El video divulgado el martes en la tarde por la PGR confirma lo que aquí dijimos desde el 24 de noviembre pasado: el linchamiento de los policías en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, no fue un acto espontáneo de una turba. Se trató de una acción concertada, planificada, llevada a cabo a partir de la instigación de un grupo de dirigentes de organizaciones radicales relacionadas con algunos de los grupos en los que se ha dividido el EPR.
El video divulgado el martes en la tarde por la PGR confirma lo que aquí dijimos desde el 24 de noviembre pasado: el linchamiento de los policías en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, no fue un acto espontáneo de una turba. Se trató de una acción concertada, planificada, llevada a cabo a partir de la instigación de un grupo de dirigentes de organizaciones radicales relacionadas con algunos de los grupos en los que se ha dividido el EPR. Una organización que, como también dijimos entonces, lleva trabajando desde hace años, pero sobre todo desde el año 2000, en toda esa zona metropolitana, que incluye las delegaciones Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa, además de los municipios mexiquenses colindantes, aunque su labor es mucho más sólida del lado capitalino.
El video que fue localizado en la casa de venta de materiales de construcción que compartían Eduardo Torres Martínez y Alicia Zamora Luna, logró demostrar que fueron éstos, junto con otras personas, entre ellas un joven que cubría su rostro con un paliacate, quienes detuvieron a los policías, filmaron todo el procedimiento, quienes en todo momento supieron que se trataba de agentes de la Policía Federal Preventiva que les dijeron que iban tras la investigación de tiendas de narcomenudeo, aunque la información extraoficial insiste en que no sólo se "encontraron", como se ha dicho, mientras investigaban el narcomenudeo con la presencia de grupos guerrilleros, sino que era eso precisamente lo que estaban investigando y siempre supieron quiénes los estaban secuestrando, por eso insistían incluso en los momentos más delicados, en que indagaban sobre narcotiendas, ya que quienes los secuestraron eran, precisamente, las personas que ellos estaban investigando, como lo demuestran las fotos que los propios policías tomaron antes de su detención. El hecho es que los instigadores de la masacre siempre supieron qué sucedía, filmaron todo con lujo de detalles, incluyendo las credenciales de los policías y esperaron órdenes: una hora después éstas llegaron y se decidió el linchamiento. Ello confirmaría también la versión que le dimos el domingo pasado en razones del domingo de que uno de los hechos que catalizó la agresión fue que ese día habría una reunión de un órgano de dirección del EPR en la misma casa donde al día siguiente se encontró el video.
El propio hallazgo del video no parece ser una casualidad: si bien la pareja de Torres Martínez y Zamora Luna abandonaron su domicilio inmediatamente después de ocurrida la muerte de los policías, no deja de ser significativo que hubieran "olvidado" una prueba que los incriminaba de tal forma. No es en absoluto descabellado pensar que lo dejaron como una suerte de "firma", como un aviso explícito que permitiera dejar en claro cuál había sido el sentido de la brutal advertencia. Es lo que ya hemos comentado: se trata de la estrategia de la zona de control, donde las fuerzas de seguridad, como dijimos el 24 de noviembre, que no estén coludidas con esos grupos no pueden entrar. El control real es de estos grupos y así lo imponen: la estrategia la mostró y la puso en práctica Sendero Luminoso (una de las organizaciones con las que mantuvieron vínculos y abrevaron ideológicamente el EPR y sus diferentes derivaciones) hace décadas y en Tláhuac se cumplió escrupulosamente con ella. En este sentido, el hallazgo del video no sólo confirma cómo se dieron los hechos sino también que conlleva la adjudicación política del mismo, con todo lo que implica de desafío a las autoridades.
