El jueves 15 fue un día negro en materia de seguridad pública en varios puntos del país. En el DF fue asesinado en Polanco, el diplomático cubano Boris Valdez López. Fue encontrada una persona evidentemente ajusticiada en Xochimilco. En Sinaloa, en la zona serrana, en Cósala, doce personas fueron asesinadas por un comando. En Morelos apareció un grupo guerrillero, llamado Ejército Villista Popular que disparó algunas ráfagas de AK-47. La sucesión de éstos hechos violentos es preocupante, nos lleva a pensar que no se trata de casos aislados, muchos de ellos pueden ser independientes, pero todos en conjunto, muestran un escenario perturbador que puede llegar a la desestabilización.
El jueves 15, precisamente a unas horas de que el presidente Bush llegara a Guanajuato, fue un día negro en materia de seguridad pública en varios puntos del país: en la ciudad de México, fue asesinado en Polanco, a unos metros de su embajada, el diplomático cubano Boris Valdez López, que había llegado a México apenas cuatro días atrás. En Xochimilco, fue encontrada una persona evidentemente ajusticiada. En Sinaloa, en la zona serrana, en Cósala, doce personas fueron asesinadas por un comando que no perdonó la vida, ni siquiera, de los niños. En Morelos, mientras tanto, apareció otro grupo guerrillero misterioso, llamado Ejército Villista Popular que disparó algunas ráfagas de AK-47 al aire, leyó un comunicado y pintarrajeó algunas paredes de una localidad cercana a Cuautla.
La sucesión de hechos violentos sin duda es preocupante y, sobre todo lo sucedido en el caso del diplomático cubano, nos lleva a pensar que no se trata de casos aislados, que pueden ser muchos de ellos independientes entre sí, pero que, todos, en conjunto, muestran un escenario perturbador y que puede llegar a la desestabilización. Es verdad, también, que en todos los estados donde suceden este tipo de cosas, las circunstancias particulares son propicias para este tipo de hechos.
En Morelos, el gobernador Sergio Estrada Cagigal se está equivocando demasiado y su agenda de temas sin solución se amplia día con día. Ha subestimado, sobre todo, las áreas de seguridad pública e incluso ha hecho regresar a ellas a personajes que estuvieron ligados a Jorge Carrillo Olea en la peor época de intranquilidad pública en el estado. Han aumentado nuevamente los índices delictivos y la capacidad de reacción del joven gobernador en estos temas e increíblemente lenta, han vuelto a presentarse secuestros, robos, presencia de bandas delictivas y, en ese contexto no es extraño que reaparezcan (como lo hicieron cuando Carrillo Olea estaba en graves problemas) grupos guerrilleros de origen misterioso. Podrán tener o no influencia, pero lo cierto es que pusieron a girar a buena parte del gobierno estatal en torno a esa aparición y ello, más que nada, demuestra la falta de control, los pocos hilos que, sobre muchos aspectos de la vida estatal tiene el gobierno de Sergio Estrada.
Lo sucedido en Sinaloa, esa masacre a toda una familia, doce personas, por bandas rivales en el negocio del narcotráfico, fue, desgraciadamente, algo anunciado: la guerra entre bandas y cárteles continúa, se acrecienta y sólo tuvo un pequeño intermedio cuando, por la presencia masiva de la PFP en Culiacán, se aplacaron los ánimos: una semana después de que los efectivos de esa corporación federal abandonaron Sinaloa, las cosas han vuelto a su cauce normal de violencia y ésta, incluso se ha incrementado con casos tan espectaculares como este ajusticiamiento masivo en el municipio de Cosalá. Precisamente allí en la cercana Novolato, la tierra natal de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los Cielos, las autoridades habían anunciado que colocarían avanzadas militares para tratar de frenar la ola de violencia que se estaba viviendo. Las armas de los narcotraficantes llegaron antes que los retenes.
En Sinaloa y en toda esta zona del Pacífico, la violencia, desgraciadamente, crecerá. La guerra entre el cártel de Sinaloa y el de Tijuana por el control de territorios ha alcanzado niveles muy altos e incluso ha llevado a movimientos que son inéditos: en apenas tres semanas se han fugado de cárceles presumiblemente de alta seguridad, siete integrantes del cártel de Sinaloa: primero fue Joaquín El Chapo Guzmán, que se fue por la puerta de Puente Grande, donde tenía comprados a prácticamente todas las autoridades; luego los dos narcotraficantes que se fugaron cuando eran trasladados de Almoloyita a un juzgado, para que se les tomara declaración, uno operador del cártel de Sinaloa en el estado de México y otro en Michoacán. Esta semana, el domingo pasado, se fugaron cuatro narcotraficantes más, nada menos que de las islas Marías; la prensa sinaloense y otras fuentes han señalado que se trata, en todos los casos, de operadores ligados también al Chapo, y hasta ahora las autoridades ni siquiera saben cómo lograron fugarse. Evidentemente, el cártel de Sinaloa está reagrupándose para tratar de quedarse con el control de su territorio, desde hace años en disputa con unos Arellano Félixa los que perciben como debilitados. Tan lejos de Culiacán como en Monterrey, un operador financiero de la gente del Chapo Guzmán fue asesinado en pleno día, al salir de un supermercado.
