Quizás la decisión presidencial de destituir de sus cargos al secretario de seguridad pública del DF, Marcelo Ebrard, y al comisionado de la Policía Federal Preventiva, José Luis Figueroa por el linchamiento de agentes de esta última corporación en Tláhuac el 23 de noviembre pasado, haya sido tardía, pero no es una decisión equivocada.
Quizás la decisión presidencial de destituir de sus cargos al secretario de seguridad pública del DF, Marcelo Ebrard, y al comisionado de la Policía Federal Preventiva, José Luis Figueroa por el linchamiento de agentes de esta última corporación en Tláhuac el 23 de noviembre pasado, haya sido tardía, pero no es una decisión equivocada.
De ambos, del almirante Figueroa y de Marcelo Ebrard, tengo una buena opinión profesional, creo que cada uno en lo suyo son personajes competentes, capaces. De Ebrard en particular tengo, además, una buena opinión personal: Marcelo me parece un político controvertido, discutido, pero indudablemente talentoso e inteligente, en muchas ocasiones más que sus jefes y eso le ha ocasionado muchos costos en su carrera. El almirante Figueroa, un militar de alto rango, fiel a esa condición ha aceptado con disciplina la decisión presidencial. Marcelo y su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, la han cuestionado acremente. Pero se equivocan: la destitución de ambos era inevitable, primero, por lo sucedido y por la evidente omisión en la que incurrieron los dos; y segundo, y quizás más importante para estos fines, por la actitud que asumieron después de los hechos, en particular López Obrador, el gobierno del DF y Ebrard al frente de la secretaría de Seguridad Pública capitalina.
López Obrador repitió exactamente el mismo error que en marzo pasado cuando se dieron a conocer los videoescándalos: en lugar de aceptar que enfrentaba un problema de corrupción en su entorno más cercano, intentó una defensa imposible de Gustavo Ponce Meléndez y de René Bejarano mientras, en lugar de observar lo sucedido, aceptarlo y corregirlo, lanzó la hipótesis del complot, una conspiración que alcanza ya, en el discurso gubernamental, si se le acepta, dimensiones multinacionales y que enlaza políticos, empresarios y comunicadores de todos los sabores y colores. Fue un error y un error grave, que se sigue arrastrando hasta el día de hoy y que lastima cada vez más a López Obrador.
Ahora, ante los hechos de Tláhuac, ha reaccionado igual. El linchamiento de los agentes no se produjo en Chiapas o en Tijuana, sino en una colonia de la ciudad de México. A nadie le puede caber la menor duda de que la responsabilidad original de la seguridad pública en el DF es de las propias autoridades del Distrito Federal, y en particular de la secretaría de Seguridad Pública. Se podrá argumentar muchas cosas (menos que era lejos o que hay problemas de orografía) para explicar porqué la secretaría de seguridad pública no actuó ante la agresión a los agentes de la PFP, pero el hecho duro es ese: que conociendo lo sucedido desde horas antes del mismo no se actuó y esa era su responsabilidad. El debate no es a qué hora se enteró cada quién de lo que estaba sucediendo o qué investigaban los policías, sino porqué no actuaron ni el secretario ni sus subordinados.
Queda constancia pública de que cuando comenzaron a ocurrir los hechos, por ejemplo, Ebrard estaba en una conferencia con miembros de la cámara de radio y televisión, y su segundo, el subsecretario Gabriel Regino, que fue de los primeros en estar informado de lo que estaba sucediendo, decidió originalmente no molestarlo, esperar a que terminara esa reunión. Regino fue el mismo que le informó a Figueroa que no había problemas, que las fuerzas de la SSP-DF ya se dirigían a Tláhuac, que ahí estaba la delegada Fátima Mena y que la situación estaba en vías de control. Tuvo varias comunicaciones en este sentido, incluso en la última de ellas, cerca de las 8 y media de la noche, Figueroa ya no pudo hablar con Regino porque su secretaria le dijo que éste ya estaba volando hacia Tláhuac. Ahora sabemos que eso era falso, que no se había ordenado la movilización de la policía, que la situación no estaba en vías de solucionarse, que la actuación de la delegada Fátima Mena fue, por decir lo menos y tratándose de una dama, de una falta de personalidad política increíble, hasta llegar casi a la complicidad y que obviamente Regino nunca voló, mientras ocurrían los hechos, a San Juan Ixtayopan. Es verdad, que resulta increíble que la PFP, al mismo tiempo, dependiera solamente de esa información cuando hasta en los medios se comenzaba a informar con detalle lo que sucedía con sus elementos e incluso cuando alguno de ellos pudo comunicarse con sus mandos pidiendo ayuda. Por eso mismo se debía ir el almirante Figueroa y todo el equipo tanto de información e inteligencia de la PFP como los mandos directos de los policías sacrificados. Y todos ellos ya fueron dados de baja.
