Los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes se suceden en todo el país. Apenas este fin de semana Acapulco volvió a ser escenario de un enfrentamientos entre narcotraficantes y agentes de la AFI y volvió a ser ocupada por fuerzas de seguridad. Los ajustes de cuentas no sólo alcanzan a personajes desconocidos y sicarios, sino involucran cada vez más a políticos locales. El narcotráfico es el principal desafío a la seguridad nacional y, por sus repercusiones, sobre todo en su cada vez más extendida variante del narcomenudeo, el que más afecta la seguridad y la salud pública. Me asombra que después de gobernar cinco años la capital del país, Andrés Manuel López Obrador siga sin comprender qué está en juego en términos de seguridad, nacional y pública, en el país y no tenga una estrategia sensata para enfrentar el tema.
Los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes se suceden en todo el país. Apenas este fin de semana Acapulco volvió a ser escenario de un enfrentamientos entre narcotraficantes y agentes de la AFI y volvió a ser ocupada por fuerzas de seguridad. Los ajustes de cuentas no sólo alcanzan a personajes desconocidos y sicarios, sino involucran cada vez más a políticos locales, como el caso de Neguib Tadeo Manrique, el alcalde de ciudad Ixtepec, Oaxaca, asesinado con su padre y otros tres acompañantes en el puerto de Veracruz. Al mismo tiempo, se confirma el poder económico de los grupos del crimen organizado: el grupo de García Urquiza, apodado El Doctor y recientemente detenido (y contra suya organización se han dado muchos de los últimos grandes operativos, con su secuela, también, de violencia) se estima que manejaba unos dos mil millones de dólares anuales y el suyo no era, definitivamente, el más poderoso de los cárteles ni, en términos de violencia e inseguridad, el más peligroso. El narcotráfico es el principal desafío a la seguridad nacional y, por sus repercusiones, sobre todo en su cada vez más extendida variante del narcomenudeo, el que más afecta la seguridad y la salud pública.
Me asombra que después de gobernar cinco años la capital del país y de estar en campaña desde hace prácticamente seis años, Andrés Manuel López Obrador siga sin comprender qué está en juego en términos de seguridad, nacional y pública, en el país y no tenga una estrategia sensata para enfrentar el tema. Apenas este fin de semana en Sinaloa, volvió a repetir su viejo discurso, que ya cualquier especialista en seguridad ha desechado, sea de derecha, de centro o de izquierda, de atribuir las causas del crimen organizado a la pobreza. No comprende que el crimen organizado y el narcotráfico son un negocio multinacional que mueve miles de millones de dólares anuales y que constituye, en los hechos unos de los factores de poder más importantes del país: un factor de poder que no puede ser soslayado porque provenga de fuentes espurias y menos aún atacado con discursos que simplifican concientemente la realidad. En Sinaloa, quizás el territorio nacional que sufre, en términos reales, uno de los mayores desafíos del narcotráfico, el candidato de la Alianza por el Bien de Todos, insistió en decir que: “la solución de fondo (para la delincuencia organizada) pasa por combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas”.
Nadie podría estar en contra de ese discurso. Pero ello no acabará con el crimen organizado ni con el narcotráfico. Los hombres y mujeres que manejan ese negocio no son desempleados ni provienen, en la mayoría de los casos, de familias desintegradas. No han perdido sus valores, los han modificado por otros y si bien tiene toda la razón en decir que el negocio crece por la falta de alternativas, habría que comprender que esas alternativas sólo podrán surgir a partir de un proyecto que se base en la generación de riqueza, no sólo en la redistribución de la ya existente.
