La violencia: de Tláhuac a Acapulco, por la vía corta
Columna JFM

La violencia: de Tláhuac a Acapulco, por la vía corta

¿Qué pasa realmente que todo parece estar suelto en materia de seguridad?¿es creíble, como dicen las autoridades, que estamos asistiendo a una suerte de efecto hormiguero, que ante los éxitos de las autoridades los grupos delincuenciales se han dispersado e incrementado su violencia en busca de nuevos espacios? Que ahora, cuando están por cumplirse cinco años de haber asumido el poder el presidente Fox, se intente responsabilizar al pasado de estos problemas, de la violencia y la inseguridad que han crecido en forma geométrica en los últimos años es descabellado. Es una responsabilidad directa del actual gobierno, comenzando por sus muy desafortunadas decisiones originales en materia de seguridad.

¿Qué pasa realmente que todo parece estar suelto en materia de seguridad?¿qué sucede que la violencia sacude cotidianamente a prácticamente todas las ciudades del país?¿es creíble, como dicen las autoridades, que estamos asistiendo a una suerte de efecto hormiguero, que ante los éxitos de las autoridades los grupos delincuenciales se han dispersado e incrementado su violencia en busca de nuevos espacios?¿tiene algo de verdad decir que después de cinco años de gobierno, el vocero presidencial Rubén Aguilar asegure que la responsabilidad es de las anteriores administraciones que dejaron crecer el problema? Un ejemplo, estoy leyendo una extraodinaria biografía de John F. Kennedy, escrita por R. Delleck: cuenta que a Kennedy y a su equipo lo acusaban de inexpertos cuando asumieron la presidencia y él mismo reconoce que lo era, y que cometió errores como el de la falta de control en Bahía de Cochinos o su falta de preparación mental para enfrentar su primera reunión con Jruschov en Viena o los problemas que se le presentaron cuando en los primeros días de su mandato no pudo darle un cauce adecuado a las luchas por los derechos civiles. Pero esa inexperiencia que abarcaba desde los capítulos más delicados de la guerra fría hasta los graves conflictos raciales tuvo un límite de tolerancia, interna y externa, que se fijó en los 100 primeros días de gobierno: después, el propio Kennedy asumió que los errores eran suyos, que lo que no hubiera podido aprender en ese lapso de escasos tres meses, ni la clase política, nacional e internacional, ni la opinión pública lo aceptarían como errores del pasado. Y así actuó. Que ahora, cuando están por cumplirse cinco años de haber asumido el poder el presidente Fox, se intente responsabilizar al pasado de estos problemas, de la violencia y la inseguridad que han crecido en forma geométrica en los últimos años es descabellado. Es una responsabilidad directa del actual gobierno, comenzando por sus muy desafortunadas decisiones originales en materia de seguridad, entre ellas por la separación del área de seguridad de la secretaría de gobernación y siguiendo por el haber permitido que durante más de tres años existiera una profunda división, con estrategias diferentes y encontradas, entre los responsables de la misma.

Entonces no estamos ni ante un problema heredado del pasado ni tampoco nada parece indicar que se trate de una consecuencia indeseable de los éxitos obtenidos en el presente. Por el contrario, se están confirmando algunos de los fenómenos sobre los que ya se había advertido hace algunos años, particularmente, los relacionados por la disputa por el control local de los territorios de parte del crimen organizado y, en algunas regiones, por la confluencia de grupos armados con organizaciones del crimen organizado. En los hechos, lo que tenemos es una pérdida de control del Estado mexicano en el ámbito muy amplio de la seguridad y de la inexistencia de una estrategia realmente global, integrada, para enfrentar ese desafío.

