8.12.2022
Comenzó, ahora sí oficialmente, el proceso de sucesión de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se han registrado para sucederlo cinco candidatos, dos mujeres y tres hombres: Yasmín Esquivel y Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynes y Alberto Pérez Dayán. Cualquiera de ellos podría desempeñar ese cargo con capacidad, honestidad y congruencia. Pero obviamente representan distintas líneas, tienen diferentes formas de acerarse tanto a la sociedad como a la justicia y ven el poder judicial de distinta manera, aunque a la hora de tomar de decisiones de fondo, la distancia no es tanta.
Los cinco pueden encabezar la Corte, pero creo que en el proceso interno finalmente quedarán Yasmín Esquivel y Gutiérrez Ortiz Mena porque expresan mejor los equilibrios de poder que giran en torno al poder judicial, dentro y fuera del mismo. Si se me preguntara hoy, a tres semanas de esa elección, quién tiene más posibilidades diría que la ministra Esquivel. Me parece una simplificación absoluta decir que es la favorita para quedarse en la Corte porque tiene mejor relación con el presidente López Obrador. Conozco muchas personas que han participado en los más altos niveles del poder judicial o en su entorno, muchos de ellos que no simpatizan en lo más mínimo con la 4T, que consideran que Esquivel está más que capacitada para encabezar esa instancia clave en la institucionalidad del país con autonomía e independencia. Insisto cualquiera de los otros cuatro ministros son capaces y competentes, pero estoy hablando de posibilidades y de coyunturas.
Hace cuatro años, a poco de asumir Arturo Zaldívar la presidencia de la Corte, tuve el honor de realizar la primera entrevista al ministro presidente ya en ese cargo. El haber sabido transitar en forma digna este periodo tan convulso, con un presidente tan intervencionista, en un contexto de debilidad institucional en los ámbitos relacionados con la justicia, habla bien de la gestión de Zaldívar. El poder judicial ha mantenido a nivel de la Corte su independencia y autonomía en medio de enormes presiones políticas.
En aquella entrevista, el ministro Zaldívar hablaba sobre un punto que es decisivo en la relación con este gobierno: el papel de la Suprema Corte ante el ejecutivo y los otros poderes, reales o fácticos, un tema que ha sido central en su desempeño en estos cuatro años y cuya línea, en ese sentido, debería mantenerse (y por eso mismo creo que tiene más posibilidades la ministra Esquivel de hacerlo y de sucederlo).
Nos decía Zaldívar hace ya casi cuatro años que “se ha pretendido, según lo que leo, que la Corte y el Presidente de la Corte jueguen el papel que deben jugar las oposiciones políticas. A la Suprema Corte no le toca ser la oposición al gobierno, ni a los jueces nos toca ser la oposición al gobierno, nos toca ser un poder equilibrador, que cuando alguna autoridad se exceda de sus funciones, lo corrijamos a través de nuestras sentencias, pero también nos toca generar gobernabilidad y un Poder Judicial que estuviera de manera consistente oponiéndose a decisiones de un gobierno, generaría inseguridad jurídica, generaría falta de gobernabilidad, afectaría el Estado de derecho. Eso no nos toca, la independencia judicial no implica ser opositor a un gobierno…
“Tenemos que ser autónomos, pero ser autónomos no quiere decir que entremos a la “arena política” a responder declaraciones del Presidente o jugar un papel que le toca a las oposiciones políticas, porque además, ahí perderíamos nuestra neutralidad política. La Corte tiene que ser neutral, tiene que ser el poder equilibrador, el gran árbitro de los conflictos constitucionales y el defensor de los derechos humanos de todas las personas…no es lo mismo si nosotros en este momento saliéramos a opinar si quitar los recursos a las estancias infantiles es correcto o no, eso no nos toca, nos toca resolver los conflictos constitucionales que tienen, muchos de ellos, contenido político, pero a través de un proceso en nuestra calidad de jueces…eso es lo que nosotros tenemos que resolver exclusivamente, que no es poca cosa, pero es una función distinta, porque tampoco quiere decir que la autonomía o la independencia del Poder Judicial implique que en todos los asuntos que lleguen tenemos que fallar en contra del gobierno, nosotros tenemos que ver que se respete la Constitución y cuando el gobierno tenga la razón se le dará, y cuando no la tenga se le dirá que se excedió, que se vulneró la Constitución, como lo ha venido haciendo la Corte en estos años”.
“El poder que tiene la Corte de anular leyes, de invalidar actos de gobierno, políticas públicas, del Legislativo o del Poder Ejecutivo, es de la mayor relevancia, concluyó Zaldívar aquella entrevista, y para poderlo hacer con legitimidad tenemos que ser muy cuidadosos de que no se pueda acusar a la Corte de que lo está haciendo por razones políticas, nosotros tenemos que ser absolutamente neutrales, tenemos nuestra propia ideología cada uno de nosotros, interpretamos la Constitución de diferentes maneras, pero siendo congruentes con esa visión tenemos que resolver los conflictos políticos, pero no subirnos a debatir, a discutir, a aclarar lo que se diga en otras esferas porque creo que esto desvirtúa nuestra función y al final del día pierden los justiciables, pierde la gente, pierde el país”.
Han pasado casi cuatro años, creo que en buena medida Zaldívar logró mantener esa línea que se propuso al inicio. Para quien llegue, el desafío sigue siendo el mismo.