No hay a quien irle. Ni el presidente Fox ni el jefe de gobierno capitalino, López Obrador, tienen el más mínimo recato para no utilizar políticamente una historia tan dramática como el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Uno no ha podido con el caso pero dice que ya lo resolvió, el otro lo usa como lema de campaña electoral sin mostrar un solo argumento a favor de sus promesas.
No hay a quien irle. Ni el presidente Fox ni el jefe de gobierno capitalino, López Obrador, tienen el más mínimo recato para no utilizar políticamente (y con la mayor irresponsabilidad) una historia tan dramática como el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Uno no ha podido con el caso pero dice que ya lo resolvió, el otro lo usa como lema de campaña electoral sin mostrar un solo argumento a favor de sus promesas.
El presidente Fox esta semana dijo, primero, que la mayoría de los casos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez estaban ya aclarados, y que todos los culpables estaban presos y condenados. Para no variar, acusó a los medios de “refritear” los mismos casos. Se le vino el mundo encima. Entonces, al día siguiente, como se ha convertido en una costumbre, el vocero presidencial Rubén Aguilar salió a explicar qué había querido decir el presidente y luego, el propio primer mandatario, trató de aclarar su declaración. Sostuvo que el número de mujeres asesinadas en Juárez es superior a las 300 y que los casos aclarados suman poco más de 200. Con eso, aseguraba, se confirmaba su declaración anterior. En realidad la estaba negando porque ello implica que existen un centenar de casos sin resolver: un tercio del total. Y, además, la mayoría de esos casos son, precisamente, los que conllevan las características más aberrantes. Son también, hay que reconocerlo, muchos de los casos más viejos, de casi una década atrás y que no fueron investigados correctamente durante la administración de Barrio Terrazas.
Para desmentir al presidente, la procuraduría, por órdenes presidenciales, el mismo día que aquel aseguraba que ya los casos de las muertas estaban aclarados y los culpables condenados, reemplazaba en una decisión no explicada aún, a la fiscal María López Urbina, una de las mejores funcionarias de la PGR en el ámbito de la investigación, por la ex ombudsman nacional Mirelle Rocatti, una mujer con experiencia en derecho, quien libró la primera recomendación de la CNDH sobre estos casos hace casi nueve años, pero sin la experiencia policial y de investigación de su antecesora. Según la dependencia federal, el reemplazo se dio para acelerar y ahondar en las investigaciones de los asesinatos, algo difícil de realizar si se supone que éstos ya están aclarados y juzgados los responsables, como había dicho el presidente.
¿Por qué se reemplazó a López Urbina? Porque tocó el centro del problema en sus investigaciones y eso provocó reacciones, una vez más, en los dirigentes panistas y nuevamente, el gobierno no respaldó a los verdaderos profesionales de la seguridad. López Urbina, además de poner orden en la investigación, rescató los periciales de los casos más antiguos, casi todos sin resolver, y encontró las múltiples irregularidades en las que habían caído las autoridades responsables: inició procesos contra más de 40 ex funcionarios estatales y municipales. Para su desgracia, la mayoría de esos ex funcionarios eran panistas, muchos de ellos conocidos de Manuel Espino de los años en que éste fue funcionario de vinos y licores de Ciudad Juárez y ello generó, como ocurrió en el caso de Nahum Acosta, la presión de la dirigencia panista sobre el presidente Fox, para quitar a López Urbina de una posición donde su mayor pecado fue hacer bien las cosas y colocar el dedo en la llaga: esos casos no se resolvieron, en buena medida, por la negligencia, el desinterés, la corrupción de las autoridades de aquella época, precisamente cuando se decía que las mujeres eran secuestradas, violadas y asesinadas porque cometían el terrible pecado de ir a bares después del trabajo o salir a bailar usando minifaldas.
Pero claro, el error presidencial no podía ser ignorado por quien ya se siente el ocupante de Palacio Nacional. López Obrador que jamás hasta ahora se había ocupado del tema de las mujeres muertas en Juárez, ahora, ya en plena etapa de promesas para su futura presidencia, ayer aseguró que cuando llegue a esa posición su prioridad será investigar la historia de las mujeres asesinadas en Juárez y prometió castigar a los culpables. Obviamente no ha dicho cómo lo hará ni qué le genera tanta confianza, sin hacer siquiera un diagnóstico del caso, para ofrecer semejante promesa de campaña. Menos aún se le puede creer cuando el día anterior dejó a muchos con la boca abierta cuando aseguró que la ciudad de México (esa misma ciudad donde los que vivimos aquí nos sentimos irremediablemente inseguros y donde salir a la calle es una lotería; la misma ciudad donde usted, lector en los estados trata de venir lo menos posible, temeroso y con razón de su seguridad personal), es una de las más seguras del país, comparándola con la ola de asesinatos que se dan en el norte de la república y obviando, por supuesto, las enormes diferencias que existen entre una situación y la otra (en Sinaloa, por ejemplo, ha habido más de 200 asesinatos por ajustes de cuentas del narcotráfico, pero en lo que va del año no ha habido secuestros; en el DF hay un promedio de 1.70 asesinatos diarios, lo cual nos lleva a la cifra de unos 200 asesinatos también, pero en lo que va del año ha habido 48 secuestros denunciados) y sin poder explicarnos porqué, asegura que vivimos el momento de mayor seguridad pública en la capital de los últimos once años. Lástima que los habitantes de la ciudad no lo percibimos así.
Pero el hecho es que hay tantos muertos diariamente en la ciudad de México como en cualquiera de los estados del norte aquejados por la violencia del narcotráfico (muy presente, también, en todas sus variables en la ciudad de México); hay más mujeres asesinadas en la ciudad de México que en Ciudad Juárez; el número de violaciones en la capital del país es más alto que el de Nueva York o Bogotá y mucho mayor que los denunciados en Juárez, por ejemplo; si de asesinos seriales hablamos, desde hace tres años, existe un ola de crímenes seriales contra ancianas que no ha merecido siquiera la atención de las autoridades e incluso no se sabe, con exactitud, la cifra de las ancianas asesinadas con el mismo modo de operación, y las autoridades capitalinas insisten, como hacían las de Juárez y Chihuahua hace diez años, en que los casos no tienen conexión entre sí, aunque no encuentren el móvil y todos se realicen de la misma manera.
¿Cómo puede prometer López Obrador que solucionará, así, con tanta ligereza, el caso de las muertas de Juárez, sino puede resolver el de las ancianas muertas en el DF, si no puede reducir la violencia y la inseguridad en la capital, si no cumple con lo que prometió de recuperar la ciudad para la gente? Esta semana salieron diez mil personas a protestar por la situación de inseguridad que priva en Juárez y tenían todo el derecho, y la razón, al hacerlo y nadie los descalificó. Hace once meses salimos millones de personas, en una marcha sin ningún respaldo partidario u oficial a protestar por la inseguridad, sobre todo en la ciudad de México y el área metropolitana: fue la marcha más concurrida de la historia reciente de nuestro país. Pero el mismo jefe de gobierno que ahora prometer resolver el caso de Juárez en cuanto llegue a la presidencia, ignoró la marcha, la calificó de una expresión de la ultraderecha, de pirruris y riquillos, y jamás, hasta hoy, se disculpó con los millares y millares de víctimas de la delincuencia en la ciudad.
Nuestros gobernantes, en realidad, juegan con el tema de la seguridad porque no quieren afectar intereses creados, porque luchar contra la inseguridad genera costos y no quieren asumirlos. Y en eso López Obrador y Fox son iguales.