12.09.2022
La semana pasada, es imposible negarlo, fue una de las exitosas para la administración López Obrador. Aunque existen conflictos constitucionales por resolver y que en el mediano o largo plazo pueden ponerse en su contra, lo cierto es que logró que se mantenga la prisión preventiva oficiosa, colocar legalmente a la Guardia Nacional en la órbita de la Defensa Nacional, y que, además, en ese debate, se haya roto, por lo menos en su forma actual, la alianza opositora PAN, PRI, PRD.
Mañana analizaremos los temas de seguridad y el futuro de la misma, ahora vamos a hablar del futuro de la oposición. En 2018, la alianza entre el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD fue un fracaso por varias razones. La principal es que fuera de ella no sólo quedó el PRI sino que además, la confrontación entre el candidato de la alianza, Ricardo Anaya y José Antonio Meade que era el aspirante priista fue durísima, incluyendo demandas penales contra Anaya, que le dejaron el camino abierto a López Obrador. No sólo eso, el entonces candidato de Morena obtuvo un 10 por ciento más de votos que sus legisladores, e incluso así, con una de esas maniobras siempre medio extrañas, se quedó con una amplísima mayoría legislativa que a semanas de las elecciones no se vislumbraba tan clara.
Pero la alianza no fracasó sólo por el enfrentamiento con Anaya. Fracasó porque fue un acuerdo de cúpulas partidarias que en buena medida no tenían, como no tienen ahora, una verdadera representatividad de sus partidos. Los cargos se distribuyeron de acuerdo al peso de cada uno y entre sus propios entornos, no a liderazgos locales naturales. Los gobernadores se quedaron con algunas posiciones (lo mismo ocurrió en el PRI) y no jugaron su resto político para apoyar a la alianza. Y tampoco lo hizo la gente.
De la misma forma que muchos panistas no votarán jamás por un candidato priista, y viceversa, tampoco lo harán por un perredista. Quizás ahora, ante un adversario externo tan poderoso como López Obrador sí se pueda matizar esa afirmación, pero no demasiado y cuando vamos a los estados y municipios aún menos. Sobre todo cuando no son candidatos naturales que pudieran jugar por cualquiera de los partidos. ¿Por qué votarían los panistas por Alejandra Barrales para jefa de gobierno en el 2018?. Sí pudieron hacerlo por Enrique Alfaro en Jalisco o por Samuel García años después en Nuevo León, pero eran candidatos provenientes de otros partidos que no tenían un sello marcado.
Algo así sucedió en Durango con Esteban Villegas, que siempre ha sido priísta, o en Chihuahua con la panista Maru Campos, que tenía toda la oposición de Javier Corral. Eran candidaturas que más allá de sus orígenes eran naturales, viables. Eso sucedió también en las elecciones para las alcaldías de la ciudad de México, ganadas por la alianza: más allá de que los candidatos tuvieran de distintos orígenes, prácticamente todos los que ganaron, quizás el caso de Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc tenga otras derivaciones, eran candidatos transitables para los partidos y la ciudadanía.
Eso no se ve para el 2023 ni tampoco, hoy, para el 2024 sin modificaciones profundas en las dirigencias que, de inicio, implique una real representatividad de las mismas respecto a sus verdaderas fuentes de poder que son los estados y municipios.
Decíamos la semana pasada que ni un solo gobernador del PAN (de MC o del PRI) había salido a criticar la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa. El viernes el gobernador saliente del PAN en Durango, José Rosas Aispuru, durante una visita presidencial declaró que él estuvo y estaba a favor de la participación militar en la seguridad y de la incorporación de la GN a la Sedena por la sencilla razón que aquí señalamos muchas veces: sin ella se derrumba lo que queda del sistema de seguridad pública en el país. Mauricio Kuri, un gobernador con cada vez más fuerza en el panismo, hizo una durísima declaración, acusando de traidor a Alejandro Moreno, pero nunca habló de la seguridad ni de la Guardia Nacional o los militares. Lo que de alguna manera refrendó Kuri, que ganó en Querétaro sin alianza, fue que ésta no era necesaria, por lo menos no en esos términos. Y la declaración fue durísima contra Alito, pero por interpósita persona también contra quien se había aliado con él, el presidente del PAN, Marko Cortés.
Vayamos descartando las alianzas opositoras para el 2023. No veo que, en el estado de México, vayan los priistas a tener un candidato que no sea suyo y decidido por Alfredo del Mazo, tampoco en Coahuila con Miguel Riquelme. Tampoco veo en el PAN a Enrique Vargas bajándose de la contienda. Paradójicamente pudiera ser viable, en este contexto, una alianza del PAN, el PRD y del un sector del PRI, enfrentado con Alito, con MC, para el 2023 (aunque el partido de Dante Delgado tiene un buen candidato en Edomex en Juan Zepeda, que no creo que tampoco quiera resignar sus aspiraciones) o el 2024, sobre todo si el PRI no conserva Coahuila y el estado de México el año próximo.
El golpe que recibió la alianza la semana pasada será de difícil recuperación. Y en buena medida es verdad que Alitoles cambió la jugada y los acuerdos, pero también que Marko Cortés y Jesús Zambrano cayeron en la trampa de ir por la oposición frontal al tema de seguridad cuando ni sus gobernadores ni las encuestas los respaldaban.
