Numerosos actores políticos, del gobierno y de la oposición, no asumen sus propias responsabilidades, quieren que la Suprema Corte de Justicia cargue con ellas. La Corte no podía hacer m{as de lo que hizo: aceptar la legalidad de una reforma constitucional que cumplió con todos y cada uno de los requisitos legales, fue aprobada en el Congreso y ratificada por más de dos tercios de las legislaturas estatales. La reforma, por ende es legal.
