El presidente Fox deberá tomar la que posiblemente será la decisión más difícil de estos cinco años en el poder: el reemplazo de Ramón Martín Huerta en la secretaría de seguridad pública federal. Será muy difícil encontrar a alguien que pueda llenar el espacio del fallecido secretario y no se trata de capacidad personal solamente, sino también y sobre todo, de cercanía, confianza, relación personal y de amistad.
Desde el punto de vista no hay sucesor posible. Pero el presidente deberá designar uno y debe hacerlo rápido tomando en cuenta más una visión de Estado que una político-partidista.
En estas horas, el presidente Vicente Fox deberá tomar la que posiblemente será la decisión más difícil de estos cinco años en el poder: el reemplazo de Ramón Martín Huerta en la secretaría de seguridad pública federal. Será muy difícil porque el presidente Fox no podrá encontrar a nadie que pueda llenar el espacio del fallecido secretario. No se trata aquí de capacidad personal solamente, sino también y sobre todo, de cercanía, confianza y hasta relación personal y de amistad. Lamentablemente todo eso no viene con una designación de un funcionario sino que es resultado de una historia y nadie en el equipo de gobierno y entre los cuadros que podrían llegar a esa posición, tiene una historia de relación política y personal con el presidente como la que tenía Ramón Martín Huerta.
Desde ese punto de vista no hay sucesor posible. Pero el presidente deberá designar uno y debe hacerlo rápido tomando en cuenta más una visión de Estado que una político-partidista. Puede haber, en el papel, muchas opciones, pero en la realidad son muy pocas. Si se va a optar por los actuales funcionarios de la secretaría, necesariamente la designación tendría que recaer en Miguel Angel Yunes. No sólo porque de los actuales funcionarios es el que cuenta con mayor experiencia y ha demostrado un grado mucho más alto de eficiencia, sino también hasta por el hecho verificable de que fue a partir de su designación (después de los sucesos de Tláhuac) que la gestión de Ramón Martín Huerta tomó un curso definido y comenzó a tener resultados. Yunes se había convertido en la mano derecha y el mejor operador de Huerta y ese solo hecho, en circunstancias normales, tendría que volcar en su favor la designación, sobre todo si el presidente está pensando en garantizar, por una parte, la continuidad de la política que se había establecido y, además, un grado de eficacia alto en el último año de su gestión, durante el cual, más aún que ahora, la seguridad pública será de una importancia clave para la seguridad nacional y obviamente para el proceso electoral.
¿Qué podría ir en contra de Yunes?. La política partidaria: no es panista y hay miembros de ese partido que quieren que las posiciones que queden libres sean ocupadas por integrantes del partido en el poder. Estaría bien si hubiera en el panismo gente con experiencia federal en el tema y que pudieran hacerse cargo, sin un largo periodo de aprendizaje, del manejo de la secretaría (recordemos que pese a su experiencia y su paso previo por la secretaría de Gobernación, a Ramón Martín le tomó casi seis meses agarrar los hilos de la seguridad pública y no fue un aprendizaje indoloro), o que no estuviera, desde ahora, con intereses electorales muy concretos, buscando una posición de elección popular para el año próximo. La verdad se podría hacer una revisión incluso detallada de los hombres con trayectoria panista que pudieran cubrir esos aspectos y no aparece quién pudiera ser ese reemplazante.
Si se recurre a los miembros de la secretaria, están los subsecretarios Yunes y Rafael Ríos y ninguno es panista. En términos de experiencia y capacidad de operación Yunes le lleva muchísima ventaja al ex funcionario del Cisen. Incluso, por simple lógica política si el designado es Ríos se tendrá que buscar, además, un subsecretario que reemplace a Yunes. En realidad el único argumento que se podría utilizar contra Yunes es su relación con Elba Esther Gordillo y que se considerara que ello lo podría perjudicar en su desempeño. Hasta ahora no ha sido así y no le ha impedido mantener una buena relación con distintos priistas de muy alto nivel. Visto con sentido estratégico, desde el gobierno federal, tampoco debería ser considerado un problema.
Si no es Yunes el designado, se tendrán que hacer movimientos mayores que afectarán distintas áreas de seguridad. Una de las cartas que se han manejado es que podría ser designado el actual director del Cisen, Eduardo Medina Mora (quien preferiría continuar en esa posición más que exponerse a una tan pública como la SSP), con quien muy probablemente podría seguir trabajando Yunes. Para comisionado de la PFP se habla de un militar, aunque podría resucitar la idea que se frustró en su momento de trasladar a esa posición al actual director de la AFI, Genaro García Luna, que ha realizado una labor notable en la agencia (el rescate de Rubén Omar Romano el mismo día del accidente de Ramón Martín Huerta es la mejor demostración de ello) y que además fue fundador, junto con su entonces jefe, Wilfredo Robledo Madrid (afortunadamente reivindicado en su honestidad personal y en su capacidad profesional al ser designado secretario de seguridad pública del estado de México, en una de las mejores designaciones del gobernador Enrique Peña Nieto) de la PFP. Como García Luna ha creado cuadros propios en la AFI, alguno de ellos podría reemplazarlo, aunque la posibilidad no le gustará nada al procurador Daniel Cabeza de Vaca.
Se ha especulado, también, con la posibilidad de que pudiera designarse en seguridad pública a un militar. La idea no parece descabellada, aunque en todo caso parecería más idónea esa designación para el comisionado de la PFP que para el secretario, una posición en la que, necesariamente, se requiere de experiencia y manejo político.
A todo esto hay que agregarle un factor: la relación en el tema con los gobiernos estatales, por una parte, y con los Estados Unidos por la otra. Y en ello, nuevamente, lo que hay que privilegiar es la experiencia y la eficacia. El presidente Fox deberá decidir, entonces, entre apostar a la mejor solución concreta para el área con una visión de Estado u obedecer a los intereses de la más estrecha coyuntura política. Existiría otra opción, como hemos dicho: reestructurar, nuevamente, toda el área. Parecería una buena decisión un par de años atrás. Hoy, a nueve meses de las elecciones es demasiado arriesgado.
¿Accidente o atentado?
La política informativa del gobierno federal el miércoles, fue un desastre. No puede ser que durante horas no se pueda cubrir la información sobre un accidente de estas características. Una cosa es no especular, otra generar un vacío informativo que lo único que propicia es todo tipo de especulaciones. La idea del atentado, lo decíamos ayer, no es ni remotamente descabellada. Los diversos testimonios que hemos podido recoger en las últimas horas parecen inclinar la posibilidad mucho más hacia el accidente propiciado por una falla humana provocada, probablemente, por la premura en llegar a La Palma y la imposibilidad de sortear con éxito el banco de niebla existente en ese momento en la zona, mismo que se podría haber evitado haciendo lo que hizo el helicóptero que volaba detrás del que transportaba a Ramón Martín y donde iba Robledo Madrid de regreso a Toluca, luego de una reunión con Joel Ortega en el DF. Desde allí vieron la nave de la SSP internarse, para tomar la vía corta, entre la neblina de la zona. Pero el gobierno no puede cancelar la investigación sobre la posibilidad, aunque parezca remota, del atentado. Tampoco puede decidir qué fue lo que ocurrió cuando aún no se ha iniciado, siquiera, el peritaje oficial. El tema son las percepciones y ninguna es más importante que mostrar que las autoridades mantienen la calma y sobre todo el control sobre la situación.