Comete un grave error el gobierno federal al subestimar la inestabilidad política que vive el país. Los hechos del viernes pasado en Ciudad Juárez, cuando la camioneta que transportaba al presidente Fox y parte de su comitiva, fue agredida por un grupo de manifestantes, si es considerado como un hecho aislado, solitario, podría ser poco importante, algo incluso local, pero se lo debe colocar en su real perspectiva: ha habido una larga sucesión de hechos de violencia política que han quedado impunes tanto en el ámbito federal como local, que lo único que puede presagiar es un aumento en el recurso al uso de la violencia como parte de las reglas del juego político.
Comete un grave error el gobierno federal al subestimar la inestabilidad política que vive el país. Los hechos del viernes pasado en Ciudad Juárez, cuando la camioneta que transportaba al presidente Fox y parte de su comitiva, fue agredida por un grupo de manifestantes, si es considerado como un hecho aislado, solitario, podría ser poco importante, algo incluso local, pero se lo debe colocar en su real perspectiva: ha habido una larga sucesión de hechos de violencia política que han quedado impunes tanto en el ámbito federal como local, que lo único que puede presagiar es un aumento en el recurso al uso de la violencia como parte de las reglas del juego político.
Quizás se comprenda que el presidente Fox diga en el exterior que estos hechos no modifican la ruta política del país, o que el secretario de Gobernación, Santiago Creel considere como algo aislado lo ocurrido (o que la propia SG haya tardado cuatro días en presentar la denuncia de hechos por lo sucedido en Juárez), pero lo grave es que pareciera que ésa es la verdadera percepción gubernamental sobre la situación que se vive en el país. Ven todo como una sucesión de actos aislados que nos recuerdan que en 1994, cuando comenzamos a hablar de un proceso de desestabilización, desde la administración federal nos decían lo mismo que ahora, pese a que en sólo unos meses había sido asesinado un cardenal; había una guerra entre narcos; hubo un levantamiento armado en Chiapas; se dieron los secuestros de dos prominentes empresarios por grupos relacionados con otro grupo guerrillero que antes había hecho detonar un carro bomba en un estacionamiento de un centro comercial; fue cuando se asesinó a Luis Donaldo Colosio, o más tarde, a José Francisco Ruiz Massieu, terminando esa parte de la historia con la mayor crisis financiera de nuestra historia contemporánea. Fueron todos, nos decían entonces, hechos aislados. Puede ser verdad, pero la política está hecha de percepciones y lo que la gente vio y sintió fue que esos hechos estaban concatenados y demostraban la incapacidad gubernamental para mantener el "control" del país.
No estamos viviendo hechos tan brutales y dramáticos como los de 1993-94, pero los síntomas ahí están y lo que termina uniendo estos hechos con aquellos es un solo elemento: la impunidad. O por lo menos así se percibió entonces y así se percibe ahora. Se puede hacer cualquier cosa y no tiene un costo, no hablemos ya de un costo penal, en ocasiones ni siquiera político. La lista de eventos que se han salido de control y que no han generado costo alguno para sus participantes es muy amplia: una rápida relación nos permitiría recordar los "bombazos virtuales" de los ejidatarios de Atenco contra Palacio Nacional; la toma del congreso de la unión por un grupo de manifestantes a caballo que llegaron incluso a intentar prender fuego a las puertas que llevaban al salón de sesiones; la toma del rancho de la familia Fox en San Cristóbal, en Guanajuato; la toma concertada por legisladores y militantes perredistas, sobre todo de la corriente bejaranista, de la tribuna de la cámara de diputados; la toma de las instalaciones del PRI por grupos pagados por el líder de los pepenadotes, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, o antes la toma violenta, que duró meses, de la sede de la SNTE por maestros de la Coordinadora; los hechos de Ciudad Juárez el viernes pasado. Si vamos a los estados tenemos de todo en prácticamente todas las entidades del país: ¿qué costo tuvo para José Murat el autoatentado que pergeño el 18 de marzo pasado?¿o para los priistas de ese estado el asesinato de un par de pobladores de Huautla de Jiménez unos días antes de las elecciones a gobernador?¿o el aseinato de una candidata del PRD a alcalde, balaceada por el propio presidente municipal en la costa del estado?¿qué costo tiene para los candidatos a legisladores locales del PAN en Sinaloa el haber participado en las exequias de un conocido narcotraficante?¿por qué se sigue defendiendo a Sergio Estrada Cajigal cuando es inevitable su caída y cuando lo ha desconocido el congreso local? E insistimos en que ésta es una lista menor, apresurada, de algunos hechos que se han dado en los últimos tiempos y que han quedado impunes. Ninguno de los que tomaron la cámara de diputados a caballo enfrenta siquiera un proceso penal, como tampoco los que tomaron el rancho presidencial, ni la tribuna de San Lázaro, ni los que fraguan autoatentados, ni tampoco ahora los que se dan el lujo de zarandear al presidente. Eso se llama impunidad.
