20-01-2021 Hace cuatro años, cuando estaba a punto de asumir la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, el gobierno de Peña Nieto le hacia al nuevo presidente un regalo muy especial: era extraditado a la Unión Americana, Joaquín El Chapo Guzmán.
La extradición de El Chapo abrió la oportunidad de concretar lo que siempre habían tenido como objetivo los funcionarios antidrogas de la Unión Americana: querían un maxiproceso contra México, sus gobernantes, militares y funcionarios. La idea era que el juicio del Chapo abriría, como había ocurrido en el pasado con los de los grandes capos de la mafia, una cascada de indagatorias, detenciones, delaciones, que exhibieran y pusieran en el banquillo, en ese maxiproceso, a todos los presuntos responsables del tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos.
La estrategia se planteó con mucha claridad: sería como aquellos de la mafia en Nueva York, habría un juzgado que se encargaría de todos los casos, el del juez Brian Cogan, un fiscal, Richard Donahue, sería el encargado de llevar los procesos y la DEA sería la que los elimentaría. Nueva York era un espacio mucho más atractivo mediáticamente que los otros estados que buscaban juzgar al Chapo, desde Texas hasta California. Aunque las causas eran menores en Nueva York que en esos otros estados se decidió que fuera en la urbe de hierro donde se juzgaría a Guzmán Loera. El problema es que, como suele ocurrir, el objetivo estaba teñido también de intereses políticos coyunturales y personales.
El juicio a El Chapo fue espectacular pero judicialmente se mostró en algunos capítulos endeble. La fiscalía de Nueva York tomó el caso basada en testigos colaboradores, los hubo mexicanos, colombianos, antiguos enemigos y viejos aliados del Chapo. Los más importantes, el hermano y el hijo del Mayo Zambada. Se exhibió la trama en torno a la cual Guzmán Loera había operado durante años, pero indirectamente se comprobó también que en los últimos años el Chapo, sobre todo después de su segunda fuga el 11 de julio del 2015, había dejado de ser el personaje que había sido. A pesar de estar en libertad, comenzó a ser evidente que el Chapo, convertido en un personaje demasiado público y perseguido, no estaba en contacto con los principales operadores del cártel.
Según la crónica de los seis meses que estuvo prófugo, el Chapo tuvo oportunidad de reunirse con Kate del Castillo (en el extraño cotejo a la actriz) y con Sean Penn, estuvo con sus hijos que se encargaron con una guardia privada de su seguridad pero no consta, por ejemplo, que haya tenido reuniones con Zambada, con Dámaso López ni con otros operadores prominentes como Caro Quintero. Volvió a ser detenido el 8 de enero del 2016 y un año después ya había sido enviado a Estados Unidos. La operación del cártel de Sinaloa no se modificó casi en absoluto. Cuando en el juicio, la defensa del Chapo quiso involucrar a testigos que eran parte del narcotráfico estadounidense, ni el Juez Cogan ni el fiscal Donaghe, lo permitieron, argumentado que no era el objetivo del proceso.
Era imposible que un criminal como el Chapo tuviera una condena diferente a la que recibió, pero el juicio sirvió para activar lo que quería ser el maxiproceso. Con los testimonios de los testigos protegidos que acusaron al Chapo, se detuvo, en Texas, en diciembre de 2019, a Genaro García Luna, el ex secretario de seguridad pública de Calderón. El caso de García Luna, en relación con el narcotráfico, se derivaba de las declaraciones de un hermano del Mayo Zambada y de la Barbie, los dos narcotraficantes detenidos años atrás y extraditados a Estados Unidos, testimonios que dieron en el juicio del Chapo. Las acusaciones, lo dijimos entonces y hay que repetirlo ahora, eran casi tan inversosímiles como las que un año después se vertieron contra el general Salvador Cienfuegos, detenido en Los Angeles.
Testimonios no comprobados de narcos, grabaciones de delincuentes, sospechas, pero ni un solo dato duro, nada que no surgiera de declaciones de personajes criminales que buscaban que se les redujera sus condenas en el caso de García Luna, un increíble hilo de llamada interceptadas entre narcos de cuarta en el caso del General. Pero el maxi proceso estaba ahí, con los mismos acusadores, los mismos fiscales y el mismo juez. Si ya tenían al máximo narcotraficante de las últimas décadas, al secretario de seguridad más poderoso de los últimos sexenios y a un secretario de la Defensa de enorme peso en la estructura militar, lo que vendrían después serían funcionarios, mandos militares y hasta algún presidente, retirado o en funciones (esa es la puerta que abría la detención de Cienfuegos), y todo con casos que se alimentarían unos de los otros.
El derrumbe del caso Cienfuegos, de la mano con el del gobierno de Trump y de su aparato de justicia (que quedará irremediablemente lastimado con el asalto al Capitolio), fue el derrumbe también del maxiproceso. La llegada de Biden a la Casa Blanca obligará a establecer una nueva agenda bilateral en muchos temas, particularmente en la seguridad. México deberá cumplir compromisos mucho más estrictos que en los pasados cuatro años, pero se establecerán sobre una base institucional que en el cuatrieño de Trump simplemente no existió.
