Hay varios elementos que pueden enturbiar el proceso electoral que inició el jueves pasado. El primero y principal de ellos es el dinero. El segundo, relacionado con aquel es el de los medios. En estos primeros días de campaña muchos aspectos que cruzan ambos ámbitos amenazan con profundizarse en las próximas semanas. Uno de los temas que mayores debates y conflictos ha causado en este ámbito es que el 90 por ciento del paquete publicitario que manejará el IFE para las estaciones de radio se distribuirá entre sólo dos grupos: un 50 por ciento para Radio Fórmula y un 40 por ciento para Radio Centro. Las razones de esa distribución nadie la sabe de cierto, pero ello ha provocado una verdadera revolución entre muchos concesionarios que especulan con que todo se trata de un acuerdo realizado tras bambalinas.
Hay varios elementos que pueden enturbiar el proceso electoral que inicio, formalmente el jueves pasado. El primero y principal de ellos es el dinero. El segundo, relacionado con aquel es el de los medios. En estos primeros días de campaña muchos aspectos que cruzan ambos ámbitos han estado en el debate y los mismos amenazan con profundizarse en las próximas semanas.
Uno de los temas que mayores debates y conflictos ha causado en este ámbito es que el 90 por ciento del paquete publiciatario que manejará el IFE para las estaciones de radio se distribuirá entre sólo dos grupos: un 50 por ciento para Radio Fórmula y un 40 por ciento para Radio Centro. Las razones de esa distribución nadie la sabe de cierto, pero el hecho es que no guarda relación con la presencia de los distintos grupos radiofónicos del país y deja fuera a una enorme cantidad de medios. Ello ha provocado una verdadera revolución entre muchos concesionarios que especulan con que todo se trata, simplemente, de un acuerdo realizado tras bambalinas.
Si a eso se suma que algunos partidos han adoptado posiciones similares canalizando hacia un medio o dos todo su paquete publicitario (lo que ha ocasionado que ya, a pocos días de iniciada la campaña algunas cadenas hayan “bajado” a sus reporteros de algunas de ellas), veremos que no se trata del mejor escenario posible para garantizar, en uno y otro sentido, un espíritu de equidad en el proceso electoral. La selectividad tan marcada en la distribución de publicidad, incluso oficial, se ha convertido en una norma en muchos espacios: la información divulgada días atrás por Crónica que mostraba que López Obrador había gastado en su imagen, en su último año de gobierno en el DF, 73 millones de pesos es importante, pero más sugestivo es que el 50 por ciento de esos recursos hayan ido a Televisa, que en prensa escrita la parte del león se la haya llevado un solo medio, La Jornada, y que la mayor parte de los recursos para radio hayan ido no para una cadena sino para la agencia Detrás de la Noticia que produce los programas de Ricardo Rocha y ahora el programa mañanero de López Obrador. Son tres empresas muy respetables y ellas no son responsables de cómo el GDF gasta su presupuesto, pero cuando una institución pública distribuye de una forma tan sesgada su gasto publicitario, no se puede esperar más que un debate áspero entre los propios medios.
Hay que recordar que, además, esto se da en un escenario muy complicado: las reformas a la ley federal de radio y televisión y a la ley federal de telecomunicaciones, que algunos califican como una ley impulsada sólo por una empresa, por Televisa, y que ya fueron aprobadas por unanimidad en la cámara de diputados pero que están siendo analizadas en estos momentos en la de senadores, también ha dividido a la industria en varios grupos: los que apoyan incondicionalmente esa reforma (en principio sería sólo la empresa de Chapultepec 18 con algunos concesionarios muy cercanos); una amplia franja de concesionarios, sobre todo de estaciones AM, que se oponen frontalmente a la misma, divididos a su vez en dos grupos, los de empresas poderosas como Radio Fórmula pero que tienen sus cadenas conformadas por numerosas emisiones de AM, y los muy pequeños, que sólo tienen algunas estaciones en esa frecuencia. Unos y otros podrían quedar rebasados en los próximos años por el cambio tecnológico y están reclamando concesiones de frecuencia modulada que les garanticen continuidad. Luego existe un tercer grupo en el que se encuentran grandes empresas que basan su difusión en cadenas de FM, aparentemente con el apoyo de Azteca, que están preocupados, si se aprueba la ley sin modificaciones, de que una empresa termine monopolizando aún más que hoy, el sector. Eso ha generado una lucha durísima en el sector que hoy está más dividido que nunca.
También existe una profunda división en los medios escritos y en ocasiones bandazos informativos tan notables que hacen pensar que ello se debe a diferencias marcadas por el reparto del pastel publicitario electoral.
A eso debe sumarse, el debate que se ha generado por el inicio del programa López Obrador…La otra versión, que comenzó a trasmitirse en las mañanas por televisión Azteca. El PRD pagó 17 millones de pesos por ese espacio (independientemente de sus costos de producción), aunque hay versiones de que el costo real debería ser mucho más alto (en realidad, es equivalente, ese costo, al del programa, también pagado, que tiene, por ejemplo, el Dr. Simi en Televisa). El propio Dr. Simi impone, vía su fuerte presencia en medios, en más de un caso, la autocensura de algunas empresas de comunicación.
La lista podría continuar, pero el enfrentamiento que se está dando en el mundo de los medios por los recursos publicitarios (de los partidos y de las instituciones públicas) es sólo una parte de un panorama electoral en el cual el dinero puede ser dominante y no transitar, por lo menos no siempre, por los canales más transparentes. El IFE no tiene instrumentos legales suficientes como para garantizar plenamente el control del gasto en las campañas: ninguno de los partidos quiso impulsar reformas al respecto en el congreso, y si bien la auditoria de los recursos entregados por las autoridades electorales son escrupulosas, en las campañas, sobre todo en el ámbito local, pueden llegar muchos recursos de fuentes no legítimas, incluyendo el narcotráfico. Incluso la distribución de los recursos públicos a los medios puede terminar estableciendo compromisos de ciertos medios con algunos candidatos y ello, nuevamente, es imposible de regular con la legislación actual.
Nadie debería espantarse por los conflictos que pudieran presentarse en este ámbito: son naturales en buena parte de las democracias. El problema no son los conflictos sino la discrecionalidad y la falta de instrumentos que garanticen mecanismos de equidad para los candidatos, para los medios y un control si no estricto por lo menos serio en el tema del dinero. Hoy eso no está ocurriendo y ya han aparecido las primeras expresiones de efervescencia no sana en el proceso electoral. Si ella sigue creciendo, nada saldrá ganando. Bueno, quizás sí haya un ganador: el abstencionismo.