Dos facturas duplicadas son sólo algunas de las huellas que ha dejado el gobierno del estado de Oaxaca sobre el mal manejo de los recursos públicos que les ha entregado el gobierno federal en los últimos ocho años y que alcanzaron, incluyendo los de este 2006, unos 9 mil millones de dólares. Mediante una de esas facturas, que son parte del expediente de las extensas auditorias a las que son sometidas las administraciones Murat y Ruiz, se puede comprobar, por ejemplo, que Ferroeléctrica Gurrión SA de CV (el grupo Gurrión ha sido acusado de haber sido el principal privilegiado en el otorgamiento de obras públicas en el periodo de Murat), le facturó el 14 de octubre del 2002, 800 bolsas de cemento al gobierno del estado, a un valor unitario de 63.04 pesos cada uno. El importe total de la factura folio número 1190 es de 57 mil 996.80 pesos. Fue pagada con un cheque de Bancrecer el 5 de marzo del 2003. El problema es que existe otra factura, con el mismo número de folio, el 1190 que sólo factura 200 bolsas de cemento, por un total de 14 mil 500 pesos. Es la misma factura, firmada por los mismos personajes, amparada en el mismo pago: en el camino se perdieron 600 sacos de cemento y 43 mil 500 pesos, que habría que suponer que fue regresado en efectivo a la autoridad correspondiente. El caso se repite con otra factura, la número 19198 de la empresa Rodi+Raban emitida el 26 de junio del 2002 y pagada el 19 de julio del mismo año. Esa factura ampara la compra de 6 toneladas de cemento a un precio unitario de mil 500 pesos la tonelada, por un total de 9 mil pesos. Pero existe otra factura, igual, también con el folio 19198 que ampara la compra de 60 toneladas de cemento y su valor es de 90 mil pesos. La operación es la misma, y entre una y otra factura se perdieron 81 mil pesos. Con una se ampara el pago de impuestos, con la otra la ejecución de la obra y la diferencia se mueve en efectivo. Pero no estamos hablando de algunos miles de pesos.
Dos facturas duplicadas son sólo algunas de las huellas que ha dejado el gobierno del estado de Oaxaca sobre el mal manejo de los recursos públicos que les ha entregado el gobierno federal en los últimos ocho años y que alcanzaron, incluyendo los de este 2006, unos 9 mil millones de dólares. Mediante una de esas facturas, que son parte del expediente de las extensas auditorias a las que son sometidas las administraciones Murat y Ruiz, se puede comprobar, por ejemplo, que Ferroeléctrica Gurrión SA de CV (el grupo Gurrión ha sido acusado de haber sido el principal privilegiado en el otorgamiento de obras públicas en el periodo de Murat), le facturó el 14 de octubre del 2002, 800 bolsas de cemento al gobierno del estado, a un valor unitario de 63.04 pesos cada uno. El importe total de la factura folio número 1190 es de 57 mil 996.80 pesos. Fue pagada con un cheque de Bancrecer el 5 de marzo del 2003. El problema es que existe otra factura, con el mismo número de folio, el 1190 que sólo factura 200 bolsas de cemento, por un total de 14 mil 500 pesos. Es la misma factura, firmada por los mismos personajes, amparada en el mismo pago: en el camino se perdieron 600 sacos de cemento y 43 mil 500 pesos, que habría que suponer que fue regresado en efectivo a la autoridad correspondiente. El caso se repite con otra factura, la número 19198 de la empresa Rodi+Raban emitida el 26 de junio del 2002 y pagada el 19 de julio del mismo año. Esa factura ampara la compra de 6 toneladas de cemento a un precio unitario de mil 500 pesos la tonelada, por un total de 9 mil pesos. Pero existe otra factura, igual, también con el folio 19198 que ampara la compra de 60 toneladas de cemento y su valor es de 90 mil pesos. La operación es la misma, y entre una y otra factura se perdieron 81 mil pesos. Con una se ampara el pago de impuestos, con la otra la ejecución de la obra y la diferencia se mueve en efectivo. Pero no estamos hablando de algunos miles de pesos.
