No se puede construir la defensa de una verdad sobre una base de mentiras. El jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, tiene todo el derecho de defenderse de las acusaciones que se le hacen por el presunto desacato que cometió en el caso del predio El Encino pero no se puede ni debe hacerlo falseando la verdad y cometiendo violaciones a las leyes.
No se puede construir la defensa de una verdad sobre una base de mentiras. El jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, tiene todo el derecho de defenderse de las acusaciones que se le hacen por el presunto desacato que cometió en el caso del predio El Encino pero no puede ni debe hacerlo falseando la verdad y cometiendo violaciones a las leyes que pueden ser más graves aún que las que configuran la acusación en su contra.
Una de esas mentiras es el desmentido que hicieron, por una parte el diputado Manuel Camacho y por la otra el director de comunicación de López Obrador, el siempre mesurado César Yañez, respecto al berrinche que hizo el jefe de gobierno el sábado pasado ante la cobertura que merecía la agonía del papa Juan pablo II en los medios en demérito de la decisión de la Sección Instructora de dictaminar a favor del desafuero. Ambos, Camacho y Yañez, dijeron que López Obrador no había dicho eso, que era una distorsión de los medios y los comunicadores. Los dos mintieron: López Obrador dijo exactamente lo que se publicó y lo dijo en conferencia de prensa: hay grabaciones e incluso, por lo menos hasta ayer, estaba la versión estenográfica en la propia página web del gobierno capitalino. Lo que sucede con López Obrador es que como ocurre con otros políticos, cuando habla sin un guión previo, cuando deja sueltos sus demonios y su verdadera forma de ver las cosas, sale con excesos como éstos, que reflejan su verdadero carácter profundamente intolerante y su visión mesiánica (no lo decimos nosotros, se lo dijo el propio López Obrador hace cerca de un año en una entrevista a Carlos Marín, cuando se definió como “mesiánico y democrático”, sin comprender que no se puede ser las dos cosas a la vez) del poder y de su ejercicio.
¿Por qué mentir?¿por qué mejor no reconocer que se cometió un error o algo por el estilo? Por la sencilla razón de que nadie podrá recordar jamás que el jefe de gobierno, públicamente, haya aceptado el haber cometido un error: no lo hizo cuando defendió a Gustavo Ponce Meléndez exigiendo, a la misma hora que su secretario de finanzas se estaba dando a la fuga, que se le diera en la televisión un espacio para dar su versión de los hechos; nunca ha condenado públicamente a Bejarano e Imaz, no ha tomado medidas contra los personajes cercanos a quienes se corrompieron en su propio equipo ni contra quienes estuvieron cerca de ellos. Cuando se ha exhibido la ausencia de transparencia en la información del GDF ha buscado justificaciones, se ha comprometido a entregar información y no lo ha hecho, hoy seguimos sin saber cómo se financiaron las obras viales del gobierno capitalino e incluso el propio mapa de riesgos de la capital es considerada información reservada. Y cuando se le señala esto y muchas otras cosas, el jefe de gobierno, lisa y llanamente se niega a responder o termina hablando de las conspiraciones en su contra.
Y si el tema de la intolerancia y la no aceptación de los hechos, incluso de los tan evidentes como lo dicho en una conferencia de prensa, debe ser considerado, sin duda, como un problema de personalidad de cualquier político o gobernante, el mal manejo de los recursos públicos asume características mucho más preocupantes aún. Decía el escritor estadounidense Deshiell Hammett, que para saber quién y porqué había cometido un delito había que seguirle la pista al dinero. Y tenía razón, por eso sorprende la cerrazón, la negativa a cal y canto del gobierno capitalino a dar a conocer información respecto al manejo de sus finanzas, comenzando por instrumentos millonarios como el Fideicomiso creado para la construcción de sus principales obras viales, del que no sabemos siquiera cuánto de esos recursos provienen de instituciones públicas como Banobras. En otras palabras, no sabemos cuánto le prestó el gobierno federal al del DF para realizar esas obras y en qué condiciones. Si no conocemos la deuda pública de ese fideicomiso, mucho menos conocemos la deuda pública y privada que ha asumido el GDF, que se ha triplicado en los últimos años, ni en qué se han utilizado esos recursos.
Ese “desaseo” (llamémosle así) en el manejo de los recursos públicos, que incluyen el caso Ponce Meléndez por la secretaría de Finanzas del GDF (¿cómo podía no saber el jefe de gobierno de que su secretario de finanzas viajaba casi semanalmente a Las Vegas, que se compraba automóviles Porsche o decir que había llegado a esa responsabilidad simplemente por un movimiento de escalafón ante la renuncia de su antecesor, auqneu López Obrador y Ponce Meléndez se conocían desde muchos años atrás, cuando trabajaban juntos en el gobierno federal en épocas de López Portillo?), se complica aún mucho más cuando se quiere averiguar de dónde salen los recursos para financiar la campaña electoral del propio AMLO, disfrazada de la campaña contra el desafuero. Hay algunos datos: la ALDF ha destinado recursos para ese objetivo, el propio gobierno del DF ha aceptado, también, la utilización de recursos públicos con ese fin, según lo declaró en su momento el secretario de gobierno Alejandro Encinas, pero cada vez hay más datos desconcertantes, sobre todo por la magnitud de los recursos utilizados. Hoy sabemos que López Obrador está pagando un millón de pesos diarios (eso es lo que se reconoce públicamente) en spots de televisión para defenderse del desafuero (¿cuánto gasta en radio y prensa y en qué espacios?: ni López Obrador ni el GDF ni el PRD lo informan). Pero más aún: ahora sabemos también que en el acto de mañana en el Zócalo se gastarán nada más y nada menos que 12 millones de pesos, más de un millón de dólares, lo que alcanzaría para pagarle su pensión a más de 18 mil hombres y mujeres de la tercera edad.
¿Un millón de dólares sólo para un mitin, un millón de pesos diarios en spots de televisión?¿de dónde vienen esos recursos? Nadie lo sabe, la organización No nos vamos a dejar que es la principal proveedora de esos recursos no lo dice, el PRD-DF que se suponía que estaba casi en quiebra y altamente endeudado (lo mismo que el comité nacional, que según esto debía más de 480 millones de pesos, por lo menos esa fue una de las excusas utilizadas para desplazar a Rosario Robles) tampoco. Además, la Asamblea Legislativa del DF, utilizando la mayoría absoluta del PRD, se negó a que se auditaran los gastos realizados por el gobierno capitalino en la campaña contra el desafuero: ¿por qué tanta resistencia a decir de dónde viene tanto dinero?
La apuesta que están haciendo todos los participantes en este proceso es muy alta. Más grave aún, están apostando con recursos políticos y económicos que no son suyos: están en juego desde las instituciones hasta las finanzas públicas. No se vale, menos aún, tratar de construir una historia política a partir de una suma de mentiras.
Nuevo Laredo: la ley de la selva
Ayer en Nuevo Laredo fue asesinado el abogado Fernando Partida Castañeda y en otro atentado, poco después, fue muy gravemente herida la reportera Guadalupe García Escamilla, que había denunciado las extorsiones que sufrían dos presos del penal local que, curiosamente, fueron asesinados días después de la denuncia dentro del propio penal. Nuevo Laredo, desde hace mucho tiempo, está fuera de control, o mejor dicho bajo control del narcotráfico: la de ayer es una triste confirmación.