En pocas cosas nuestros políticos se muestran tan poco preparados, tan ignorantes, como cuando abordan cuestiones económicas, sobre todo cuando deben hablar y operar en términos estratégicos. Ensarapados con términos que comprenden poco pero que utilizan mucho como neoliberalismo o globalización o una endeble defensa de la soberanía, la mayoría de nuestros políticos simplemente no saben de economía, ni les interesa establecer una auténtica estrategia de largo plazo.
En pocas cosas nuestros políticos se muestran tan poco preparados, tan ignorantes, como cuando abordan cuestiones económicas, sobre todo cuando deben hablar y operar en términos estratégicos. Ensarapados con términos que comprenden poco pero que utilizan mucho como neoliberalismo o globalización (como antes utilizaban imperialismo y capitalismo) o una endeble defensa de la soberanía, la mayoría de nuestros políticos simplemente no saben de economía, ni les interesa establecer una auténtica estrategia de largo plazo. Por eso, sus decisiones son, casi siempre, de la mayor inmediatez: tapan unos hoyos cavando otros. Los mismos que aplaudieron la nacionalización de la banca en el 82, apoyaron la privatización en el sexenio de Salinas, no entendieron porqué se dio la crisis del 94-95, ni comprenden ahora porqué es casi criminal tener paralizadas las reformas que el país requiere para poder avanzar en un marco internacional de creciente competitividad.
Esta semana comenzó el debate sobre la ley de ingresos para el próximo año y los legisladores más serios y conocedores del tema se han resignado a tratar de sacar avances puntuales, casi insignificantes, para, simplemente, "acomodar" las finanzas públicas a las exigencias mínimas que demanda el presupuesto. En ese debate, se dejó de lado la propuesta fiscal que había surgido de la Convención Nacional Hacendaria y en el tema del IVA todo se quedará como estaba: 15 por ciento, con los actuales servicios y productos exentos, quizás puede haber algunos cambios mínimos en ese sentido, pero nada trascendente: tratar de explicarles que todos los países del mundo están siguiendo el modelo de desarrollo fiscal que ellos rechazan parece casi ocioso. Se plantea que el ISR disminuya paulatinamente y se homologarán algunos niveles para evitar que los sectores medios bajos sean los más afectados por ese impuesto. Ninguna medida buscará incorporar nuevos contribuyentes y la carga, como siempre quedará depositada en los causantes cautivos.
En los hechos, el presupuesto propuesto por el gobierno federal crece en términos reales para el 2005, pero en la ley de ingresos no aparecen los mecanismos de recaudación que permitan llegar a esas cifras, más aún al rechazar las opciones presentadas por la Convención Hacendaria (de la Convención Nacional de Contribuyentes ni hablar: los legisladores no tomaron nada significativo). Los diputados que trabajan seriamente en el tema se han resignado a que las reformas no saldrán, y han buscado opciones. Básicamente dos serán las que impulsen: por una parte, rechazar la propuesta de Hacienda de reducir el déficit presupeustal del actual 0.3 por ciento al 0.1 por ciento (la propuesta es que se mantenga en el nivel actual, con todo mucho más bajo que el de la enorme mayoría de las naciones industrializadas) y aumentar el precio promedio del petróleo para el año próximo de los propuestos 23 dólares por barril a 27 dólares.
Las dos son propuestas viables: en realidad el ajuste que implicaría la reducción del déficit de 0.3 a 0.1 en un año que se espera de cierto estancamiento económico, parece acertada. Lo mismo sucede con el aumento del precio del petróleo, que seguramente oscilará, por lo menos, tres o cuatro dólares por encima, incluso, de los 27 dólares propuestos.
Ante los límites impuestos por los legisladores que ven el IVA como un dogma de fe (lo que oculta en realidad un descarado oportunismo y muy poca responabilidad política) en lugar de un instrumento de recaudación fiscal que como todo instrumento sus resultados dependen de cómo se utilice, las medidas propuestas parecen lógicas, pero son de cortísimo plazo, sólo sirven para salir del atolladero.
