Este 2007 será un año complejo, difícil, en donde se deberán tomar decisiones que no podrán postergarse, que no podrán quedar para el futuro. Mucho de lo que no se haga en el 2007 no podrá realizarse en el resto del sexenio que también comienza. Y si bien hay muchos capítulos importantes en la agenda nacional, ninguno, a corto y mediano plazo, parece serlo más que la seguridad pública: el Estado mexicano para garantizar desde las inversiones hasta la tranquilidad social, desde el crecimiento hasta la confianza, necesita demostrar que tiene el control del país, que sus instituciones funcionan y lo pueden hacer en forma coordinada y eficiente.
Para José Luis Santiago Vasconcelos, que cincuenta años no son nada.
Este 2007 será un año complejo, difícil, en donde se deberán tomar decisiones que no podrán postergarse, que no podrán quedar para el futuro. Mucho de lo que no se haga en el 2007 no podrá realizarse en el resto del sexenio que también comienza. Y si bien hay muchos capítulos importantes en la agenda nacional, ninguno, a corto y mediano plazo, parece serlo más que la seguridad pública: el Estado mexicano para garantizar desde las inversiones hasta la tranquilidad social, desde el crecimiento hasta la confianza, necesita demostrar que tiene el control del país, que sus instituciones funcionan y lo pueden hacer en forma coordinada y eficiente.
Lamentablemente, al leer o escuchar al inicio de este año los comentarios y opiniones de algunos funcionarios, de algunos supuestos o reales especialistas respecto a los operativos realizados en Michoacán y Tijuana, podemos entender porque nos cuesta tanto tener una estrategia de seguridad pública y nacional por lo menos coherente y que integre los niveles federal, estatal y municipal.
Los operativos en Michoacán y Tijuana han sido aciertos importantes que han logrado varios de sus objetivos fundamentales. Es por lo menos una tontería pensar que el éxito o no de los mismos depende, por ejemplo, del número de detenciones que se realicen o los decomisos que se logren. El objetivo central de operativos como los realizados desde diciembre (que se ampliarán en el futuro a otras entidades) es romper las redes de control del narcotráfico y el crimen organizado en esos territorios, literalmente recuperarlos para ponerlos bajo el control del Estado. Ello implica la colaboración de las autoridades locales y de la ciudadanía y en ocasiones, también, vencer las resistencias de las mismas.
En buena parte de Michoacán y en Tijuana se da un fenómeno que se extiende a muchos otros puntos del resto del país: el narcotráfico descubrió hace tiempo, mucho antes que nuestras autoridades, que sus bases de control tenían que ser locales y que la base del mismo pasaba por las autoridades municipales: desde tiempo atrás comenzó a financiar campañas, a cooptar fuerzas policiales locales y, con el paso del tiempo, muchas de las policías se convirtieron en las propias redes del narcotráfico local. A partir de allí construyeron otras redes no menos importantes para su operación que va desde el control de aeropuertos, carreteras, terminales de camiones y medios de comunicación, hasta mecanismos de control sobre el transporte público, sobre todo los taxistas. En varias ciudades del país, desde Tijuana hasta Apatzingan o Uruapan, desde Acapulco hasta el Distrito Federal, esa ha sido la norma. El control es la palabra clave, y los operativos lo que han hecho es tratar de romper esos esquemas de control.
La reacción de la policía municipal de Tijuana es sintomática al respecto (y lo mismo había pasado, antes, en Nuevo Laredo, en Oaxaca o en Apatzingan). El alcalde Jorge Hank Rhon, que aspira a ser el candidato priista para las próximas elecciones en el estado, se había lavado las manos una y otra vez en el tema de la inseguridad argumentando que se trataba de delitos federales. Pero resultó que lo que más estaba lastimando a la ciudadanía en Tijuana eran los secuestros, que están catalogados como delitos locales. La policía de Tijuana es una de las mejor equipadas del país. Pero también de las más corruptas y de las más penetradas por el narcotráfico y el crimen organizado. El alcalde lo sabe perfectamente porque, por lo menos desde septiembre pasado, se le presentaron todas las pruebas de la magnitud de la corrupción existente en ese cuerpo policial. Pero Hank siempre dijo que él no podía hacer nada y pedía la intervención de fuerzas federales. Cuando las fuerzas federales intervinieron tomaron control sobre parte de la operación de las fuerzas municipales y estatales (también permeadas por el crimen organizado) y decidieron realizar una revisión de las armas de la policía municipal para ver si las mismas no estaban involucradas en delitos denunciados previamente por la ciudadanía. Los policías municipales decidieron declararse en una suerte de rebeldía y no realizar ninguna labor. El alcalde los apoyó diciendo que no podían cumplir su labor sin armas. Es mentira: ¿acaso para vigilar el tránsito o el orden público se necesitan rifles de alto poder como las que porta cotidianamente la propia policía?. Hank Rhon también movilizó a los empresarios locales diciendo que habían quedado “desprotegidos” al ser desarmada la policía municipal. El pequeño problema es que la policía municipal no está para proteger empresarios ni hacer de custodias: su compromiso debería ser con la ciudadanía porque se trata de una policía de proximidad. Es tanto el supeusto descontrol en la policía local que tienen registradas dos mil armas y han entregado apenas 700 y sus mandos ni siquiera saben, por lo menos eso dicen, dónde están las demás. Tampoco saben con exactitud cuántos elementos tienen y dónde están. ¿Realmente todos los que se dice que están cuidando empresarios locales realizan esa labor?¿se trata realmente de empresarios o simplemente son policías que están operando, con armas, equipos y patrullas, para el crimen organizado?. Eso es lo que busca romper el operativo en Tijuana, al igual que en algunas zonas de Michoacán.
Pero no nos engañemos: estos operativos no acabarán ni con la delincuencia organizada ni con la violencia. Para ello se requiere una estrategia que vaya mucho más allá. Pero es imposible avanzar en ella sin romper esas redes, esos enclaves de poder en el ámbito local. Y esa es una atribución federal. Ojalá, como ocurre en Michoacán, las autoridades colaboren con ello. Si no lo hacen, esas operaciones se realizarán de todas maneras. Debe ser un compromiso irrenunciable del Estado.