16.11.2022
Es como en aquella famosa película de Disney, donde el personaje, un aprendiz de brujo, desataba fuerzas que luego no podía controlar. Algo así está sucediendo con la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador.
Es evidente que la reforma constitucional no va a pasar, por eso ahora el presidente López Obrador hará lo mismo que ha hecho con la reforma energética y con muchas otras, lo que no puede modificar en términos constitucionales lo hará por medio de leyes que en muchos casos pueden vulnerar la letra de la Carta Magna, y que, inevitablemente, se irán a controversia constitucional pero mientras tanto se aplicarán de facto.
La diferencia es que si esto es así en el tema electoral, la controversia (en pleno proceso de cambio de presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación) tendría que definirse muy rápido porque el proceso electoral ya está en ciernes y sería criminal afectar su legitimidad.
Es evidente que lo que planteó ayer el presidente López Obrador incluye dos capítulos: uno es intentar reformar el INE, aunque no haya consensos para ello (la reducción presupuestal de cuatro mil millones de pesos es parte de ello) y por otra parte aprovechar la ventana de oportunidad que se le presentará al ejecutivo federal en abril del año próximo para reemplazar a cuatro de los integrantes del consejo, incluyendo a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que concluyen sus periodos en el instituto. No será fácil que todos ellos sean oficialistas, e incluso en el ejecutivo federal se puede tener la tentación de congelar esos nombramientos para que reducir de facto el número de integrantes del Consejo. Pero sería a todas luces un gravísimos error que deslegitimaría el proceso electoral del 2023 y sobre todo el federal del 2024.
El dato duro es que mientras se quiera alterar la esencia del sistema electoral y político, representativo, del país, la reforma no tendrá posibilidades. No sólo eso, la insistencia en la misma lo que ha logrado es conformar un bloque opositor cada día más duro en su contra que hasta podría terminar cristalizando, contra lo que se veía hace unos meses, en términos electorales.
Los errores de operación del presidente y su equipo en torno a la reforma electoral han sido de primaria. Las presiones al PRI para que apoyara la reforma subestimó a ese partido que, por más debilidades que tenga, sabe que impulsando una reforma como la propuesta firmaría su acta de defunción. Alejandro Moreno, Alito, está lejos de ser el político más querido, dentro o fuera del priismo, pero no podía apoyar la reforma sin condenarse a sí mismo y a su partido y menos aún, cuando sigue siendo exhibido desde plataformas oficialistas.
No se comprendió tampoco que el tema militar tiene para el PRI, incluso entre quienes estuvieron en contra la reforma del 2028, un contenido completamente diferente al electoral: de la misma forma que el diseño militar del país es parte del adn priista, lo cierto es que el actual sistema electoral que permitió la transición, tampoco se hubiera podido construir sin la participación y la voluntad política de dirigentes y gobiernos priistas, negarlo sería negarse a sí mismos.
Pero el endurecimiento no sólo ha producido ese efecto, también ha generado rupturas internas en el oficialismo. El caso de Ricardo Monreal no es nuevo, pero si se compara su posición sobre la marcha y la reforma con la del propio presidente López Obrador u otros miembros del círculo cercano, la distancia es sideral, como comienza a serlo la que toma el senador con las posiciones más radicales de Morena. Su decisión de en diciembre anunciar cuál puede ser su futuro político no es un tema menor, como no lo es la carta de 82 senadores, del oficialismo y la oposición, rechazando los ataques de la gobernadora Sansores. Apenas ayer Monreal obtuvo un amparo definitivo en contra de las filtraciones y acusaciones de Sansores que si la gobernadora no cumple podría abrir la puerta para su proceso de desafuero.
Y más allá de Monreal, tampoco quedó bien parada otra precandidata Claudia Sheinbaum, que ese domingo se fue a Veracruz, y menos aún su secretario de gobierno, Martí Batres, con la sospecha contingencia ambiental, sus visión de sólo12 mil participantes y la orden de abrir el tránsito vehicular cuando aún no concluía la marcha, algo inédito en las decenas de marchas que asuelan cotidianamente a la ciudad. Y ésta ha sido la mayor en lo que va de esta administración.
El hecho cierto es que parece ser real lo que se vio en las elecciones del 2021, Morena ya perdió a las clases medias de la capital y de otras grandes ciudades. Y la radicalización del propio presidente y de sus precandidatos más cercanos no lo ayudará recuperar esos votos. Creo que Ebrard, que andaba donde tendría que haber estado el presidente López Obrador en lugar de en su rancho de Palenque, en la reunión de la COP-27 y sobre todo en la cumbre del G-20 en Bali con los principales líderes mundiales, mantuvo un perfil bajo ante la reforma que propone el presidente, a la que apoyó sin caer en excesos ni dislates. Está jugando con otras cartas.
Al final, lo que va a marcar el tono de la campaña electoral en ciernes terminará siendo el grado de polarización que le imponga el gobierno federal a todo el proceso y su disposición de aceptar o no un proceso electoral abierto, respetuoso de sus adversarios y con instituciones electorales autónomas. Nada más y nada menos.