La economía mexicana ya no está petrolizada con en los años 70 y 80 en términos comerciales, globales, de producción, pero en el ámbito fiscal seguimos dependiendo del petróleo, más de una tercera parte de todo lo que se recauda proviene, exclusivamente, de la enorme carga fiscal que soporta Petróleos Mexicanos, una carga que incluso le impide a la empresa reinvertir como debería en la exploración y producción. Eso no cambiará con la nueva propuesta fiscal que se aprobará en estos días en el congreso. Pero esa lógica, esa salida de corto plazo demuestra también la falta de previsión, de una estrategia de desarrollo de largo plazo en el gobierno federal, en los partidos y, por supuesto en los legisladores.
Apenas ayer, mientras en el congreso mexicano se discutía el precio del barril de petróleo, con criterios muy estrechos, para aplicar sólo los próximos meses, la Agencia Internacional de Energía (AIE) daba a conocer un estudio que concluye en que la demanda de energía crecerá en el mundo un 60 por ciento de aquí al año 2030.
La AIE estima que la producción de crudo a nivel mundial será suficiente por lo menos hasta el 2030 pero que los actuales precios, muy altos (están en términos internacionales por encima de los 50 dólares) caerá en el 2006 a aproximadamente 22 dólares por barril (lo que implicaría que el petróleo mexicano estará, en promedio, en los 18 dólares como máximo). Por eso el punto central, la propuesta de la AIE, es el aprovechamiento del momento de precios altos para consolidar la producción y la exploración, abriendo espacios a las inversiones que se requieren.
La propia agencia internacional estima en su informe sobre el mercado energético para los próximos 25 años, que para cubrir ese incremento de la demanda superior en el 60 por ciento respecto al consumo actual de energía, se requerirán inversiones "masivas" en el sector. Las cifras que se proponen son monumentales: la AIE estima que esas inversiones deberá ser de 16 billones de dólares. De esa cantidad, diez billones se dirigirán, de aquí al 2030, al sector eléctrico, considerado el que tendrá mayor crecimiento, tanto que se duplicará el consumo a nivel mundial. Otros tres billones irán al sector de la infraestructura petrolera y otros tres billones de dólares a la extracción y comercialización de gas natural, cuya demanda crece también en forma geométrica. Agrega el informe que en buena medida las inversiones en refinerías serán las más rentables: ponen el ejemplo de la Bristish Petroleum que obtuvo ganancias en sus refinerías en el tercer trimestre de este año por nada más y nada menos que 3 mil 940 millones de dólares, un 43 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.
¿Y nosotros? Bien, gracias. Con la posibilidad de inversiones privadas bloqueadas en todos estos ámbitos: electricidad, petróleo, refinerías o gas natural.
En los hechos no hay propuestas para aprovechar esta situación, esta ventana de oportunidad que se abre para los próximos años. Porque, además, según el propio estudio de la AIE, hasta el 2030 la importancia del crudo crecerá: hoy, el petróleo cubre el 80 por ciento de la demanda mundial de energía y en el 2030, dice la AIE, llegará a ser el 82 por ciento del total. Y esa oferta de energía sólo pueden proporcionarla algunos de los países de la OPEP y otras pocas naciones, como México, si reciben las inversiones encesarias. Lo cierto es que con la actual legislación y con los límites económicos del país, pese a nuestras reservas de crudo y de gas, pese al enorme potencial que tenemos para la generación de energía eléctrica, estaremos fuera de este juego, sin posibilidades de captar parte de estos 16 billones de dólares que se invertirán en este sector en los próximos 25 años. Es irracional: el mercado energético se debe abrir, la legislación se debe actualizar porque ya ningún país del mundo, incluyendo los que aún se consideran socialistas (no es una exageración), exhibe una legislación tan retrógrada en el sector como México.
Pero no importa: algunos legisladores, oponiéndose a cualquier reforma en este ámbito, se cuelgan un par de medallas enchapadas en un falso nacionalismo. Ya en futuro veremos qué sobras recogeremos de un banquete al que nos invitaron pero al que no hemos querido ir.