Pero en ninguna parte la situación se percibe tan compleja y difícil como en el Distrito Federal. No porque en el DF y la zona conurbada haya mayores problemas que en otras ciudades, que en muchos aspectos los hay, sino porque en una actitud íncomprensible, las autoridades capitalinas encabezadas por el propio Andrés Manuel López Obrador quieren tapar el sol con un dedo y se niegan a aceptar esa realidad. El mismo día y apenas unas horas después de que fuera asesinado el diplomático cubano, López Obrador (que, aunque parezca increíble, dos horas después de la muerte de Boris Valdez, aún no sabía que ese hecho se había dado) acusaba al procurador general de la república, Rafael Macedo de la concha de hacer “politiquería”, porque éste había afirmado el día anterior algo que cualquier especialista en el tema sabe, pero que aparentemente el gobierno capitalino no: que las principales bandas del narcotráfico tienen presencia en la ciudad de México y que la ola de ajusticiamientos que se estaba produciendo en la capital desde principios de año, aproximadamente unos quince en mes y medio, eran consecuencia de que el crimen organizado se estaba reorganizando en el DF.
En una declaración absurda (¿por qué esa manía del jefe de gobierno de hacer reuniones en la madrugada con sus colaboradores diariamente para evaluar la seguridad cuando llegan a ella y declaran a la prensa ni siquiera saben lo que ocurrió la noche anterior? ¿no comprende López Obrador el alarmante nivel de sobre exposición que está generando? ¿la cantidad de errores que, por ello, comete en sus declaraciones matutinas y que todos los medios recogen cotidianamente?) el jefe de gobierno capitalino contestó a esa reflexión de Macedo, que además es acertada, sobre la presencia del crimen organizado en el DF (una presencia de la que, además, no se puede responsabilizar a López Obrador ni nadie lo hizo) con una agresión al procurador general de la república, al que implicitamente acusó de mentiroso, y dijo que él tenía cifras y datos para demostrar lo contrario… y mostró una encuesta sobre delitos comunes cometidos en enero de este año que, según las autoridades muestra que se denunciaron menos delitos que en enero del año pasado. Usted y yo nos preguntamos qué tiene eso que ver con el tema principal, cómo puede contraponerse un estudio de un solo mes a toda una tendencia.
En una de las muchas respuestas que recibió López Obrador, la asociación mexicana de instituciones de seguros, dijo que, según sus cifras, el robo de automóviles asegurados no se había reducido, como decía el jefe de gobierno, sino que por el contrario se había incrementado en más del 10 por ciento en el último año en el Distrito Federal y que el 45 por cientos de esos robos se realizaron con violencia. Así había muerto, horas antes, el diplomático cubano. Paradójicamente, una de las principales colaboradoras de López Obrador, Dolores Padierna, delegada en la Cuauhtémoc, casi a la misma hora que el jefe de gobierno desmentía al procurador general de la república, denunciaba que en un simple recorrido (no después de una acuciosa investigación) sus funcionarios habían detectado 200 puntos de venta de drogas en la delegación, la mayoría de ellos colocados cerca de diferentes escuelas y que habían pedido la colaboración de la PGR para desmantelar esos expendios y unas horas después se encontraba el cuerpo de otro ajusticiado en Xochimilco. Un día antes habían sido quemadas en el estado de México, en San Juan Teotihuacan, tres toneladas de cocaína y mariguana que habían sido decomisadas en Azcapotzalco. ¿Cómo se puede sostener, entonces, la tesis de que el crimen organizado no está presente en el DF y que no existe una guerra de éste por el control de territorios en la capital? ¡Cómo puede ser la respuesta del procurador Bernardo Bátiz ante este cuestionamiento un simple alzarse de hombres y decir que, si es así, se trata de un problema de la procuraduría general de la república?. Súmele usted a eso la ola de asaltos que se han producido en los últimos días, el regreso de la delincuencia en forma masiva a zonas que Rosario Robles había logrado apaciguar, como todo el área de Polanco y Anzures, los secuestros express que se han multiplicado y, ahora también, por lo menos tres secuestros importantes que se han efectuado en la ciudad en los últimos días y que no han trascendido a la opinión pública y tendremos un panorama, por lo menos , desconsolador.
López Obrador está cometiendo errores garrafales en su labor de gobierno sobre todo en el ámbito de la seguridad, mientras se expone gratuitamente con el debate de temas como el cambio del horario de verano que han terminado siendo objeto de burlas en amplios sectores sociales. Subestima la gravedad del problema de seguridad y sobre estima sus propias capacidades sobre el tema. A eso se suma el hecho de que, como tiene la mira en el 2006, ha decidido enfrascarse en un enfrentamiento cotidiano con sus antecesores y con las autoridades federales lo que debilita aún más su posición, mientras que negando la gravedad del problema acentúa su propio aislamiento en lugar de apoyarse en la sociedad para tratar de resolverlo.
Un dato, que se arrastra del pasado es revelador de esa actitud de las autoridades capitalinas ante la crisis de la seguridad pública en la ciudad: el gobierno del DF, desde la época de Cárdenas, se ha negado a incorporarse formalmente al sistema nacional de seguridad pública, con lo cual pierde, de paso, cientos de millones de pesos de partidas presupuestales que serían muy útiles para combatir el hampa. El gobierno capitalino quiere participar de los proyectos conjuntos que se iniciaron en este sentido desde el sexenio pasado y se han mantenido y profundizado en éste. ¿Qué se le pide?, algo que parece muy sencillo, además de adoptar normas regulatorías comunes con otros cuerpos policiales y de seguridad debería enviar todas las fichas dactiloscópicas y curriculares de todos los policías que prestan servicio en el DF al propio sistema nacional, para que éste los capture en sus bancos de datos y se pueda saber cuántos policías tienen antecedentes, si han sido dados de bajas de otras corporaciones o, en el caso de que cometan un delito, tenerlos registrados. Deben pasas, además, una prueba de polígrafo y antidoping. Buena parte de las entidades federativas, de todos los colores partidarios, participan del sistema, pero el DF que debería ser una piedra angular del mismo, ha decidido que no le interesa participar de esas estrategias comunes. Forme usted su propio opinión.