Uno de los hechos más bochornosos de la última semana, por encima de nigergate del presidente Fox o el escandaloso monto para gastos de campaña aprobados por el comité ejecutivo nacional del PAN, fue la fuga de Otto Herrera García del reclusorio sur de la ciudad de México, de la que se tuvo conocimiento hace exactamente siete días.
Uno de los hechos más bochornosos de la última semana, por encima de nigergate del presidente Fox o el escandaloso monto para gastos de campaña aprobados por el comité ejecutivo nacional del PAN, fue la fuga de Otto Herrera García del reclusorio sur de la ciudad de México, de la que se tuvo conocimiento hace exactamente siete días.
Se podrá argumentar que ha habido demasiadas fugas en los últimos tiempos, en todo tipo de penales. Y es verdad. Pero en pocos casos una fuga de un penal (uno de los más importantes del país) transparenta el grado de corrupción y falta de capacidad de unas autoridades carcelarias, en este caso las capitalinas, y su colusión con los principales grupos del crimen organizado.
Herrera García no era un criminal más. Cuando fue detenido hace un año en el aeropuerto capitalino se supo que era el narcotraficante más importante de Guatemala, una nación penetrada profundamente por los cárteles de la droga y donde recalan buena parte de los envíos de cocaína que llegan desde Colombia, sobre todo en lanchas rápidas que parten tanto desde la costa caribeña de esa nación como desde la vertiente del Pacífico. Herrera García estaba ubicado, el año pasado, al momento de su detención, en el lugar 41 entre los delincuentes más buscados por Estados Unidos a nivel mundial, incluyendo los terroristas más buscado del mundo. Tenía orden de aprehensión en Estados Unidos, que estaba gestionando su extradición desde México, la que en principio había obtenido, pero también de su país, Guatemala, de El Salvador, de Panamá, de Colombia: operaba desde esta nación sudamericana hasta los propios Estados Unidos. Un año antes de su detención en ciudad de Guatemala se le habían incautado además de 12 toneladas de cocaína pura, uno 15 millones de dólares, varias propiedades, tres avionetas y cuatro lanchas rápidas. Al ser detenido en México, acababa de vender en Cancún un yate por valor de dos millones de dólares. Tenía dos enlaces fundamentales: en Colombia trabajaba con el reagrupado cártel de Cali y con un narcotraficante llamado Francisco Cifuentes Villa, apodado Don Pancho . En México, si bien tenía relación con el grupo de Joaquín El Chapo Guzman, aparentemente su principal contacto era el socio de éste, Ismael El Mayo Zambada.
En Guatemala operan cinco grandes cárteles: los dos más importantes son el de Sayaché, en el Petén, en la zona en que se libró la guerra de guerrillas hasta hace unos pocos años, una zona de operación cercana a la frontera con Tenosique, Tabasco y con Marqués de Comillas en Chiapas; y el llamado cártel del Golfo, en la costa atlántica de Guatemala. Ambos están controlados por Herrera García y esa la plataforma idónea para el ingreso de drogas tanto por vía terrestre como por lanchas rápidas a toda la ruta de Chiapas, Tabasco y hacia la península de Yucatán, pasando por Belice, hacia Quintana Roo.
Las declaraciones sobre las fuga son vergonzosas. El ahora arraigado director del penal sostiene que el vienes pasado en la mañana se le informó que toda la población del penal estaba completa y que en la noche, cuando supo que habría un operativo de seguridad en el penal “descubrieron” que Herrera García no estaba, que se había ido. El propio director, Amaro Azuara González reconoce que entonces pidió el expediente de Herrera y descubrió que éste había sido saqueado, lo mismo que el libro de entradas y salidas de personas y vehículos en la aduana del penal. Cuando fue interrogado respecto a cuándo había sido visto por última vez en las cámaras de seguridad que supuestamente vigilan el dormitorio donde estaba el detenido (en lugar de tenerlo aislado estaba en un dormitorio con otras 50 personas), el director del penal reconoció que de las cuatro cámaras que están allí instaladas, una enfoca sólo la entrada del lugar; otra a un pasillo y las otras dos no funcionan porque a los custodias “no les gusta ser monitoreados”.
Pero el problema es mucho más grave. El hecho es que la dirección del penal, aunque se haya enterado una hora antes de la fuga de este personaje, nunca avisó a las autoridades federales (y se supone que tampoco a las locales). La fuga se descubrió cuando, como sucedió con el caso de El Chapo Guzmán, llegó a las puertas del penal un operativo de vigilancia y fue hasta entonces que las autoridades aceptaron que les faltaba uno de los principales reclusos.
La serie de irregularidades va mucho más allá: dos días antes de que se conociera de la fuga, se “extravió” una pistola propiedad de la Dirección General de Reclusorios y las autoridades del penal tampoco iniciaron una averiguación previa, simplemente ordenaron abrir un acta administrativa. Peor aún, poco antes de que se diera a conocer la fuga de Otto Herrera, a la aduana del penal llegó un camión de tres toneladas y media con despensas para distintos internos, que fueron recibidas por el propio Herrera. Resulta desconcertante, por lo menos, que las autoridades penitenciarias permitieran que uno de sus reos más peligrosos pudiera acceder hasta ese vehículo, en el cual muy probablemente se dio a la fuga sin control alguno de las autoridades. El hecho de que hayan desaparecido los registros de entrada y salida de esa aduana penal, fortalece esa hipótesis.
Obviamente con la fuga se abortó la extradición de Herrera García a Estados Unidos y a diferencia de lo que pueden algunos considerar, la falta de confianza de las autoridades de ese país se ha acrecentado, particularmente con el gobierno capitalino que no sólo no ha asumido su responsabilidad en los hechos sino que ha acentuado las sospechas ante la insistencia en que no está en condiciones de cuidar a presos que requieren un nivel de seguridad alto como Herrera García o ahora el hijo de El Chapo Guzmán.
Y para terminar de borrar las pistas, ayer fue asesinado Alejandro Vidal Vázquez, uno de sus operadores más cercanos de Herrera en el penal, que apareció apuñalado sin que nadie, por supuesto, hubiera visto nada. Y tanto el secretario de gobierno, Alejandro Encinas, como su subsecretario, Jesús Zambrano, públicamente consideran la situación del reclusorio sur como “normal”. No nos equivoquemos: quizás desde una óptica muy especial, ésta es una situación de normalidad. Lo lamentable es que esa normalidad vulnera cotidianamente la gobernabilidad y la confianza en el país.
Dos buenas decisiones de la Corte
El miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión sabia y rechazó el amparo que había promovido Armando Medina Millet, condenado en todas las instancias de la justicia yucateca por el asesinato, hace ya diez años, de su esposa, Flora Ileana Abraham. Una decisión justa porque, si bien han existido irregularidades en el proceso (que han afectado a ambas partes) es evidente la responsabilidad de Medina Millet en esos hechos. Doblarse a la presión de un gobernador hubiera sido un pésimo antecedente para la justicia en nuestro país. Y ayer, la Corte tomó otra decisión compleja, difícil: decidió rechazar por notoriamente improcedente la controversia que había enviado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contra la cámara de diputados, argumentando que ésta no tenía atribuciones para desaforar y separar de su cargo a López Obrador. Fue la de la ALDF fue una jugada legal para ganar tiempo y negociar, así, el perdón presidencial al jefe de gobierno. Pero todavía debemos preguntarnos, a la luz de esta resolución, qué tan legal fue todo el procedimiento que concluyó con el no ejercicio de acción penal de la PGR.