Es verdad que la crisis en Oaxaca, o las absurdas amenazas de un grupo de lopezobradoristas de que no permitirán la toma de posesión del presidente Felipe Calderón, están ocupando buena parte de la atención de la opinión pública, pero en los hechos y desde una perspectiva de corto, mediano y largo plazo, ningún tema constituye un desafío mayor para la próxima administración que la seguridad pública, convertida ya en el mayor reto para la seguridad nacional.
Es verdad que la crisis en Oaxaca, o las absurdas amenazas de un grupo de lopezobradoristas (me sigo resistiendo a pensar que el PRD se haya convertido de tal forma en su propia caricatura) de que no permitirán la toma de posesión del presidente Felipe Calderón, están ocupando buena parte de la atención de la opinión pública, pero en los hechos y desde una perspectiva de corto, mediano y largo plazo, ningún tema constituye un desafío mayor para la próxima administración que la seguridad pública, convertida ya (y desde mucho tiempo atrás) en el mayor reto para la seguridad nacional.
La combinación de la política y la violencia no es nueva. En el caso Oaxaca, por ejemplo, hay sin duda muchas motivaciones para la crisis, pero el hecho es que mientras los grupos más radicales de la izquierda mexicana impulsan el conflicto, esos mismos grupos suelen tener algo más que relaciones circunstanciales con las organizaciones del narcotráfico en distintos lugares del país, en particular en Guerrero y Michoacán. La crisis oaxaqueña ha logrado un triunfo difícil de igualar para el crimen organizado: por una parte, ese estado, uno de los menos nombrados pero de los más penetrados por el narcotráfico, se ha convertido en un territorio sin ley ni control público. En Oaxaca, el narcotráfico tiene todo el espacio posible para operar y seguirá financiando a ambas partes del conflicto porque es de su interés que el mismo continúe. Por otra parte, la incapacidad para solucionar la crisis ha obligado a que más de cuatro mil elementos de la Policía Federal Preventiva tengan que estar estacionados en la capital del estado cumpliendo funciones que distan mucho de ser las que originaron la creación de ese cuerpo de seguridad. Algo similar sucede en la ciudad de México. Y la respuesta que le dio Joel Ortega a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF respecto al plantón, permitiría explicar porqué la policía del DF no puede continuar teniendo este tipo de mandos.
Lo cierto es que con la PFP concentrada en Oaxaca (y el DF) no sólo casi todas sus fuerzas están inmovilizadas en una ciudad donde sólo pueden desgastarse (en la guerra de guerrillas, y así hay que entender lo que está sucediendo, la inmovilización de las fuerzas mayoritarias del enemigo es una condición clave para atacarlos con ventaja), sino que además se deja libre para el accionar del crimen organizado, y particularmente el narcotráfico, todo el resto del territorio nacional: casi no hay fuerzas federales en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Baja California, en Jalisco, en Sonora o Sinaloa, y en todos esos estados, como en muchos otros, la violencia del narcotráfico se ha desatado: en Jalisco fueron asesinadas nueve personas el pasado fin de semana; en Guerrero, iban para ocho, incluyendo la mujer de una mando de la PFP y un supuesto empresario hotelero estadounidense; en Nuevo León, fue asesinado, uno de los jefes policiales de San Nicolás de los Garza; en Tijuana el jueves intentaron matar al jefe de policía, no lo logran, pero llegando a su casa ese mismo día es secuestrado y desmembrado. La lista podría continuar por páginas completas. Pero el hecho es que, por encima de cualquier consideración, uno logro directo de la crisis en Oaxaca y la resistencia civil de López Obrador, ha sido un aumento radical de la violencia y un fortalecimiento del narcotráfico. Podrán o no esos movimientos tener lazos con el crimen organizado, pero sus acciones están favoreciendo a éste.
Por eso nada es más importante para la administración Calderón que el tema de la seguridad. Y allí, quizás como en ningún otro ámbito, los nombres son tan importantes como el diseño estructural establecido para dar esa lucha. Son demasiados los intereses que giran en torno a estos temas, quizás por eso son tantos los rumores que se han generado respecto a quiénes ocuparán finalmente esas carteras. Por ejemplo, se ha especulado mucho con la posibilidad de que Jorge Tello Peón se convierta en el próximo responsable de las áreas de seguridad. Sería una magnífica designación, el problema es que, primero, no ha habido ninguna oferta formal, en ese sentido, para el ex director del Cisen pero además, por razones profesionales y personales, Tello Peón no aceptaría ese encargo. Según nos confirma el propio Jorge Tello, no existen posibilidades, hoy, de que pudiera convertirse en el próximo secretario de seguridad pública federal.
Pero eso no significa que no existan otros nombres que pudieran estar en la nueva estructura que presentará el presidente Calderón para esa labor. El actual director de la AFI, Genaro García Luna tendrá, casi sin dudas, un espacio decisivo y asegurado en ese esquema: García Luna es el mejor policía que ha dado México en años y sería criminal desperdiciar su capacidad y experiencia. El subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, si no es propuesto para ocupar la posición que quedará vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser tomado en cuenta: ningún funcionario civil conoce, desde todos los ángulos, los vericuetos de la delincuencia organizada mejor que Santiago Vasconcelos. Miguel Angel Yunes revivió áreas de la secretaría de seguridad pública que estaban por lo menos aletargada. Uno de los generales que se nombran con posibilidades de ser el próximo secretario de la Defensa, es uno de los mayores especialistas en temas de seguridad e inteligencia que ha dado en los últimos años el ejército mexicano y hoy esa experiencia está prácticamente desperdiciada.
Pero se requiere, además de nombres, un afinado diseño institucional, recursos y, sobre todo, voluntad política. Sin poner el acento en la seguridad, crecerán no sólo el narcotráfico y la violencia, sino también las APPO, las resistencias civiles, la desestabilización que es la mejor noticia que el crimen organizado puede esperar.