3-02-2021
“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Groucho Marx
La administración López Obrador no quiere jugar con el destino y en este periodo ordinario quiere sacar todos los capítulos conflictivos que tiene pendientes para consolidar en el tiempo la llamada Cuarta Transformación. Quién sabe si después del 6 de junio se podrá tener mayorías tan claras como ahora en el Congreso y la idea es terminar de establecer una serie de reformas que son centrales en la visión ideológica del presidente López Obrador.
El tema energético es recurrente en este sentido y es quizás el más dañino para el país en términos económicos. La estrategia energética de la actual administración es bastante sencilla: regresar el país a los años 70, volver a transformar a Pemex y a la CFE en dos empresas monopólicas estatales y apostar nuevamente a las energías fósiles. Como ocurrió entonces, la estrategia está condenada al fracaso: no sólo porque es producto de otra época, de otros desarrollos tecnológicos y de otras tendencias globales, sino porque simplemente, entonces y ahora, demostró que es notablemente ineficiente y costosa para la hacienda pública (y para los ciudadanos).
La iniciativa enviada para “fortalecer” a la CFE falla desde su exposición de motivos. El sentido de una política estratégica no es fortalecer a una u otra empresa, sino garantizar, en este caso, el abasto suficiente, barato y ecológicamente sustentable de energía a la gente y a las empresas. Fortalecer a la CFE como si fuera un dogma de fe, aunque ella sea menos eficiente, genere energía más cara y más sucia, no tiene sentido. Y eso es lo que se está haciendo.
Con varios agravantes: está ley, en realidad, constituye una contra reforma energética, respecto a la votada constitucionalmente el sexenio pasado, con un muy amplio respaldo legislativo. Ya se habían enviado directrices de policía energética en el pasado que fueron canceladas por la Suprema Corte, que las consideró inconstitucionales, como lo es esta iniciativa de ley. Si la administración López Obrador quiere cambiar la Constitución, que consiga los votos y lo haga, pero no puede intentar desconocerla a través de ordenamientos legales que están por debajo de ella. Y eso es lo que está haciendo esta iniciativa.
Ya se ha dicho una y otra vez, que con ésta y otras políticas, la administración López Obrador va irremediablemente al choque con el gobierno de Biden. Pero en pocos temas el choque será tan frontal. El nuevo gobierno estadounidense está proponiendo una amplísima agenda energética que está en las antípodas de la de Trump, que era muy similar a la seguida en la actualidad por México. Mientras Biden ha cancelado las perforaciones en tierras federales, mientras se plantea reemplazar todo el parque vehicular del gobierno federal por vehículos no contaminantes, mientras cancela un proyecto estratégico para la industria del petróleo como el oleoducto que se construiría desde Alberta, Canada, hasta Nebraska porque provocaría graves daños medioambientales, mientras se compromete a que en cuatro años un enorme porcentaje de la producción de energía del país provendrá de energías renovables, nosotros estamos apostando y decidiendo con fuerza de ley que, primero, van los combustibles fósiles y los generadores de energía de CFE que, en un alto porcentaje, están utilizando combustóleo, incluso algunos de los que generaban a partir de gas se han transformado para utilizar ese combustible, tan contaminante que ya ha sido hasta prohibido en la industria naval.
Las energías renovables han quedado al final haciendo imposible las enormes inversiones que se generarían con ellas, incluso de la mano con las que habrá en Estados Unidos. Se argumenta que los productores privados le vendían la energía a la CFE y ésta estaba obligada a comprarla, como si eso fuera un acto de corrupción cuando es exactamente la norma que rige la generación de energía en casi todos los países desarrollados del mundo: se asegura que no se aumentará el precio de la luz cuando ha aumentado constantemente en los últimos meses y si se mantiene el precio con una CFE monopólica será únicamente subsidiándolo: el mismo mecanismo que tuvimos en las administraciones que llevaron a la catástrofe económica al país, las de Echeverría y López Portillo.
El TMEC establece mecanismos comunes para México, Estados Unidos y Canadá, en muchos temas, entre ellos el energético. Con esta iniciativa de ley se está violando la Constitución y el Tratado (que tiene, además, fuerza constitucional) y determinará una larga cadena de demandas internacionales, al tiempo que terminará de secar las inversiones energéticas y de otro tipo en México, porque abona a la inseguridad jurídica de las empresas.
Son muchos los funcionarios de primer nivel de la administración López Obrador que son conscientes de que esta política es literalmente un tiro en el pie, doloroso, inútil y costoso. Pero nadie se atreve a decirle al señor Presdiente, convaleciente o no, que está cometiendo un error estratégico de enorme calado, que empantanará su administración el resto del sexenio.
