Hace exactamente seis años, el entonces presidente Fox, convocaba, un día como hoy, a una reforma tan profunda de la carta magna que implicaba, en los hechos, prácticamente construir un andamiaje constitucional nuevo. Porfirio Muñoz Ledo, como siempre, había realizado ya aquellos foros de reforma del Estado que buscaban, explícitamente, una nueva constitución, construir diría y sigue diciendo Muñoz Ledo, una nueva república: lo dijo con Fox y ahora lo repite con López Obrador. Santiago Creel también trabajaba en ello y desde la secretaría de Gobernación se instalaron diferentes y numerosas mesas con el mismo objetivo. Meses después se firmó una pacto en palacio nacional que se vendió como el inicio de ese proceso de reforma y pasó sin pena ni gloria.
Hace exactamente seis años, el entonces presidente Fox, convocaba, un día como hoy, a una reforma tan profunda de la carta magna que implicaba, en los hechos, prácticamente construir un andamiaje constitucional nuevo. Porfirio Muñoz Ledo, como siempre, había realizado ya aquellos foros de reforma del Estado que buscaban, explícitamente, una nueva constitución, construir diría y sigue diciendo Muñoz Ledo, una nueva república: lo dijo con Fox y ahora lo repite con López Obrador. Santiago Creel también trabajaba en ello y desde la secretaría de Gobernación se instalaron diferentes y numerosas mesas con el mismo objetivo. Meses después se firmó una pacto en palacio nacional que se vendió como el inicio de ese proceso de reforma y pasó sin pena ni gloria.
El hecho es que terminó el gobierno de Vicente Fox y no pasó nada: no hubo ni nueva constitución ni reformas importantes ni cambios significativos, pero mientras tanto, el gobierno pasó todo un sexenio esperando las famosas reformas estructurales que nunca se dieron.
Ahora desde el congreso se vuelve a hablar de la reforma del Estado, y basados en la propuesta que ha presentado Manlio Fabio Beltrones se aprobará una ley que busca que en el plazo de un año haya reformas, sobre todo, en el ámbito político-electoral. Quizás, en ese sentido, la definición de reforma del Estado le quede grande a lo que impulsen los legisladores pero si modernizan el sistema nadie podrá reprochárselo: es una propuesta viable y puede ser exitosa si no busca, explícitamente, debilitar la ejecutivo y fortalecer el legislativo, sin establecer los mecanismos de control y equilibrio que el sistema requiere.
Lo que llama la atención es la permanente intención refundadora de nuestros políticos y congresistas, tan intensa como estéril. No porque no se hayan realizado reformas a la Constitución: llevamos cientos de reformas a la carta magna. Y pueden realizarse más, pero pareciera haber una suerte de obsesión por las grandes reformas que terminan, generalmente, en nada.
Las grandes reformas deben ser consecuencias de procesos políticos y de políticas públicas. La última gran ola de reformas se dio en el 91-93, como parte de acuerdos muy profundos entre el PRI y el PAN pero también como consecuencia de políticas públicas que habían llevado al gobierno de Carlos Salinas a obtener una amplia mayoría en las elecciones intermedias. En el sexenio de Fox se habló todo el tiempo de las grandes reformas y se olvidaron las políticas públicas, con excepción, por ejemplo, del programa Oportunidades, cuyas raíces se sustentaban en el trabajo de un par de sexenios previos, el programa de vivienda (quizás lo más exitoso del sexenio) y el seguro popular. En la administración Calderón el acento tendría que ponerse en las políticas públicas y en las reformas que requieran mayoría simple para avanzar en el congreso, porque las grandes reformas constitucionales serán por lo menos escasas, sobre todo en los ámbitos en los cuales el interés directo de los partidos no está involucrado. En la actual coyuntura y con el actual equilibrio de fuerzas no habrá cambios constitucionales significativos.
Mientras tanto requerimos de reformas importantes en el ámbito de la energía, el sistema de pensiones, la recaudación fiscal y la política laboral, además de la seguridad pública. En la mayoría de esos ámbitos pueden alcanzarse acuerdos legislativos como para avanzar, con mayorías simples, sin necesidad de reformas constitucionales: quizás el mejor ejemplo es la propuesta de reforma energética que ha impulsado Francisco Labastida, ha tomado como suya la fracción de senadores del PRI y que no requiere de cambios constitucionales para modificar profundamente el panorama en el sector. Lo mismo podría suceder en otros ámbitos: en la seguridad, se pudo realizar un avance importante en la unificación de fuerzas policiales a través de decisiones políticas que, ahora, fortalecerán las posibilidades de cambios legales que le den a esa política una mayor institucionalidad. Ese es el camino: deben ser las decisiones de gobierno, utilizando todos los instrumentos con que aún cuenta el ejecutivo y las políticas públicas las que impulsen las reformas posibles. La otra opción es el estancamiento.
Con un agregado que no resulta menos importante. Si las políticas públicas son exitosas, se reflejarán en las elecciones de medio término y pueden consolidar la presencia legislativa de la administración Calderón. Si se espera, como lo hizo Fox, por las grandes reformas, los resultados serán tan desalentadores para la causa gubernamental como los del 2003. Se podrá argumentar que, independientemente de todo, esa correlación de fuerzas en el congreso no se modificará porque el senado seguirá sin modificaciones hasta el 2012 (y sin duda, la desaparición de los senadores de mayoría relativa y las elecciones intermedias en la cámara alta tendrían, eso sí, que ser parte de una reforma), pero todos sabemos que el equilibrio interno en los partidos es, por lo menos, inestable y que depende de la fuerza y las debilidades de los distintos actores los alineamientos que pudieran producirse.
Este cinco de febrero, ojalá celebremos la constitución y no prometamos ni busquemos un nuevo inicio, una refundación que no es posible ni deseable. Por eso, todo parece indicar que el presidente Calderón presentará, hoy, una serie de propuesta legislativas que podrán ser atendidas por el congreso y que no necesariamente pasan por seguir remendando la constitución. Si el gobierno federal aprovecha esa oportunidad, la que le da el comenzar de un piso muy bajo en políticas públicas, utilizar el ejercicio del poder como un instrumento para manejar la agenda y mantener la iniciativa política, los resultados finales, incluso la posibilidad de grandes reformas, serán mucho mayores que en el pasado inmediato.