Los primeros veinte días de la administración Calderón han superado, con mucho, las expectativas de la mayoría. En un periodo muy corto se logró generar la impresión de que el poder ha vuelto a Los Pinos, que el nuevo gobierno no se dejará presionar tan fácilmente como el presidente Fox.
Los primeros veinte días de la administración Calderón han superado, con mucho, las expectativas de la mayoría. En un periodo muy corto se logró generar la impresión de que el poder había vuelto a Los Pinos; que el nuevo gobierno no se dejaría presionar tan fácilmente como el del presidente Fox; que existía decisión para utilizar la fuerza del Estado cuando ella fuera exigida; para establecer políticas públicas coherentes y en lugares especialmente delicados de la geografía nacional y abordando los temas más urgentes de la agenda.
Si la administración Calderón se planteó tres objetivos: seguridad, combate a la pobreza y creación de empleos, es muy obvio que busca, en el primer capítulo, obtener resultados rápidos, que permitan que maduren las políticas sociales y de empleo que requerirán, sin duda, más tiempo y esfuerzos para rendir frutos. En seguridad, por el contrario, la actividad ha sido incesante y en términos de expectativas, muy redituable, con operaciones que deberán consolidarse en el futuro. Aunque otras acciones han tenido mayor repercusión, sin duda, la decisión de unificar los mandos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, en el nombramiento de Ardelio Vargas, así como la incorporación de diez mil elementos provenientes del ejército y la marina en la PFP, implica un notable paso para concretar el objetivo de una policía federal que pueda operar en todo el país con capacidad de movilización y efectivos suficientes como para contrarrestar la acción del crimen organizado.
Y ello refleja también la filosofía con la que se han establecido diferentes políticas: la administración Calderón buscará en el futuro unificar las policías vía reformas legislativas, pero mientras tanto tiene la posibilidad de hacerlo utilizando sus atribuciones y a través de políticas públicas concretas. Durante los últimos diez años la norma ha sido la parálisis legislativa que ha frenado innumerables iniciativas. Lo que este gobierno ha decidido es avanzar en todo lo que pueda con el congreso, pero cuando éste decida estancarse, las políticas públicas, con el marco legal vigente, seguirán adelante. Aquello de que “el gobierno propone y el congreso dispone”, se ha convertido en algo mucho más sencillo: el gobierno gobierna y el congreso legisla.
Para avanzar en ello se requiere de mucha política y hasta ahora los pasos han sido muy precisos en ese ámbito. Dirían los entrenadores de fútbol que el gobierno ha comenzado a ejercer el poder siguiendo estrictamente el libro: si la mayor demanda era seguridad pública, el operativo en Michoacán ha demostrado que se podía presionar y quitar el control de su territorio al crimen organizado; si había desafíos a la gobernabilidad recurriendo a la violencia, la acción en Oaxaca, con la detención de Flavio Sosa y los activistas más radicales de la APPO, demostró no sólo que a ese movimiento desestabilizador se le podían colocar límites, sino que también mucho de él era una suerte de tigre de papel. Se tuvo el acierto de comenzar las grandes tareas de seguridad nacional en la frontera sur más que en la norte. Para poder sentarse con Estados Unidos a analizar la realidad fronteriza era imprescindible concentrarse primero en nuestra frontera sur, porque esa es la principal puerta de entrada de drogas, tratantes de personas, de armas y de potenciales terroristas. Pero además porque debemos demostrar allí, con nuestras prácticas, lo que reclamamos en el norte.
Esas tres acciones tuvieron también un efecto político. En Michoacán, no sólo se debía operar porque era todo un reto que el propio estado del presidente Calderón estuviera sumido en semejante desafío del crimen organizado, sino también porque se debía demostrar que se podía y se quería trabajar y cooperar con un gobernador tan emblemático para todo un sector de la izquierda como Lázaro Cárdenas Batel. La acción deberá continuarse, muy probablemente, en Guerrero, donde la colaboración con Zeferino Torreblanca es también estrecha, aunque allí se dan condiciones más complejas para un operativo de esas características (comenzando por la operación de grupos armados protegidos en muchas ocasiones por los propios gobiernos municipales y ligados a su vez a organizaciones del crimen organizado). En Chiapas ocurría algo similar, aunque Juan Sabines significa políticamente algo muy diferente a Lázaro Cárdenas, además de que se contaba con la experiencia de un funcionario como Mariano Herrán, el fiscal general del estado, que sería muy importante para lanzar ese operativo fronterizo. En Oaxaca, en los hechos y aunque significara un costo, la desarticulación de la APPO era una demostración de la fuerza del Estado pero también era parte de una serie de acuerdos que deben prosperar con el priismo en el futuro inmediato. Viene ahora la otra etapa: hacerle cumplir al gobernador Ulises Ruiz los compromisos que adquirió y al PRI llevarlo a que también asuma los suyos.
En el plano político, aunque haya tenido menor repercusión, la reunión con los alcaldes de todos los partidos de la semana pasada es muy importante porque confirma que el ejecutivo está dispuesto a avanzar con los estados y municipios y dejar que sea el congreso el que decida a qué ritmo quiere caminar, asumiendo que ambos (ejecutivo y legislativo) tienen funciones y objetivos diferentes. Y finalmente, aunque haya generado reacciones, también el presidente Calderón demostró en estos días, con el acuerdo obvio con Nueva Alianza y Elba Esther Gordillo, que está dispuesto a asumir costos para concretar el objetivo de una mayoría legislativa propia. Quedan 80 días para transformar las primeras expectativas e impresiones en hechos y políticas de largo plazo. Pero el primer paso es promisorio.