A ocho años de la fuga del Chapo
Columna

A ocho años de la fuga del Chapo

14.07.2023

Se cumplieron, la noche del martes 11, ocho años de la fuga de El Chapo Guzmán del penal del Altiplano. Han pasado los años y ha cambiado radicalmente la administración federal pero aquella fuga sigue estando, incluso después del juicio de Guzmán Loera en Nueva York, en un cono de sombra.

Sabemos qué miembros de su grupo criminal lo ayudaron, incluso ahora sabemos de la participación de su esposa Emma Coronel, que próximamente quedará en libertad en Estados Unidos, pero de la verdadera trama que hubo detrás de esa fuga sabemos poco y nada.

La red externa que permitió la fuga de El Chapo Guzmán fue desmantelada tres meses después de la fuga, en octubre del 2015. Desde entonces se supo que El Chapo, luego de salir de su celda por el famoso túnel y con el largo tiempo que le dieron antes de que se diera la alerta roja en el penal, se trasladó con un grupo de guardespaldas, de la casa en la que concluía el túnel, a San Juan del Río, allí en una pista de aviación privada le esperaban dos avionetas.

Una la uso El Chapo para trasladarse a su principal zona de protección, el triángulo dorado, donde confluyen Sinaloa, Durango y Chihuahua, la otra actuó como señuelo y se dirigió directamente a Culiacán, donde incluso tuvo un accidente a la hora de aterrizar.

Entre los que fueron detenidos desde el 2015 están los dos pilotos, un cuñado de El Chapo que se dice que coordinó los trabajos, el constructor del túnel que es el mismo que ya había construido otros para cruzar la frontera, y el coordinador de la defensa legal de Guzmán Loera, Óscar Manuel Gómez Núñez, quien coordinó todos los aspectos, mantuvo la comunicación con El Chapo (lo visitaba hasta cinco horas diarias como cabeza de su equipo de abogados) e incluso fue quien pagó los gastos derivados de toda la operación. Pero hasta el día de hoy se desconoce cómo, y a través de quiénes, lograron coordinarse El Chapo, el abogado Gómez Núñez, o su gente, con las autoridades del penal.

Lo ocurrido aquella noche del 11 de julio, no puede tratarse como una suma o cadena de negligencias o ineptitudes que se alimentan una a la otra. Hubo algunas demasiado obvias: cuando El Chapo se mete en el hoyo de la regadera, se le debería ver, si estuviera parado, por lo menos medio cuerpo. Pasa media hora sin que nadie se preguntara dónde estaba. Hubo demasiadas cosas para explicar: los golpes que se escuchaban en la celda desde mucho antes de la fuga, la desconexión de los mecanismos de control, como el que medía los trabajos en los subsuelos en torno al penal, la cancelación de la vigilancia en el perímetro (la casa desde la cual se trabajó en el túnel durante nueve meses estaba a simple vista de una de las torres de vigilancia).

En el penal hubo una corrupción y un control mayor, que permitió que tal número de complicidades se pudieran dar sin que hubiera, siquiera, filtraciones. Se entiende que entre los seis o siete involucrados externamente en la fuga privara la discrecionalidad: todos eran hombres cercanísimos al Chapo desde mucho tiempo atrás. Pero ¿cómo hicieron para garantizar la secrecía entre tanta gente involucrada dentro del penal o en las áreas de vigilancia y videovigilancia?, ¿cómo evitar que nadie se preguntara por los ruidos en el subsuelo o por las horas que pasaba El Chapo con sus abogados, sus visitantes o sus mujeres en visita conyugal?, ¿cómo explicar que durante meses hubiera equipos que no funcionaban y que nadie reclamara para que fueran reparados?, ¿quién supervisaba a jefes, encargados y sistemas?

Y a diferencia de la fuga de Puente Grande en el 2001, ahora la celda de El Chapo era controlada, simultáneamente, desde por lo menos tres espacios e instituciones diferentes. ¿Ninguna vio o escuchó  nada anormal?

También lo son las consecuencias. La fuga de El Chapo fue equivalente a la de Pablo Escobar, cuando se escapó el 21 de julio de 1992  de la cárcel que él mismo se había construido, llamada La Catedral. Al tomar el poder, el entonces presidente colombiano César Gaviria había jurado ante la tumba del asesinado candidato Luis Carlos Galán, capturar a Escobar. Escobar se entregó, con un grupo de operadores y sicarios, en 1991. Desde su cárcel seguía manejando las operaciones del cártel e, incluso, los ajusticiamientos de rivales y de quienes no le guardaban lealtad. Gaviria ordenó, entonces, que fuera trasladado a un penal militar. Escobar se enteró y decidió la fuga, a través de una pared que había sido construida con yeso para facilitarla. Un año y medio después, el 2 de diciembre de 1993, luego de una persecución en la que participaron desde el gobierno colombiano hasta el estadunidense, desde grupos armados hasta cárteles adversarios, Escobar murió acribillado en una azotea de Medellín.

Cuando terminó esa persecución, Colombia había comprendido que la seguridad, más allá de partidos, presidentes, elecciones, no podía seguir por la misma ruta. Se concentraron y centralizaron fuerzas de seguridad de todo el país, incluyendo la Policía Nacional, con mandos propios, pero bajo tutela militar; se aumentó significativamente el presupuesto en seguridad al 3.5 por ciento del PIB, pero si se incluyen todos los rubros destinados a la seguridad interior alcanza el seis por ciento del PIB. En México el presupuesto para seguridad, incluyendo Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, es menor al 1 por ciento del PIB. Y no tenemos definido siquiera un esquema legal para la seguridad. La fuga del Chapo apenas si cambió la cosas. En el 2015 ese presupuesto era del 0.45 por ciento del PIB.

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