoy se han convertido en una trampa para buena parte de la ciudadanía, imposibilitada de participar y que, si tiene la decisión de hacerlo, debe enfrentar a cúpulas partidarias que concentran la decisión, el poder y el dinero. Hoy, salvo casos excepcionales, la única forma de participar en unas elecciones es a través de las cúpulas partidarias, aunque se tenga enorme distancia política respecto a ellas.
Esa reforma electoral es imperativa pero, al mismo tiempo, cada día más difícil de realizar, porque los partidos y las instituciones no quieren perder esos enormes espacios de poder.
Dicho esto, las normas, aunque estén hipertrofiadas y no cumplan cabalmente con las exigencias de la ciudadanía, deben ser respetadas para tener un mínimo de congruencia en el proceso. Las normas de sobrerepresentación electoral no tienen sentido en la coyuntura actual, no sólo deberían ceñirse al 8 por ciento máximo como lo establece la Constitución, simplemente no deberían existir: los diputados y senadores que debe tener cada partido se deberían ajustar exactamente al porcentaje de sus votos. Si la sobrerepresentación tuvo alguna razón de ser para generar mayor gobernabilidad durante la transición, hoy no sólo ha perdido toda utilidad sino que deforma groseramente el voto de la gente. Que la representación sea directa y acorde al voto estricto que reciba cada partido fue durante años el reclamo de una izquierda que hoy parece haberlo olvidado.
¿Se deben reformar las instituciones electorales?. Por supuesto, se le dieron tantas atribuciones al IFE, ahora INE, y al TEPJF en la reforma del sexenio pasado, que resultan imposibles de manejar sin una estructura que consume además muchos recursos, tanto como el que reciben, incrementado en forma automática en cada proceso electoral, los partidos políticos. Con un sistema mucho más abierto y sin tantas restricciones, se podría contar con un instituto electoral mucho más pequeño y funcional que no tenga porqué decidir temas absurdos como el contenido de los spots publicitarios o las formas de operación de cada partido.
Pero mientras esa sea la norma legal, una norma que los propios partidos, sobre todo los que estaban en la oposición, impusieron a las instituciones y a la ciudadanía, se la debe respetar. Ignorar ahora lo que propusieron, impusieron y aprobaron sería un retroceso aún mayor. En todo caso lo que hay que hacer, como en muchos otros sentidos, si no se está de acuerdo con ellas, es modificar las leyes y la Constitución, si se tiene los votos para ello, para adecuarlas a una sociedad que trasciende en mucho a los partidos. Mientras tanto la ley debe ser respetada.
La lucha interna de Morena y de otros partidos, se inscribe en esta lógica. El poder está en las manos de las dirigencias partidarias, no de sus militantes y menos aún de la gente. Es ilógico que el registro de nuevos partidos sea cada seis años, cuando en ese periodo de tiempo la realidad de un país (que mejor ejemplo que lo sucedido entre 2012 y 2018) puede cambiar radicalmente.
Pero los requisitos para cualquier nueva formación política, en lugar de aligerarse, se endurecen cada día más. ¿Por qué? Porque los partidos son financiados por dinero público con montos irracionales. Eso también pudo haber tenido en su origen sentido y permitió mayor equidad, pero hoy tanto ese financiamiento como todos los mecanismos de publicidad pública deben disminuir radicalmente. Puede haber algún recurso base para la operación de los partidos, pero después ellos mismos deberían financiarse (estableciendo normas y supervisando correctamente ese financiamiento) y pagar ellos mismos su operación y propaganda. Ahora bien, otra vez, contemplado todo esto, por lo pronto lo que se debe exigir es que las normas actuales, dentro y fuera de los partidos, se respeten.
Y finalmente, no puede haber tanta disparidad de criterios entre las instituciones electorales. La distancia entre el INE y el TEPJF puede ser enorme a la hora de interpretar la letra y el espíritu de las leyes. Pero eso también es responsabilidad de un sistema que es tan complejo, con tantas restricciones y tan cerrado que, paradójicamente, con su rigidez, se termina convirtiendo en el instrumento idóneo para la impugnación y el abuso.