El presidente Fox sostuvo ayer en la reunión que sirvió como marco para el relanzamiento de la reforma del Estado que el Estado mexicano jamás ha sido rebasado por el crimen organizado. Como declaración suena bien, como presidente es obvio que eso debe decir, pero los hechos demuestran que no es así, que el Estado efectivamente ha sido rebasado en muchas oportunidades y en muchos espacios por el crimen organizado que le disputa no de ahora, sino de tiempo atrás, el control territorial y político de muchas regiones del país. Es por eso, precisamente, que el narcotráfico y las distintas variantes del crimen organizado son el mayor desafío a la seguridad nacional.
El presidente Fox sostuvo ayer en la reunión que sirvió como marco para el relanzamiento de la reforma del Estado (una meta que hubiera sido mucho más viable en los dos primeros años de esta administración que en los dos últimos, pero que sigue siendo necesaria y demostrando el poder de convocatoria que, para estos temas, mantiene Porfirio Muñoz Ledo) que el Estado mexicano jamás ha sido rebasado por el crimen organizado. Como declaración suena bien, como presidente es obvio que eso debe decir, pero los hechos, los datos duros, demuestran que no es así, que el Estado efectivamente ha sido rebasado en muchas oportunidades y en muchos espacios por el crimen organizado que le disputa no de ahora, sino de tiempo atrás, el control territorial y político de muchas regiones del país. Es por eso, precisamente, que el narcotráfico y las distintas variantes del crimen organizado son el mayor desafío a la seguridad nacional.
Eso fue algo que no entendió plenamente el candidato Fox ni tampoco se lo comprendió, una vez ganada la elección del dos de julio, con claridad en su equipo de transición. Como en varios otros temas, Vicente Fox y parte de su equipo creyeron que el triunfo electoral, por sí mismo, cambiaría los escenarios, se montaron en una mitología sobre todas las perversiones del sistema priista, sin comprender que, por supuesto, mucho de éste era desechable pero que había políticas públicas que debían mantenerse y profundizarse porque estaban bien encaminadas. En la seguridad ocurrió algo así: primero, en una de sus declaraciones más desafortunadas, en el equipo de transición, se aseguró que el narcotráfico no era un desafío a la seguridad nacional, que se sacaría al ejército fuera de ese combate y que se le daría su verdadera dimensión: la de un problema simplemente policial. Evidentemente no era así y en un par de meses el presidente electo tuvo que modificar radicalmente su visión del problema. Luego se cometió otro error de fondo, institucional: la seguridad pública nunca debió salir del ámbito de la secretaría de Gobernación, y una vez fuera de ésta no se debería haber permitido que se establecieran prácticamente dos áreas sin colaboración real entre sí, entre la SSP federal, por una parte, y la PGR (y la Sedena) por el otro. El Consejo de Seguridad que se creó al inicio del sexenio sirvió durante unos meses como membrete pero evidentemente jamás pudo funcionar como tal, aunque allí se libró una dura lucha palaciega entre el secretario de Gobernación, Santiago Creel y el consejero Adolfo Aguilar Zinser para evitar que el Cisen quedara, también, fuera del ámbito de Gobernación.
El hecho es que el sexenio comenzó mal en materia de seguridad (con la fuga de El Chapo Guzmán y el atentado a Patricio Martínez en Chihuahua) y nunca se recuperó plenamente. Es verdad que se han dado varias capturas de narcotraficantes muy importantes y ha habido decomisos también muy considerables, pero la destrucción de las redes se ha dificultado porque lo que ha cambiado (y eso ya se perfila desde tiempo atrás, como lo asentamos en el libro El otro poder , Aguilar Nuevo Siglo, noviembre del 2001) con una creciente importancia del control territorial y un cambio de la configuración de las principales organizaciones del crimen organizado, que pasaron de ser estructuras verticales a horizontales, con mandos descentralizados y además con crecientes lazos entre el narcotráfico con otras ramas del crimen organizado, en particular el tráfico de personas, y algunos grupos armados. Desde entonces, el Estado mexicano ha sido desafiado por estas organizaciones y en muchas ocasiones rebasado por ellas.
