Los recursos federales, también para la APPO
Columna JFM

Los recursos federales, también para la APPO

Los recursos públicos destinados supuestamente al gasto social de los oaxaqueños han servido para muchas cosas, entre ellas para financiar aliados políticos e incluso adversarios a modo del gobierno del estado.
Lo perverso de este proceso no es que distintas organizaciones sociales reciban apoyo presupuestal, sino que lo utilicen para la manipulación de grupos de poder, para su beneficio, incluso cuando parecer ser enemigos del sistema.

Los recursos públicos destinados supuestamente al gasto social de los oaxaqueños han servido para muchas cosas, entre ellas para financiar aliados políticos e incluso adversarios a modo del gobierno del estado. La cooptación, el establecimiento de acuerdos políticos con base en el dinero, y su ruptura cuando éste debe redistribuirse, está en el corazón del conflicto que actualmente sufre el estado de Oaxaca.

Flavio Sosa, por ejemplo, dirigente de la Nueva Izquierda Oaxaqueña; la COCEI que escribió en el pasado muchas páginas de luchas políticas en el istmo; la llamada Organización Democrática Insurgente, dirigida por el ex diputado perredista Manuel Pérez Morales; la RED, una organización dirigida por el profesor Humberto Alcalá Betanzos, ex dirigente de la sección 22 y ex secretario general del PRD local, son parte de los grupos que fueron financiados, partiendo de posiciones supuestamente opositoras, con recursos de Coplade y el ramo 33 y se aliaron con el gobierno de Murat y algunos con Ulises Ruiz. Pero hay muchos más.

Entre los grupos que hoy son parte directa o indirecta de la APPO y que han sido financiados, también, con los recursos públicos federales se encuentran, en forma muy destacada, las llamadas Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), que está encabezada por Alejandro Cruz López y Crisolo Calleja Hernández. Tienen presencia y trabajo político en la Costa, en la Mixteca y en la Sierra Sur, donde han surgido la mayoría de los grupos armados en Oaxaca. Esta organización fomenta la autodefensa armada de los pueblos indígenas y colabora, públicamente, con el EZLN. Ha recibido recursos públicos de todo tipo del gobierno del estado, lo que le ha permitido ampliar significativamente su cobertura y financiar sus actividades y la de sus dirigentes.

Otra organización de la llamada izquierda independiente, clave en todo este entremado, es el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), que encabeza el ex dirigente del PRD, Carlos Ramírez. Es parte de la llamada Alianza Magonista Zapatista y tiene fuerte presencia entre los grupos indígenas, particularmente en los Valles Centrales y Nochixtlán en la mixteca. Se ha especializado en la invasión de predios urbanos y suburbanos para la creación de viviendas populares: a partir de allí reciben apoyos gubernamentales para la construcción de viviendas, lo que le otorga una base de movilización clientelar, al mismo tiempo que un fuerte financiamiento para la organización y sus dirigentes.

El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP) está encabezada por Alejandro Juárez Cruz, Jacqueline López Almazán y Guadalupe Ortiz Cruz. Tiene un trabajo político sólido, sobre todo con las mujeres, y muchas de las organizaciones de izquierda independiente han nacido de desprendimientos de la CODEP. Su labor es esencialmente política, de asesoría y apoyo legal para las comunidades, se ha posicionado sobre todo en la mixteca y en la zona triqui.

Una de las organizaciones con mayor capacidad de captación de recursos en los últimos años es la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), dirigida por el profesor Mario Rafael, con su centro de operaciones en el municipio de Zimatlán de Alvarez, en los Valles Centrales, donde su líder ha sido presidente municipal. Para sus distintas políticas de gestoría y apoyo a las comunidades, ha conseguido fuerte financiamiento de los programas de Empleo Temporal y Opciones Productivas.

Otros dos maestros, miembros también de la sección 22 y con influencia en ésta son los líderes de la Unión de Campesinos Pobres (UCP). Se trata de Lázaro García Barrera y Gustavo Adolfo Ortega. La UCP es una organización en extremo radical, miembro de COMPAS y adherente de la llamada Alianza Magonista. Se han especializado en la toma de oficinas, cierre de carreteras y movilizaciones. A partir de allí presionan para obtener todo tipo de apoyos públicos. Su ámbito de influencia se ubica en las zonas de los Valles Centrales, la mixteca y otra zona con altos índices de violencia, el sector Rincón de la Sierra Juárez.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) es parte del Congreso Nacional Indígena y está dirigida por el agrónomo Carlos Beas y trabaja en San Juan Guichicovi, en Matías Romero, los Chimalapas y Santa María Petapa con las comunidades indígenas, sobre todo en el apoyo legal y la defensa de los recursos naturales. Es parte de las corrientes que se integran al EZLN y tiene muy buenas relaciones internacionales, derivadas de esa adscripción, también, con organizaciones católicas de izquierda. Se ha significado en los últimos años por una decidida oposición al Plan Puebla Panamá y en la actualidad, del corredor Transístmico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. En los últimos años ha comenzado a presentar candidatos a algunas presidencias municipales, luego de que siemrpe había rechazado las opciones electorales. Obtiene recursos públicos destinados para proyectos productivos, asesoría, capacitación y defensa de derechos humanos. Con base en ello financia la organización y a sus principales dirigentes, además de distintos movimientos aliados.

Lo perverso de este proceso no es que distintas organizaciones sociales reciban apoyo presupuestal, sino que se utilice el mismo para financiar sus operaciones políticas y mantener un control clientelar de los sectores más pobres del estado. Y para colmo, convertirse en objeto de manipulación de grupos de poder que los utilizan para operar en su beneficio, incluso cuando parecen ser enemigos del sistema. Lo que sucede es que, en ocasiones, como ocurre ahora con la APPO, sus patrocinadores se han convertido en aprendices de brujos, que liberaron fuerzas que ahora ya no pueden controlar.

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