La prueba de fuego de la estrategia de seguridad
Columna JFM

La prueba de fuego de la estrategia de seguridad

¿Por qué el operativo iniciado el lunes en Michoacán es la acción más importante que ha realizado la administración Calderón? Por muchas razones, pero la principal es porque resulta la primera en la que se debía operar mostrando un real capacidad de coordinación de las fuerzas del Estado, dando un golpe contra el crimen organizado. En buena medida, el gobierno se está jugando en esa operación todo un proyecto estratégico para combatir la inseguridad.

¿Por qué el operativo iniciado el lunes en Michoacán es la acción más importante que ha realizado la administración Calderón?. Por muchas razones, pero la principal es porque resulta la primera en la que se debía operar mostrando un real capacidad de coordinación de las fuerzas del Estado, dando un golpe contra el crimen organizado que no admitiera, en esa dimensión, réplica. En buena medida, el gobierno se está jugando en esa operación todo un proyecto estratégico para combatir la inseguridad.

Nadie debería engañarse. Con el operativo en Michoacán no se acabarán ni la violencia ni el narcotráfico. Tampoco será un golpe mortal para las organizaciones del crimen organizado. Pero, como ha ocurrido en el ámbito político, esa acción implica el restablecimiento de las reglas del juego y la demostración de que la fuerza del Estado, cuando se movilizan cinco mil soldados y otras tropas de seguridad por tierra y mar, no es una entelequia. El mensaje para el propio crimen organizado es que el Estado no está dispuesto a ser rebasado por esos grupos y que su capacidad de operación es mucho mayor, cuando está bien coordinada y dirigida, que la de las organizaciones criminales.

En Michoacán se daba el escenario idóneo para ello. No sólo por ser la tierra del presidente Calderón, sino también porque desde Michoacán partían muchos mensajes desestabilizadores graves contra su administración y la del gobernador Lázaro Cárdenas Batel. Si en algún lugar el crimen organizado se había politizado era en Michoacán y jugaron fuerte y rudo para imponer presidentes municipales, para controlar las policías locales, para tener influencia en las elecciones federales, para tratar de aislar y debilitar al gobernador Cárdenas utilizando a otros grupos políticos, en muchas ocasiones pertenecientes a su propio partido y con intereses particulares en el estado.

Michoacán constituía un objetivo idóneo para realizar una operación de estas características por otras causas. Primero y principal, la violencia y los ajustes de cuenta ya no tenían parangón: unos 600 ejecutados en once meses eran demasiados, como lo eran la saña mostrada, la ruptura, otra vez, de las reglas del juego establecidas incluso en ese mundo marcado por la violencia: mujeres y familias asesinadas; grupos que contaban con un encargado de “relaciones públicas” en pleno Morelia, publicando desplegados, intimidando y comprando en los medios locales; una organización, la llamada Familia, que en realidad es una derivación del cártel del Golfo y los Zetas, que se colocaba por encima de la fuerza del Estado para garantizar “la tranquilidad” aunque ello tuviera que lograrse con muertos, decapitados y funcionarios públicos asesinados.

Se daba en la entidad, también, una situación peculiar. Las dos grandes organizaciones del narcotráfico allí se confrontan con fuerzas equilibradas: el cártel de los Valencia que tradicionalmente ha tenido el control del estado, con fuertes relaciones políticas y económicas, asociado con ese conglomerado de organizaciones que es el cártel del Chapo Guzmán, se enfrentaba con los Zetas y la gente del Golfo, que habían visto, primero, como los Valencia y sus socios intentaron penetrar en Nuevo Laredo y luego cómo, la puerta de Michoacán y Guerrero se tornaba fundamental para el aprovisionamiento de drogas. Esta organización hizo una apuesta política-electoral muy alta. Jugaron por arriba pero también abajo, sobre todo financiando campañas para presidentes municipales. Sus opositores, al ver la estrategia de este grupo, tampoco se quedaron atrás. Muchos candidatos se encontraron con que habían recibido dinero, en la mayoría de los casos concientemente, de ambas organizaciones y quedaron mal con las dos. Al mismo tiempo, esos enfrentamientos, se fueron extendiendo al sur de Veracruz y a Tabasco, protagonizados en muchas ocasiones por los mismos actores.

Finalmente un punto fue clave: el presidente Calderón y el gobernador Cárdenas lograron establecer acuerdos de fondo en éste y otros temas y la colaboración entre ambos fue real. Se podrá decir que es imposible que ello se haya dado en apenas unos días de gobierno. Y es verdad: la relación es anterior, pero también lo es la planificación de este operativo. Hombres como Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora y José Luis Santiago Vasconcelos, venían trabajando desde tiempo atrás en la necesidad de establecer este tipo de operativos. Se pensó iniciarlos en Nuevo Laredo y se hizo de manera parcial. También hubo una suerte de ensayo en Apatzingan, pero, por alguna razón, lo más probable es por una decisión política de la administración Fox, nunca se decidió lanzar estos operativos (de los que incluso hablamos en este espacio en el pasado) tal y como estaban planificados.
Porque se requería, como ahora, de una labor de inteligencia amplia que permitiera identificar objetivos; una utilización de fuerzas contundente que evitara reacciones; utilizando equipo y tecnología de punta y con un esquema de acuerdos políticos y sociales que permitiera el consenso respecto a las medidas adoptadas. Pero sobre todo una amplia coordinación de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano: en Michoacán estamos viendo, en una misma operación, trabajando al ejército, a la marina, a la PGR y la AFI, a seguridad pública y la PFP.

Es un buen síntoma. Si el operativo en Michoacán da los resultados que se espera, podríamos tener operaciones similares en el corto plazo en la frontera entre Tamaulipas y Texas (extendiéndose a Nuevo León); en Tijuana y otras zonas de Baja California; en Guerrero; en el norte de Sinaloa y, por qué no, en la zona oriente (e incluso el centro) de la ciudad de México, controlada por el crimen organizado y el narcotráfico. Mucho depende de lo que suceda en Michoacán.

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