El gobierno federal logró establecer ayer un pacto con diferentes sectores involucrados en la producción y comercialización de la tortilla de maíz para que el precio del kilo de la misma no sobrepase los 8.50 pesos. Es una buena salida al conflicto que se había generado por el aumento del precio de la tortilla y una demostración de que el mercado no puede ser todo: no siempre se puede dejar librada a las vicisitudes del mercado la vida y el bienestar de las sociedades, sobre todo en aquellas, como la nuestra, en la cual un alto porcentaje de la población vive en la pobreza y donde existen sectores que logran monopolizar la operación de vastos sectores de la economía.
El gobierno federal logró establecer ayer un pacto con diferentes sectores involucrados en la producción y comercialización de la tortilla de maíz para que el precio del kilo de la misma no sobrepase los 8.50 pesos. Es una buena salida al conflicto que se había generado por el aumento del precio de la tortilla y una demostración de que, en muchas ocasiones, el mercado no puede ser todo: no siempre se puede dejar librada a las vicisitudes del mercado la vida y el bienestar de las sociedades, sobre todo en aquellas, como la nuestra, en la cual un alto porcentaje de la población vive en la pobreza y donde, también, existen sectores que logran, en mayor o menor escala, monopolizar la operación de vastos sectores de la economía.
El aumento artificial del precio de la tortilla y de otros productos básicos, como dijimos ya desde la semana anterior, debe entenderse como un intento desestabilizador para el gobierno del presidente Calderón. La presión que no se pudo poner en el tema de la seguridad o de la movilización política, terminó apareciendo por la parte más sensible: la de los precios. Es verdad que existió un aumento de precios internacionales del maíz, pero también ciertos sectores productivos y políticos (algunos viejos adversarios de Calderón, otros presuntamente aliados), quisieron probar cómo respondía el gobierno ante una presión de este tipo y si se mantendría la situación de permisividad que imperó en el sexenio pasado.
No fue así, aunque el gobierno tardó en dar la respuesta adecuada. Apenas la semana pasada, el 11 de enero, el secretario de Economía, Eduardo Sojo, aseguraba que no se pondría ningún control al precio de la tortilla y que, con las medidas adoptadas, se estabilizaría el mercado. Esta misma semana, se aseguraba que con la apertura de los mercados, en unas “semanas” los precios volverían a equilibrarse. Finalmente, fue necesario un ejercicio político y de poder para lograr poner orden, sin pasar por el control de precios pero también sin esperar que fuera el mercado, por sí sólo, quien diera una respuesta.
El presidente Calderón sostuvo ayer que no habrá tolerancia para acaparadores y especuladores de estos productos. Y no debe haberla: el código penal federal en su artículo 253 es explícito al respecto y condena la especulación y el acaparamiento de productos para producir un alza artificial de los precios. Es un delito federal que puede ser perseguido de oficio por la PGR. Y alguna señal habrá al respecto si es verdad, como se ha dicho, que una empresa tiene acaparadas unas 600 mil toneladas de maíz o si un grupo de comercializadores del Bajío, tienen guardadas 450 mil toneladas para presionar el alza de precios. Si hubo acaparamiento y especulación el gobierno federal tendrá que enviar la señal de que tuvo conocimiento y capacidad de control sobre el mismo, y exhibir a quienes han delinquido.
En todo caso, lo sucedido con la tortilla es un buen ejemplo para demostrar que los únicos desafíos no pasan por el narcotráfico o el golpismo político. Pasan también por las presiones de los grupos de poder, que a veces toman la forma del crimen organizado, en ocasiones de fuerzas políticas, en otras de presiones religiosas, de calar al gobierno desde organizaciones empresariales o sindicales. Los grupos de poder no suelen tener ideología sino intereses y por lo tanto operan con base en ellos. Y cuando mayor margen les otorga un gobierno, cuanto mayores son los vacíos que deja, esos grupos de poder se encargan de llenarlos para su beneficio.
No estoy hablando de ninguna gran conspiración: se trata de un ejercicio político transparente. Así funciona el poder en general y en nuestro caso particular, cuando las instituciones del Estado se debilitaron durante varios años y dejaron grandes vacíos políticos, cuando permanece muy sólida, pese a la apertura general de la política y de la economía, una estructura de grupos de poder muy concentrada y con fuertes ramificaciones en los distintos poderes de la Unión, en los grupos partidarios y sociales, incluso en los medios, nadie debería extrañarse de que intenten probar qué tanta potestad está decidido a defender el nuevo gobierno.
Lo que sí debería esperarse en capacidad de reacción. En este caso la administración Calderón actuó con mayor lentitud de la esperada. En su escenario no estaba contemplado este movimiento especulativo y los funcionarios responsables del sector no tuvieron la agilidad política como para reaccionar a tiempo, antes de que el tema llegara al presidente. Las medidas adoptadas ayer, pueden romper con esa artificial burbuja inflacionaria, pero nadie debería sentirse demasiado seguro: este juego continuará, desde otros ámbitos, y será más recio en la misma medida en que el nuevo gobierno sea menos permisivo y continúe recuperando sus espacios. Es un juego que se debe jugar, en el que se debe mantener la prudencia pero también exhibir determinación. Se trata, lisa y llanamente del verdadero juego del poder.
El avión de Alejandra
En sus primeros tiempos como líder del sindicato de sobrecargos, Alejandra Barrales parecía ser una imagen refrescante del anquilosado panorama sindical de nuestro país. Lamentablemente, muy rápido comenzó a mostrar las señales de su alianza con los sectores más retrógradas del perredismo, los encabezados, hasta el día de hoy, por René Bejarano. Así fue diputada local y ahora secretaria de turismo del GDF. Hasta ahora, su sueldo máximo, había sido de 60 mil pesos mensuales. Por eso sorprende que en su declaración patrimonial declare que tiene una par de casas, una propiedad en Guerrero, un par de automóviles y una avioneta, cuyo costo de mantenimiento mensual suele ser superior al salario nominal que recibía. Un ejemplo más de honestidad valiente.