En los próximos días, Felipe Calderón deberá presentar no sólo su propuesta para una profunda reestructuración de la seguridad pública y la impartición de justicia, que se ha convertido en uno de los principales objetivos de su administración, sino también a los hombres y mujeres que tendrán que hacerse cargo de esas responsabilidades.
En los próximos días el presidente electo, Felipe Calderón, deberá presentar no sólo su propuesta para una profunda reestructuración de la seguridad pública y la impartición de justicia, que se ha convertido en uno de los principales objetivos de su administración, sino también a los hombres y mujeres que tendrán que hacerse cargo de esas responsabilidades. Como hemos señalado en otras oportunidades, no es verdad que no existan especialistas en el servicio público en estos temas: el mayor de los errores en que cayó la administración Fox en este terreno fue el no establecer una estructura y una estrategia adecuada. Los principales personajes del sector, sobre todo en las dos terceras partes de su administración, se confrontaron en lo personal y construyeron propuestas diferentes y hasta contrapuestas. Eso es lo que no se puede repetir. Y Calderón está conciente de ello.
Lo que será más difícil es transformar la impartición de justicia. De la misma manera que, como el propio Calderón ha dicho, no se puede enfrentar la delincuencia organizada con un Estado desorganizado, tampoco se puede combatir a esas organizaciones con un poder judicial que está construido para combatir a la delincuencia común, con jueces que no terminan de comprender la profundidad del problema y con un sistema penal que no está actuando para cohibir ese tipo de delincuencia sino, conciente o inconscientemente para fomentarla. Nuestro sistema judicial no está preparado para enfrentar el crimen organizado.
Hay casos notables. Uno de ellos es, por ejemplo, el de Jesús Chuy Labra, quien fuera el principal operador de los Arellano Félix y hasta detenido desde 1997 sin que aún deba enfrentar una sentencia en firme. Las reformas que se deben realizar en el sistema judicial para enfrentar al crimen organizado son numerosas y van desde el establecimiento de tribunal y jueces especiales para atender esos casos, hasta la instauración de juicios orales para hacer mucho más expedita la justicia, pasando por una participación mucho más intensa de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura en el control sobre el desempeño de los jueces, porque en ocasiones por el miedo y en otra por la corrupción, se cometen demasiado errores a la hora de hacer justicia.
Apenas el siete de noviembre pasado, se presentó una queja en la Judicatura contra el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, del tercer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, porque él sí dicto una sentencia en firme pero con ella dejó en libertad, de un plumazo, a 20 personas acusadas, y condenadas en primera instancia, el 31 de mayor del 2006, por la operación con recursos de procedencia ilícita. Los acusados habían sido detenidos en una bodega en Boca del Río, Veracruz, cuando custodiaban tres millones 150 mil dólares, ocultos en un camión que llevaba el logotipo de Praxair, destinado aparentemente para el transporte de gas pero adaptado para el traslado de droga y dinero. Ello a pesar de que la detención fue parte de una larga labor de inteligencia y derivó de la detención previa, en la carretera Sonoita-San Luis Río Colorado de un trailer similar, con el mismo logotipo, en el que se transportaban poco más de mil 700 paquetes de marihuana, con un peso superior a las cinco toneladas de esa droga.
Todas las pruebas documentales del caso, incluyendo la relación entre la detención en Sonora y la forma en que se llegó al almacén y el transporte con dinero en Veracruz, le fueron entregadas al juez Luna Altamirano, pero éste, en su sentencia, sostuvo que la única prueba que obraba en contra de los detenidos era el parte informativo del policía que encabezó el arresto. Por lo tanto, el citado juez consideró que no se podía demostrar que los detenidos supieran de la existencia de los más de tres millones de dólares ocultos en el camión que protegían y que, además, de saberlo, no se comprobaba que supieran que procedían de una fuente ilegal.
El caso me recuerda el tristemente célebre de un juez oaxaqueño que hace una década, absolvió a una mujer que traída pegado al vientre más de tres kilos de heroína pura, que al ser detenida alegó que estaba embarazada y cuando se comprobó que transportaba drogas fue dejada en libertad porque aquel juez consideró que no sabía que lo que traía pegado al cuerpo era heroína. Por cierto, un par de años después el citado juez apareció muerto. Según las autoridades locales, se había suicidado de una puñalada en el cuello.
Pero este caso es más absurdo aún. Una operación realizada por el ejército logra la detención de un trailer con cinco toneladas de marihuana en Sonora. Se realiza toda una operación de inteligencia a lo largo del territorio nacional. Se llega al depósito de Vereacruz donde se encuentra otro trailer igual con más de tres millones de dólares y para el juez que dictamina el caso no hay nada extraño, los detenidos con el dinero pueden regresar a su casa porque “no sabían que estaba allí y no eran concientes que se trataba de recursos ilícitos”…seguramente porque todo el mundo guarda millones de dólares en trailers camuflados. Más grave aún, el juez dictó la sentencia y liberó a los acusados y posteriormente avisó a la PGR de ello. Veinte acusados de narcotráfico regresaron sin problemas a la calle. El caso del juez Luna Altamirano ya está en manos de la Judicatura, pero, como en muchos otros, si no se comprueba un acto específico de corrupción no pasará nada.
Se requiere una cirugía mayor en el sistema de justicia para atacar el crimen organizado. Y los primeros que deben entenderlo, para poder operar ese cambio, son los miembros de la propia Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Si el cambio no comienza por allí, de nada servirá cambiar policías y sistemas de seguridad.