López Obrador está cometiendo el mismo error que Vicente Fox en campaña, que nunca entendió el desafío del crimen organizado. El actual presidente solía decir que sacando al PRI de Los Pinos acabaría con la corrupción y eliminada ésta se acabaría con el crimen organizado, entendiendo éste como una extensión del viejo sistema. Una vez que ganó las elecciones designó un equipo de transición en el área de seguridad cuya primera declaración fue que el narcotráfico no era un problema de seguridad nacional y que por lo tanto era un problema policial, como consecuencia sacarían al ejército de la lucha contra el mismo. Cuando fue en septiembre, ya como presidente electo, por primera vez a Washington, alguien le hizo comprender al presidente que era una barbaridad y cambió el discurso pero se cometieron demasiados errores: no se formó el equipo de seguridad hasta horas antes del inicio de la administración. Se separó la secretaría de seguridad pública de Gobernación sin entender la dimensión política del tema. Se colocó en la PGR y en SSP a dos hombres enfrentados entre sí y que comprendían en forma completamente diferente cómo atacar la inseguridad. Se deshizo de prácticamente todo el equipo que en el sexenio anterior se había preparado en ese ámbito. Se creó aquella comisión de seguridad nacional que encabezaba Adolfo Aguilar Zinser (un hombre que entendía, en aquella época, el tema de seguridad bajo los mismos términos en que ahora los entiende López Obrador) desde donde jamás se pudo coordinar nada. Las consecuencias las hemos vivido durante todos estos años: ha habido esfuerzos notables pero en la mayoría de las ocasiones desarticulados y la fuerza del estado en muchas ocasiones se ha balcanizado, dispersándose en el enfrentamiento con distintos enemigos que aparecen por todas partes.
López Obrador también ha sido, incluso en términos mayores, un fracaso en su lucha contra la inseguridad, incluyendo la vertiente del narcotráfico. No tuvo una estrategia seria para combatir el crimen que creció en forma geométrica durante sus años de gobierno. Habló, también desde el inicio de su administración en la capital, de que la delincuencia era un problema de pobreza y desempleo. Quizás porque la pobreza no disminuyó en la capital en los últimos cinco años y el desempleo sigue siendo uno de los más altos del país (en buena medida porque la competitividad de la capital cayó drásticamente y con ello las inversiones productivas de la iniciativa privada), pero el hecho es que López Obrador jamás pudo con la inseguridad capitalina. El punto culminante fue la marcha contra la inseguridad del 2004 y de la mano con ella la respuesta del jefe de gobierno atribuyéndola a “los pirruris” y catalogándola como una parte más del complot en su contra. Nunca entendió, por lo menos hasta el día de hoy jamás lo reconoció, que esa marcha multitudinaria era la expresión del hartazgo de la sociedad por la inseguridad imperante. Contrató, pagado por la iniciativa privada, al despacho de Rudy Giuliani para que lo aconsejara en su estrategia de tolerancia cero pero luego de pagarle cuatro millones de dólares nunca aplicó esos principios. No atacó el narcomenudeo porque desde su punto de vista no era un problema que atenazara a la capital y sobre todo porque no quiso establecer una estrategia conjunta al respecto con el gobierno federal (lo acaba de hacer Alejandro Encinas, quien sí ha asumido mayores compromisos en ese sentido). Lo ocurrido en Tláhuac, el asesinato de aquellos agentes de la PFP, fue la mejor demostración de ello y de la mezquindad política que caracterizó la política de seguridad en la ciudad. Incluso en casos como el ahora célebre “mataviejitas”, cuando iban más de 20 asesinatos seguía insistiendo en que era un invento de la prensa y que, también, era parte del complot. No fue hasta que López Obrador dejó el gobierno del DF, que la procuraduría capitalina pudo reconocer que, efectivamente, se trataba de un asesino serial, antes no lo decía para no contradecir a su jefe. Tuvieron que ocurrir otras veinte muertes para que el asesino, que resultó asesina, fuera detenida, y no como resultado de una investigación policial sino de la denuncia de un vecino.
La lista podría continuar, pero la razón fundamental de esa evidente incapacidad para dar soluciones en el tema de seguridad en la capital, es conceptual, de fondo: López Obrador no entiende del tema, le busca respuestas simplistas en las que aparentemente cree y no cuenta, tampoco, con especialistas que lo asesoren en la materia (y si los tiene no les hace caso). Peor aún: en demasiadas ocasiones toma las decisiones de seguridad dependiendo del ánimo y las razones políticas. Olvida que la inseguridad sigue estando en la cima de las preocupaciones de la ciudadanía. Necesita con urgencia una respuesta consistente porque en ello, aunque tampoco hayan mostrado aún demasiado, tanto Felipe Calderón como Roberto Madrazo han presentado propuestas mucho más completas y serias.