Claro, confirma también la terrible negligencia de las autoridades capitalinas, en particular de los elementos de la secretaría de seguridad pública presentes en los hechos y que no hicieron nada para impedirlos. Pero ¿se trata sólo de negligencia? No, el problema va más allá: para obtener una zona de control se requiere de la complicidad, económica o política de las fuerzas de seguridad locales. Los grupos como el EPR, con sus derivaciones en organizaciones de masas como el Frente Francisco Villa, han establecido un acuerdo con diferentes gobiernos en el DF y en algunos estados. Uno de esos acuerdos se dio en Oaxaca, ya lo hemos explicitado, durante la administración de José Murat, cuando se liberó prematuramente a todos los dirigentes detenidos de esa organización, muchos de los cuales, como parte de ese acuerdo, se reinsertaron en el cinturón urbano de la ciudad de México. También hubo acuerdos para no seguir las acciones penales contra muchos de los dirigentes reconocidos de esa organización, incrustados en las alas más radicales del CGH, concluido el proceso de huelga en la UNAM. En el DF los acuerdos con estos grupos se remontan a la administración capitalina de Manuel Camacho, y la relación con los mismos, desde los grupos de izquierda, la asumió un personaje entonces poco conocido y ahora muy público: René Bejarano, pero eso, entre otras razones, Bejarano cobraba en la nómina del departamento del Distrito Federal desde los tiempos de Camacho hasta los de Oscar Espinosa (después siguió cobrando pero ya en funciones públicas). Esos son los hilos, entre otros, que manejan Bejarano y su grupo. La estrategia Sendero que pasa por controlar los barrios marginales de las grandes ciudades, los grupos vecinales, el comercio ambulante, los que viven de alguna forma al margen o en el límite de la legalidad (a diferencia de las antiguas organizaciones de izquierda que planteaban como objetivo de su trabajo los obreros, los estudiantes o los campesinos organizados), se ha reflejado plenamente en esas organizaciones y van desde el Frente Francisco Villa hasta los taxis pirata, los llamados pantera, que aglutinan estas organizaciones. Parte de esos acuerdos es dejarlos trabajar en sus zonas de influencia sin molestarlos y ellos se comprometen a no molestar al gobierno capitalino. La delegada Fátima Mena es parte de una de esas organizaciones relacionadas con el bejaranismo. La actitud de la policía capitalina ante la detención de los policías de la PFP y la de la delegada, que llega al lugar y se va, pese a que en ese momento era evidente la agresión contra los policías federales secuestrados, lo que permite suponer es que no existe sólo omisión o negligencia de esos policías que observan fumando un cigarrillo como sus supuestos colegas con secuestrados y golpeados hasta la muerte. Lo que hace suponer es que existe una complicidad, un acuerdo político que quizás se les fue de las manos a las autoridades locales al llegar la información, en vivo y en directo, a los medios de comunicación. En última instancia si, con la misma lógica, desde el inicio de López Obrador en la capital se habían dado 23 linchamiento y no había pasado nada, si el propio jefe de gobierno había dicho que esos eran "usos y costumbres" del pueblo y que entonces con ellos "era mejor no meterse" ¿por qué iba a ser diferente en Tláhuac, donde, además, así se escarmentaba a los policías federales que habían osado entrar en una zona de control de estos grupos?
En otras palabras: lo que se debe investigar ahora es no sólo la omisión o la negligencia de esos policías, sino la complicidad de ellos o de sus mandos policiales o delegacionales con los instigadores del linchamiento. Porque por allí será la única vereda por la cual se podrá llegar a la verdad.
La disculpa de Creel, el deslinde de César Augusto
Hizo muy bien Santiago Creel al aceptar que hace un par de semanas se había equivocado, y gravemente, cuando desdeñó aquello de que en política la forma es fondo, acuñada, entre otros por don Jesús Reyes Heroles, pero sobre todo cuando terminó atribuyendo una serie de estigmas y lacras del viejo sistema precisamente a uno de los hombres más talentosos y honestos del mismo, cuya labor fue definitiva para avanzar en la apertura política del país. Creel, hay que reconocerlo, hizo públicos el ofrecimiento de su disculpa y la aceptación del error. Muchos políticos jamás aceptan haberse equivocado y sólo en algunas ocasiones lo hacen muy en privado.
En el otro bando, otro Santiago, el muy exitoso en este 2004 secretario de elecciones del PRI, César Augusto Santiago, no dejará esa responsabilidad como algunos filtraron (la suya es una cartera muy apetecida) cuando no lo vieron en la cena de fin de año del CEN tricolor. A César Augusto no le gustan esas celebraciones y no suele ir, pero no dejará la cartera electoral del PRI, aunque en estos primeros meses del año el CEN dejará que sean los estados en los que haya elecciones los que rijan su labor. César, desde allí, dice que está trabajando ya en otros proyectos de mayor envergadura…léase, decimos nosotros, una visión del 2006, al lado de Madrazo, claro.