Por ejemplo, nadie puede oponerse, per se, a la existencia de un operativo como el llamado México Seguro, pero la verdad es que en términos de opinión pública nadie sabe muy bien de qué se trata, cuáles son los objetivos de ese operativo y cuáles son los plazos a cumplir: es imposible saber cuáles han sido entonces los parámetros que utilizan las autoridades para decirnos que ha sido exitoso. Lo que vemos, es que el operativo no ha servido ni para desarticular las bandas del crimen organizado ni tampoco para hacer retroceder la violencia que azota a algunas ciudades como Nuevo Laredo: si de lo que se trataba era de controlar la violencia en la frontera eso no ha sucedido y si el objetivo era establecer un mecanismo de control global, tampoco, porque la violencia se ha extendido a otros puntos del país como Guerrero y Michoacán. En términos operativos es inexplicable que en pleno centro de Nuevo Laredo, a dos cuadras del palacio municipal, se asesine a las nueve de la mañana al edil responsable de la seguridad pública local, y las fuerzas policiales, federales y locales que están resguardando la ciudad, tarden más de media hora en llegar al lugar de los hechos, ya ni hablemos de detener a los responsables. No sé si ese es el objetivo de México Seguro, pero se antoja difícil explicar porqué no se podría literalmente peinar la ciudad de un extremo al otro en días, por lo menos para localizar los arsenales que utilizan los grupos que operan allí. ¿Qué se restringirían algunas libertades? Es probable, pero dudo mucho de que la sociedad de Nuevo Laredo no lo acepte como una medida de emergencia para salir del actual atolladero en el que se encuentra.

Ahora se nos dice que iniciará la segunda etapa del mismo operativo México Seguro y estamos igual que antes. No podemos saber en qué consiste esa segunda etapa y a dónde quiere llegar. Quizás tiene principios correctos, aplicables, quizás es una estrategia acertada, pero no la conocemos y tampoco sabemos cómo evaluarla. Con un punto adicional: un operativo como México Seguro es eso: un operativo, no una estrategia global. Sirve para atender un caso específico, como podría ser el de Nuevo Laredo, pero no para abarcar todo el país porque simplemente no alcanzan las fuerzas de seguridad para ello. Entonces el planteamiento tendría que ser otro y tratar de lograr con México Seguro, éxitos concretos, indiscutibles y localizados mientras se avanza en esquemas locales y regionales mucho más eficientes

Uno de los puntos que impide que se perciban los avances que se pudieran tener en estos aspectos, es que no se habla con claridad. La seguridad es el mayor desafío que debemos enfrentar en la agenda nacional y la mayor preocupación social, económica y política de la sociedad. Respecto a la violencia que esa inseguridad conlleva y que se está viviendo en todo el país, tendríamos que ser cuidadosos, en identificar dos tipos de violencia diferentes, con distintas repercusiones. Una es la violencia derivada de los grupos del crimen organizado enfrentados entre sí por el control de territorios y que ha ocasionado buena parte de los ajustes de cuentas que hemos visto en los últimos meses. Y esos enfrentamientos tienen relación con una modificación importante en la geografía de poder de los grupos del narcotráfico en el último año y en los cambios de gobierno en estados tan importantes para esa actividad como Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Guerrero, pero sobre todo con la percepción de un vacío de autoridad en ese ámbito que se escenifica con claridad en la incapacidad del gobierno federal de establecer esa estrategia global de la que hablábamos y la decisión de la mayoría de los gobiernos estatales de no enfrentar un fenómeno ante el que no se sienten preparados o, no les interesa o mucho más simplemente, tienen miedo o intereses que les impiden hacerlo.

Ese es un tipo de violencia. El otro, y en eso hemos insistido en múltiples oportunidades, es el que generan los grupos armados, guerrilleros o como se les quiera llamar. Esos grupos allí están y están operando. Es difícil creer que los últimos hechos en Acapulco o Atoyac, en Guerrero, sean responsabilidad de simples cárteles del narcotráfico, que allí están pero que no necesitan, como se dijo, “anunciar” la llegada de 120 miembros de los Zetas para controlar el puerto. No tiene sentido. Sí lo tiene la existencia de grupos que quieren desestabilizar el puerto y el estado para ganar espacios. El gobernador Zeferino Torreblanca debería entenderlo porque lo mismo sucedió desde el mismo día en que ganó, hace ya algunos años, la presidencia municipal de Acapulco y fue asesinado uno de sus colaboradores, después se supo que por miembros del ERPI que buscaban ganar así mayores espacios en el futuro poder local. Porque no nos engañemos: entre Tlahuac y Acapulco no hay tanta distancia, en estos aspectos, como algunos podrían imaginar.

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