21-05-2021 Mientras estamos ocupados, con toda razón, en los procesos electorales de junio, en la lucha política cotidiana, en las graves situaciones que vive la seguridad pública en muchos puntos del país, no olvidamos de la gravedad de la situación económica, pero sobre todo de las consecuencias que han tenido en ella un año de pandemia a nivel global y una serie de decisiones económicas internas que han castigado la economía, la inversión y la generación de puestos de trabajo.
Durante la pandemia, México fue uno de los pocos países que no implementó un verdadero paquete de ayuda a empresas y trabajadores de carácter anticíclico para paliar los efectos de la crisis. Son miles las empresas que han cerrado, millones los que perdieron su empleo y la caída económica es la mayor de los últimos 70 años: 8.5 por ciento de acuerdo a las cifras oficiales.
Ha habido signos de recuperación en la medida en que aumenta la vacunación y disminuyen los contagios, pero aún estamos lejos de las cifras del primer trimestre del 2020 y para ajustar la realidad económica tendríamos que comparar la situación actual por lo menos con la de 2019, asumiendo lo atípico que fue el año pasado.
Pero lo cierto es que, según el Coneval, esa caída ha provocado un aumento notable de la pobreza laboral que ha crecido en 4 millones 900 mil personas en el primer trimestre de este año comparado con el pasado. Hoy hay 50 millones 900 mil personas en pobreza laboral. ¿Qué significa? Que esas casi 51 millones de personas tienen ingresos inferiores a mil 693 pesos al mes, de forma tal que no puede garantizar con sus ingresos la compra de la canasta básica, mínima, de alimentos y servicios.
La pobreza ha aumentado y los apoyos sociales, algunos de ellos necesarios, útiles y bien aplicados, otros distribuidos en medio de una profunda desorganización que fomenta la corrupción, no alcanzan a paliar esa situación. Lo que dignifica es el trabajo, no los subsidios o los apoyos generalizados, aunque en muchos casos sean necesarios.
Por eso es tan importante comprender que los puestos de trabajo se generan con la inversión que hacen los privados (y proporcionalmente el sector público) en la economía. El año pasado la inversión extranjera directa cayó un 11.7 por ciento, la mayor caída en muchos años. Y no es sólo consecuencia de la pandemia. Muchas de las decisiones del gobierno federal han espantado las inversiones y han generado la suficiente desconfianza como para que las mismas no lleguen incluso ahora con el inicio de un espectacular despegue económico de Estados Unidos, en medio además de un conflicto económico con China que llevará a relocalizar muchas factorías y empresas estadounidenses en otros países. Es una oportunidad quizás única de que esas inversiones recalen en México, gracias a los tratados de libre comercio y la integración económica que tenemos con la Unión Americana.
Pero esas inversiones no están llegando, no por lo menos con la potencia con que tendrían que hacerlo porque estamos enfrascados en un conflicto absurdo y costoso. En la reunión de evaluación del TMEC que se realizó con los representantes comerciales de Estados Unidos y Canadá esta semana, esos países reclamaron a México por su política energética que cierra las puertas a la competencia y desconoce los términos e inversiones ya realizadas en el ámbito energético, por violar normas del comercio abierto y por aplicar políticas que no ayudan a combatir el cambio climático.
Lo lamentable es que tienen razón: las modificaciones a la política energética, que buscan otorgar un lugar de privilegio a la PEMEX y la CFE violan la Constitución, pero también los tratados internacionales firmados por México. Y eso ya está generando demandas internas, innumerables, pero también en tribunales internacionales.
Nadie debería decirse sorprendido. Cuando el presidente López Obrador fue a Washington a reunirse con Trump, el único punto en el que fueron terminantes los anfitriones que se encontraron con la comitiva mexicana en la Casa Blanca fue la demanda de que se respetaran los contratos firmados y las normas legales en la política energética. En respuesta se expidieron leyes de energía eléctrica e hidrocarburos que vulneran contratos y normas legales que se quieren colocar por encima de la Constitución.
El miércoles, la secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial un transitorio de la ley de hidrocarburos que deja sin efectos la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios. En otras palabras, acaba con la competencia de inversionistas y productores privados con Pemex. Si se legaliza una norma no igualitaria para competir ¿cuál sería la motivación de invertir en temas energéticos en México?.
Otra actividad económica central es la minería y dentro de ella, una de las dominantes de cara al futuro, es la explotación del litio, del que tenemos importantes reservas. ¿Sabe quién nos va a asesorar en la explotación de litio?. Bolivia, con las políticas que implementó Evo Morales. Estamos en conflicto con Estados Unidos, pero nos asesora Bolivia. Vamos bien.