Se habla hasta el hartazgo del respeto a la ley pero sucede que cuando se viola, si hay detrás cuestiones lejanamente políticas, la ley no se aplica. Ese es el verdadero problema de fondo y lo que genera la percepción de inestabilidad y de falta de control gubernamental. La gente siente, dicen las encuestas, que la administración Fox no tiene sujetas "las riendas" del país en sus manos. Y mientras se sigan dando estos hechos, mientras se sigan minimizando asuntos que para la población son preocupantes, mientras continúen gozando de impunidad quienes cometen esos delitos, la percepción no cambiará. Al contrario, cada día más sectores perciben que sea por reivindicaciones que se podrían considerar legítimas (como el de las mujeres mazahuas y el agua del sistema Cutzamala) o por simples provocaciones (como lo sucedido en Juárez) crecerá la convicción de que la violencia es la vía adecuada para darle salida a los conflictos. Y en ese ambiente proliferan los locos.
Eso es lo que se está perdiendo, esa percepción es la que está creciendo en la sociedad y lo que se comienza a ver con preocupación fuera del país. El problema no es si el Cisen le avisó al gobierno de Chihuahua sobre lo que pensaban hacer algunos manifestantes, o si el esquema de seguridad del Estado Mayor Presidencial falló (o aceptó un esquema relativamente relajado por la demanda personal del propio presidente) o si la comunicación entre los diferentes cuerpos de seguridad no fue lo eficiente que debería serlo para prever este tipo de provocación. El problema es que esto mismo ya lo visto ante diferentes hechos que se siguen considerando como aislados, como si no tuvieran conexión entre sí. Y más grave es aún, insistimos, es que nadie, nunca, resulte responsable de nada. Por eso, después, cuando se habla de las violaciones legales cometidas, por ejemplo, por López Obrador, el tema puede minimizarse por algunos y decir que no hubo delito: en última instancia, muchos se podrán preguntar ¿porqué encauzar a alguien por un simple desacato judicial si se puede entrar al congreso a caballo, inventarse un atentado, tomar tribunas o zarandear al presidente y nadie resulta siquiera procesado?
La seguridad, este tipo de seguridad, la que protege a las instituciones, no a las personas, es un asunto de Estado. Y en ese ámbito hay pocas cosas peores que la percepción de que el propio Estado ha perdido el control de las cosas y que todo se puede, que todo es posible. Esas percepciones destrozan gobiernos e instituciones.
La reelección de Soberanes
Hoy, en principio, el senado deberá resolver el futuro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre las propuestas que debe evaluar la cámara alta está la reelección frente a la CNDH de José Luis Soberanes por cinco años más o designar a un nuevo ombudsman nacional. La mayoría giran en torno a la reelección de Soberanes. Pero hay propuestas también de hombres y mujeres que lo podrían hacer muy bien en la Comisión, como Gilberto Rincón Gallardo, Guadalupe Morfín o Emilio Alvarez Icaza: personajes respetados y respetables todos ellos. Pero, en lo personal, creo que Soberanes debe ser reelegido. No sólo por el desempeño personal (en el que ha tenido aciertos y también errores) sino por una lógica institucional, que permita el fortalecimiento de las instituciones cuando éstas comienzan a funcionar. Nunca un presidente de la Comisión ha terminado su mandato, ninguno pudo obviamente reelegirse. Y Soberanes ha ido consolidando el trabajo de la comisión y, con mayores atribuciones y responsabilidades (también con mayor participación y control social) está en condiciones de fortalecer esa instancia tan necesaria para los equilibrios políticos y sociales de México.