El gobierno estadounidense mantiene tres fechas para la presentación de cartas credenciales de los nuevos embajadores ante Washington: la primera de ellas será el próximo 27 de febrero. A pesar de que por tradición la recepción de nuevos embajadores no supera nunca la de cinco por vez, en esta ocasión la Casa Blanca ya ha informado a México que el presidente Bush desea, en un acto de deferencia hacia la administración Calderón, recibir las cartas credenciales del próximo embajador de México ese día. Para ello es importante que el próximo embajador arribe a Washington, como máximo el 20 de febrero para que acuerde el protocolo del procedimiento, presente sus cartas credenciales ante el departamento de Estado y pueda, una semana después, presentarse ante el presidente de la Unión Americana.
El gobierno estadounidense mantiene tres fechas para la presentación de cartas credenciales de los nuevos embajadores ante Washington: la primera de ellas será el próximo 27 de febrero. A pesar de que por tradición la recepción de nuevos embajadores no supera nunca la de cinco por vez, en esta ocasión la Casa Blanca ya ha informado a México que el presidente Bush desea, en un acto de deferencia hacia la administración Calderón, recibir las cartas credenciales del próximo embajador de México ese día. Para ello es importante que el próximo embajador arribe a Washington, como máximo el 20 de febrero para que acuerde el protocolo del procedimiento, presente sus cartas credenciales ante el departamento de Estado y pueda, una semana después, presentarse ante el presidente de la Unión Americana.
Si no es así, la siguiente presentación de cartas credenciales será en mayo o junio, previo a las vacaciones de verano, tanto de la Casa Blanca como del Capitolio. Hasta esa fecha, el embajador designado, aunque haya recibido el placet de Washington, no podrá ejercer funciones oficiales ni hacer cabildeo ante el congreso estadounidense, que es donde están depositados varios de los principales temas de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.
El embajador designado ante la Casa Blanca es Arturo Sarukhan, uno de los hombres más cercanos a Felipe Calderón, que ya ha recibido el beneplácito de Washington e incluso de los líderes de las bancadas del PRI y el PRD en el senado de la república, donde debe ratificarse ese nombramiento. La prisa en el tema debería ser obvia para nuestros legisladores (sobre todo si la mayoría de ellos entendieran de qué se trata la política exterior, lo cual es aún un tema a debate), pero sobre todo porque es evidente que las oportunidades de trabajar algunos de los temas más importante de la agenda bilateral, como la migración, se dará este año, porque pasadas las festividades del día de Acción de Gracia, a fines de noviembre, comienza, oficialmente, la campaña electoral para el 2008 y todo se paralizará hasta la toma de posesión del nuevo mandatario (o mandataria) el próximo 20 de enero del 2009. Parece evidente que, por el interés nacional, México no puede seguir sin un nuevo embajador ante Washington.
En el senado no parecen entenderlo con la misma claridad y las fracciones del PRI y del PRD han decidido que no darán el visto bueno a ninguna de las propuestas del legislativo hasta que no comparezca ante la cámara alta la canciller Patricia Espinosa. Por supuesto que no tendría nada de malo que la secretaria comparezca ante el senado para explicar cuál será la política exterior de la administración Calderón, lo grave es que pareciera que la cámara alta está imponiendo una suerte de chantaje al ejecutivo para no procesar la designación de funcionarios del servicio exterior hasta que Espinosa no comparezca.
Nadie discute la potestad del senado de la república para, como dice la Constitución en su artículo 76, “analizar la política exterior desarrollada por el ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la república y el secretario de despacho correspondiente rindan al congreso”. En ningún momento la Constitución establece que el senado deberá “definir” o “dirigir” la política exterior del Estado mexicano, que es una atribución exclusiva del Ejecutivo. Eso establece la ley, pero no lo entienden así los senadores que han decidido que no pasarán a discusión ningún nombramiento del servicio exterior hasta que comparezca la canciller Patricia Espinosa ante la cámara alta y ellos den el visto bueno a la política exterior del nuevo gobierno.
Es una irresponsabilidad cuya principal promotora, la actual secretaria general del PRI y ex canciller Rosario Green, sabe perfectamente bien que puede tener consecuencias graves para la política exterior. Pero Rosario está desconocida. Es la impulsora directa de ese estancamiento en la ratificación de funcionarios del servicio exterior, intentando convertir al senado el algo para lo que no tiene atribuciones: en el rector de la política exterior del país. Algo que jamás hubiera aceptado Green cuando era canciller en la administración de Ernesto Zedillo.
Aparentemente, ayer se dio la luz verde, en el congreso, para la comparecencia de la canciller Espinosa y tras ellas se espera que, de una vez, el senado se digne destrabar los nombramientos que ahora tiene congelados aún a costa de los intereses nacionales. Pero la irresponsabilidad, disfrazada de la defensa de la soberanía nacional y de la política exterior del Estado mexicano, parece ser manifiesta.
Por lo pronto, el 27 de febrero es la última oportunidad para que el nuevo embajador ante Washington, Arturo Sarukhan, pueda presentar sus cartas credenciales ante el presidente Bush, previo a las vacaciones de verano. Es también algo imprescindible antes de que el propio presidente Bush visite México entre el 12 y el 14 de marzo próximos. Unos días después, estará en México, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet y en junio, el español José Luis Rodríguez Zapatero.
El fin de la historia
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad y en forma definitiva, el amparo interpuesto por el abogado Javier Quijano en representación de Javier Moreno Valle, respecto a la legalidad de las asambleas de accionistas de la Televisora del Valle de México y ratificó de esa manera la propiedad de los actuales administradores del canal 40, que ahora opera como Proyecto 40. Con esa decisión concluyó el debate sobre la titularidad de los derechos y la administración del canal de televisión. Quedan pendientes, entre otros, los procesos por defraudación fiscal de Moreno Valle. Pero eso será parte de otra historia: el capítulo de la propiedad del canal es cosa juzgada y un capítulo cerrado en la historia de Proyecto 40.