Según publicó Excélsior , la Auditoria Superior de la Federación fue impedida de auditar el manejo de recursos de 23 municipios y dos fondos federales del estado de Oaxaca, incluyendo todo el ramo 33. Desde el 2002, la ASF se vio impedida por el gobierno y el congreso del estado para auditar fondos por unos 15 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, la ASF pidió a la Contaduría Mayor de Hacienda local que aplicara auditorias a 14 municipios y nunca recibió un solo informe al respecto. Cuando la ASF quiso realizar una auditoria directa a los fondos federales, el gobierno estatal lo impidió y el congreso inició una controversia constitucional. La historia se repitió en 2003 y 2004, a nivel estatal y municipal. Fue hasta el 8 de agosto pasado cuando la Suprema Corte resolvió por unanimidad que la ASF sí estaba facultada para revisar los recursos del ramo 33 entregados al gobierno del estado. Pero incluso después de la resolución de la Corte, el gobierno estatal no ha respondido a las solicitudes de auditoria de la ASF. Pero las auditorias federales autónomas, amparadas en la resolución de la Corte, ya han comenzado.
El desesperado intento para evitarlas está en el corazón del conflicto oaxaqueño: ningún otro estado de la república ha tratado de impedir con tanta insistencia ser auditado y el temor es comprensible. Según las denuncias que han recibido la ASF y la Secretaría de la Función Pública federal el cúmulo de irregularidades es demasiado amplio como para, simplemente, ignorarlo.
Se habla de obras y acciones aprobadas e inexistentes. De grandes transacciones con proveedores de insumos (como los de las facturas citadas). De asignación de obras a empresas constructoras cercanas al gobierno con manejo de recursos y prestadoras de facturación (como también lo muestran los documentos de los que tenemos copia). El problema es que la red de protección para estos negocios no sólo parte del gobierno estatal sino también de la delegación de la Sedesol en el estado y de varios de sus funcionarios.
El caso paradigmático fue Miguel Angel Cuellar Aguilera, ex delegado de la Sedesol, inhabilitado por el gobierno federal y multado en casi 5 millones de pesos por malversar los fondos públicos federales en el estado y contratado por el gobierno estatal para controlar esos mismos fondos pese a estar inhabilitado. Nadie conoció mejor el manejo de esos recursos en los últimos ocho años que Cuellar Aguilera. Pero no podrá brindar testimonio porque el ex delegado federal y luego director del programa Estatal de Unidades Móviles, que controlaba la gestión, autorización y aprobación de recursos, murió en un extraño accidente automovilístico el 6 de mayo de este año, exactamente en los días en que comenzaba el conflicto magisterial.
¿Por qué un extraño accidente?. Porque ocurrió a las siete de la tarde en la carretera Oaxaca-México, a la altura de Guadalupe Hidalgo, en el municipio conurbado de Etla, donde la camioneta que conducía el chofer del funcionario, por alguna razón, topó contra el muro central y por el impacto no pudo reencauzar el vehículo, que salió de la carretera y terminó en un sembradío. El hecho es que, por alguna razón, los restos del chofer quedaron a unos diez metros fuera del automóvil y los del funcionario a unos 20 metros de distancia de la carretera y a diez del automóvil. No hubo testigos directos del accidente, pero tampoco se permitió que los medios cubrieran la información, porque se tendió un cinturón de seguridad que incluso provocó enfrentamientos entre periodistas y policías locales, los cuales decomisaron todo el material fotográfico de los comunicadores, incluyendo equipos. Nunca hubo investigación alguna. Días después estallaba el conflicto magisterial: la red que manejaba el ex funcionario de Sedesol se había colapsado. Mañana le platicaremos cómo funcionaba y quiénes participaban en ella.