Se podrá argumentar que, institucionalmente, no es así, sin embargo el poder real es el que se ejerce en una región o zona determinada y en muchas ocasiones las fuerzas institucionales existen, pero no son las que detentan verdaderamente el poder. Se puede realizar un recorrido por muchas zonas del país para constatarlo: por ejemplo, en el famoso triángulo dorado , en las fronteras de Sinaloa, Durango y Chihuahua, el control real está en manos del crimen organizado, y a esa zona sin apoyo armado, es casi imposible entrar. ¿Qué sucede en buena parte de la frontera de Tamaulipas?¿es verdad que en Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros los que tienen el control son las autoridades?¿qué pasa en zonas de Ciudad Juárez o de Tijuana, o en la ciudad de México en Iztapalapa o Tepito?¿quién controla amplias regiones en la sierra de Oaxaca o Guerrero, o en la selva chiapaneca?¿quién controlaba, por ejemplo, San Juan Ixtayopan donde el 23 de noviembre fueron linchados los policías federales o los poblados donde se han dado decenas de actos similares en los últimos tiempos?¿quién controlaba los penales federales?¿quién controla la mayoría de los penales estatales? En todos esos casos el Estado es rebasado por el crimen organizado y apenas ahora parece que se está retomando una verdadera estrategia más integral para atacar el problema, la misma (la de los dos últimos años de la administración Zedillo) que en su momento se dejó de lado, en parte por desconocimiento, en parte por una decisión ideologizada sobre la seguridad pública.
Es verdad que el Estado mexicano enfrenta, como decíamos en días pasados, un desafío de parte de algunas organizaciones del narcotráfico como nunca antes: el grupo de Osiel Cárdenas y su brazo armado, formado sobre todo por los famosos Zetas pero también por el grupo de los Texas (responsables de muchos de los ajustes de cuentas y secuestros en la zona de Nuevo Laredo) han declarado una guerra abierta y ultraviolenta contra las instituciones de seguridad, como lo escenificó el asesinato de los seis trabajadores del penal de Matamoros. En parte es así por el personaje involucrado, Osiel Cárdenas, por su forma de lograr, mantener y ejercer el poder en su organización y también porque, siendo la más violenta, ésta es una de las organizaciones menos sofisticadas del narcotráfico en México, una que sigue trabajando sobre un esquema vertical y un mando único. Paradójicamente, con una estrategia coherente, será más fácil derrotarlo en el corto y mediano plazo porque se basa en cabezas muy visibles y en un esquema de poder no compartido. Otros grupos, por supuesto muy violentos también e igual de peligrosos que el de Osiel Cárdenas, como los de El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada o Juan José Esparragoza (que son además sus enemigos en la batalla interna entre grupos del narcotráfico) no están participando, aparentemente, en “la guerra”, el “desafío” o como se le quiera llamar al enfrentamiento de los grupos de Osiel Cárdenas y una parte de los Arellano Félix con el Estado mexicano. No lo hacen esperando que en esa confrontación uno termine siendo aniquilado y el otro se debilite al tener que enfocar tantos esfuerzos materiales y humanos en una zona región o contra un solo grupo. Dice Sun Tzu en El arte de la guerra que “si el general del ejército enemigo es obcecado y fácilmente encolerizable, insúltalo, muévelo en cólera; de esa manera la irritación enturbiará su criterio y se lanzará sobre ti en forma irreflexiva y carente de plan”. En parte eso pareciera que es lo que le está sucediendo a los grupos ligados a Osiel Cárdenas y lo que lo estaría distinguiendo de sus adversarios como Guzmán, Zambada y Esparragoza.
Eso es, paradójicamente, lo que los termina volviendo en términos estratégicos más peligrosos a éstos últimos, porque son los que han afirmado y continúan afirmando, su control territorial, los mismos que establecen sus redes en el norte que en el centro del país y tienen un amplio control en la zona sur. No intentan ser tan espectaculares como Osiel, no llenan páginas de periódicos, no quieren intervenir abierta (y en ocasiones torpemente) en las decisiones políticas, pero, en una visión de largo plazo son los que más pueden estar socavando las bases institucionales del Estado.