No debería de sorprendernos que la fracción priista del senado hubiera pedido, la semana pasada, en su reunión en Mérida, la remoción de los consejeros del IFE. La propuesta es parte de reforma del Estado que ha presentado Manlio Fabio Beltrones y sabe que ello es un anzuelo para que el perredismo se suba a ese tren. Sabe también que, si existe un acuerdo de fondo para la reforma del Estado, difícilmente la administración Calderón podrá oponerse y que el PAN, además esta dividido.
No debería sorprendernos que la fracción priista del senado hubiera pedido, la semana pasada, en su reunión en Mérida, la remoción de los consejeros del IFE. La propuesta es parte de reforma del Estado que ha presentado Manlio Fabio Beltrones y sabe que ello es un anzuelo para que el perredismo se suba a ese tren. Sabe también que, aunque el punto sea controvertido, si existe un acuerdo de fondo para la reforma del Estado, difícilmente la administración Calderón podrá oponerse y que el PAN, además, está dividido al respecto.
La remoción es, por lo tanto, posible, aunque se basa en premisas falsas. Primero, sin duda el consejo general del IFE cometió errores en el pasado proceso electoral, pero ellos entraron en la lógica del propio proceso y no alteraron en absoluto ni la legitimidad del mismo ni mucho menos el resultado final. Segundo, el IFE es una institución autónoma y sus consejeros fueron elegidos por el propio congreso, de forma tal que resulta difícil de sustentar la tesis de que el mismo no tiene legitimidad: en última instancia no es culpa de los consejeros que el PRD le haya encargado la negociación a un Pablo Gómez que hizo gala de su soberbia e intolerancia; que el PRI haya delegado esa responsabilidad en Elba Esther Gordillo y luego Madrazo rompiera con ella, o que en el PAN también haya cambiado la dirigencia y que, además, hoy ésta se encuentre enfrentada con la administración Calderón. Las instituciones no deberían tener que cambiar cada vez que los partidos cambian de situación o se modifica su correlación de fuerzas.
En la actual lógica los partidos tendrían que analizar si lo que quieren no es restaurar el antiguo esquema, donde la principal institución electoral la conformaban ellos mismos, encabezados por el secretario de Gobernación. No es una exageración: si con la reforma del 96 el IFE fue absolutamente autónomo y logró convertirse en un árbitro eficiente del proceso electoral fue porque se desprendió de la tutela de los partidos. No es verdad que el anterior Consejo General del IFE no tuviera signo partidario: muchos de esos consejeros terminaron trabajando con diferentes fuerzas políticas y gobiernos y todos habían sido propuestos por alguno de los principales partidos. Pero se le tenía respeto y los consejeros, comenzando por José Woldenberg se lo supieron ganar, poniendo en su lugar tanto sus diferencias internas como su relación con los partidos políticos. De todas formas me preguntaría qué hubiera sucedido entre los partidos y el IFE si en el año 2000 hubiera ganado Labastida en lugar de Vicente Fox.
En esta ocasión las cosas están más descompuestas. El consejo general del IFE no tiene el peso político de su antecesor y su elección fue mucho más compleja. Los propios partidos lo complicaron inútilmente deshaciéndose de muchos de los principales prospectos, al rechazarlos por considerar que respondían a una u otra tendencia política y, también, porque en una suerte de revanchismo político similar al actual, el PRI propuso y los demás aceptaron, que no se podía reelegir a ninguno de los consejeros que acababan de concluir su mandato (todavía les dolía la multa del pemexgate). Si a eso le sumamos la torpeza de los negociadores perredistas empeñados en colocar a Jesús Cantú como presidente del instituto, el escenario estaba dado para que sucediera lo que sucedió: un consejo relativamente débil, sin personajes de alto nivel político y cuestionado desde el inicio. No nos equivoquemos: la idea al elegir estos consejeros era esa, que tuvieran un bajo perfil y que fueran de alguna manera los administradores del proceso electoral porque los partidos consideraban que los salientes habían sido demasiado protagónicos.
Lo cierto es que el consejo que encabeza Luis Carlos Ugalde cometió errores, pero ninguno como para exigir su remoción total. Pero ésta no es imposible ni mucho menos, aunque no quiero imaginar, en el actual escenario político, cómo seleccionarían los partidos a los nuevos consejeros, sobre todo después de que los propios comicios del 2006 hicieron que prácticamente todos los actores y observadores políticos tuvieran que asumir una posición pública ante la polarización. Si en el 2004 desecharon a decenas de postulantes calificados por su historia, ahora todo será más difícil. Salvo, claro está, que se opte por la decisión de seleccionar consejeros, con toda claridad, como cuotas de partido y cada uno de ellos lleve el signo de la fuerza política que lo eligió. Lo cual nos llevaría a reponer una y otra vez el mismo procedimiento cada vez que en unos comicios federales surjan dudas o diferencias tan marcadas como en el del año pasado.
De todas maneras si la decisión de remover al consejo general se adopta en un marco muy amplio de reformas de Estado, la misma será viable aunque sea injusta. Sin embargo, lo menos que se le podría exigir a los partidos es un poco de responsabilidad y que no repitan su absurda actuación en la última selección de consejeros, porque olvidan que si este consejo es bueno o malo es responsabilidad de ellos, de nadie más. Hay muchas cosas que se deberían revisar en el IFE: por ejemplo, se debería buscar que la salida de los consejeros fuera consensuada con ellos mismos para no provocar una crisis institucional; se debería establecer un mecanismo de sustitución similar al de la Suprema Corte, con consejeros que duraran distintos periodos de tiempo para que nunca se tuviera que reemplazar, como ocurrió, a todo el consejo; si se va a buscar renovar instituciones electorales, los partidos deben revisar su actual sistema de financiamiento; las atribuciones del IFE deben ampliarse a todos los estados y a todas las elecciones. Se debería fortalecer al IFE en todos los sentidos. Hoy, sin embargo, lo que parece subyacer en los partidos la idea de recuperar el control sobre el proceso electoral. Eso se llama restauración.