Pero en el caso de López Obrador y Ebrard, la actitud fue otra: el GDF no asumió responsabilidad alguna, como si los linchamientos hubieran ocurrido en un lugar remoto del país no en la capital. El jefe de gobierno pidió que el caso no "se politizara" y no tomó acción alguna, como no la había tomado en los otros 23 linchamientos que había habido en la capital antes del de Tláhuac. Vamos, ni siquiera tuvo el mínimo gesto humanitario de hacerle llegar sus condolencias a las familias de los policías muertos. No se aceptó responsabilidad alguna y desde el inicio se intentó hacer responsable únicamente a los mandos de la PFP y al gobierno federal. Ebrard cometió el error de no tomar una sola medida disciplinaria interna: pareciera como si la SSP-DF hubiera actuado sin error alguno, como si nadie hubiera fallado, como si Regino, por ejemplo, hubiera actuado en forma ejemplar.
No era así, no podía ser así: el crimen se cometió en la ciudad y las fuerzas policiales capitalinas no intervinieron, ni intentaron intervenir a pesar de estar informadas; el subsecretario Regino estuvo todo el tiempo informado de lo que sucedía y no adoptó medida alguna esperando instrucciones de Ebrard, que éste no podía dar porque estaba en una reunión con empresarios; después, no se tomó medida disciplinaria alguna, ni siquiera con los mandos policiales de Tláhuac. Y además, tanto López Obrador como Ebrard, argumentaron que el presidente no tenía atribuciones para quitarlo de esa responsabilidad. Evidentemente, esas declaraciones pueden haber actuado como catalizadores de una decisión presidencial que probablemente no se quería adoptar inmediatamente después de los hechos de Tláhuac pero que se impuso, tanto en el DF como en la PFP, por el propio peso de los acontecimientos.
Se ha argumentado que ésta es una decisión política. Claro que lo es. Sería por lo menos ingenuo pensar otra cosa. La designación o la remoción de cualquier funcionario de primer nivel es política. Y esa decisión política de remover a ambos funcionarios es independiente de la investigación de la PGR, que definirá responsabilidades penales, que pueden o no incluir a Ebrard y a Figueroa en sus conclusiones. Aquí de lo que se habla es de responsabilidades políticas y operativas y el desenlace vivido era inevitable: la única pregunta es porqué tardó tanto en darse. La única forma en que, quizás, se pudiera haber evitado era que el mismo día 24 desde el GDF y la SSP-DF se hubieran aceptado responsabilidades, aunque fueran parciales y se hubieran adoptado las medidas en consecuencia.
En última instancia, lo que una vez más se vuelve a poner en el debate es el diseño institucional de la capital que sirvió para sacar acuerdos en la reforma del 96 y transitar en los primeros gobiernos de la alternancia, pero que ya no sirvan para gobernar: están basados en la tesis de que siempre habrá acuerdos (para nombrar al jefe de policía, al procurador, para aceptar decisiones judiciales o para realizar ciertas obras públicas del ámbito federal y local) pero la experiencia enseña que cada vez será más difícil estar de acuerdo entre ambos gobiernos. Y entonces las instituciones y las formas adoptadas fracasan. En todas las capitales del mundo que tienen gobiernos electos democráticamente, las policías de esas capitales dependen del poder ejecutivo federal, hasta por una cuestión de seguridad nacional (incluyendo la prevención asonadas o de intentos de golpes de estado). En nuestra capital, como en ningún otro lugar, la designación del jefe de policía es una atribución del presidente pero éste suele aceptar la propuesta que le envía el jefe de gobierno y ese funcionario trabaja cotidiana y activamente con éste, es parte de su equipo, no del presidencial, al que considera que no le debe ni siquiera obediencia. Ahora saldrá, de una u otra forma, Ebrard, habrá un sucesor y la historia volverá a repetirse, hasta que llegue el siguiente Tláhuac y otra vez se compruebe que no hay coordinación entre las fuerzas de seguridad porque dependen de mandos, de autoridades, de intereses diferentes y encontrados.
Por cierto, ¿cuándo se actuará contra la delegada en Tláhuac, Fátima Mena, no sólo por su evidente negligencia en la tarde y noche del 23 de noviembre sino también por la protección que le dan las autoridades locales a los grupos armados que operan en esa y otras zonas de la delegación (y en otras delegaciones de la ciudad)?