La ley de reforma del Estado aprobada el martes en el senado es un bonito cascarón, el problema es que no sabemos que llevará dentro. Suena extraño eso de que los legisladores aprueben una ley que los obligue a cumplir con su responsabilidad, pero más extraño es que la propia ley establezca que si no cumplen con ella simplemente no pasará nada. Se ha dicho, con razón, que no es la primera vez que se toma una decisión de este tipo: en 1995 se aprobó una ley similar para obligar a que en un lapso determinado se sacara una ley de pacificación para Chiapas. La diferencia en esta ocasión es que fuera de los rubros generales establecidos, la ley no especifica qué tipo de reforma se busca, cuáles serán los contenidos fundamentales de la misma y hacia dónde se quiere avanzar: hablar de reforma del Estado sin más, es hablar de una entelequia, asumiendo, además, que puede haber reformas progresistas o retrógradas, restauradoras o renovadoras, que en cualquiera de sus capítulos las posibilidades son tan amplias que todo puede estar incluido, con la posibilidad de que en cada uno de ellos se opte por reformas no necesariamente compatibles y terminemos transformando todo en una suerte de Frankenstein. Precisamente esa inconsistencia sobre el sentido de las reformas que se plantean (que es, paradójicamente, lo que permitió que la ley fuera aprobada por unanimidad en la cámara alta) es lo que obliga a tomar con muchas precauciones el anuncio de los legisladores.
La ley de reforma del Estado aprobada el martes en el senado es un bonito cascarón, el problema es que no sabemos que llevará dentro. Suena extraño eso de que los legisladores aprueben una ley que los obligue a cumplir con su responsabilidad, pero más extraño es que la propia ley establezca que si no cumplen con ella simplemente no pasará nada. Se ha dicho, con razón, que no es la primera vez que se toma una decisión de este tipo: en 1995 se aprobó una ley similar para obligar a que en un lapso determinado se sacara una ley de pacificación para Chiapas. La diferencia en esta ocasión es que fuera de los rubros generales establecidos, la ley no especifica qué tipo de reforma se busca, cuáles serán los contenidos fundamentales de la misma y hacia dónde se quiere avanzar: hablar de reforma del Estado sin más, es hablar de una entelequia, asumiendo, además, que puede haber reformas progresistas o retrógradas, restauradoras o renovadoras, que en cualquiera de sus capítulos las posibilidades son tan amplias que todo puede estar incluido, con la posibilidad de que en cada uno de ellos se opte por reformas no necesariamente compatibles y terminemos transformando todo en una suerte de Frankenstein. Precisamente esa inconsistencia sobre el sentido de las reformas que se plantean (que es, paradójicamente, lo que permitió que la ley fuera aprobada por unanimidad en la cámara alta) es lo que obliga a tomar con muchas precauciones el anuncio de los legisladores.
Se podrá argumentar que para eso se debatirá y negociará en los próximos doce meses. Y es verdad. Pero el tema es qué se va a discutir: por ejemplo, en el tema de reforma hacendaria, ¿en qué se está pensando?. Porque el dato es que estamos recaudando la mitad, como porcentaje del PIB, que países de nuestro mismo nivel de desarrollo y dependemos cada vez más de los recursos petroleros, lo cual está acabando, a su vez, con las posibilidades de PEMEX. La enorme mayoría de los especialistas, dentro y fuera de México, coinciden en que la forma más viable, sencilla, justa y efectiva de aumentar la recaudación es vía el gravamen al consumo, acabando con todos los regímenes de excepción, al mismo tiempo que se reduce el ISR para que haya más dinero en el mercado, se consuma más, se mejore la calidad de vida y también se termine recaudando más. Esa fórmula que es la que funciona en casi todo el mundo industrializado, es la que por alguna extraña razón relacionada con ataduras mentales a esquemas ideológicos de un pasado ya superado, no quieren respaldar en el PRD ni tampoco en amplios sectores del PRI. ¿Se podrá hablar de verdad de una reforma fiscal entonces, o lo que vamos a tener es una suma de iniciativas que, como ha sucedido en el pasado, nos deje en peor situación que antes?. Se habla de reformas energéticas: el sentido de la reforma es casi obvio. Los dos únicos países del mundo que mantienen las actuales restricciones para inversiones en el sector son México y Corea del Norte. En otras palabras, el resto del mundo está equivocado o el que va en el sentido equivocado de la historia es México. Nadie habla de privatizar PEMEX o la CFE pero abrir la inversión en ese sector permitiría inversiones de miles de millones de dólares que serían claves para el desarrollo del país. Con el actual esquema estamos quebrando a PEMEX (Cantarell cae en su producción un 14 por ciento anual y no hay recursos para avanzar en las nuevas exploraciones que lo reemplacen porque el 80 por ciento de los recursos de la empresa se van al fisco); tampoco le permitimos realizar alianzas estratégicas que le permitan incursionar en la explotación de nuevos yacimientos ni en la refinación del crudo. Nos estamos retrasando en todos los sentidos. Pero existen sectores que consideran que así estamos muy bien o que, en todo caso, lo que necesitamos es colocar aún más candados a la inversión privada en el sector: ¿estaremos hablando de una reforma o de una contrarreforma en el sector?.
Cuando se habla de sistema electoral y de gobernabilidad, las dudas son igual de amplias. Los partidos parecen ser, como dijo Jorge Alcocer, unos adictos incurables a los recursos públicos: en los últimos 15 años han recibido más de 27 mil millones de pesos y, hoy, todos, están plagados de deudas, comenzando por el PRD que debe nada más y nada menos que 850 millones de pesos (¿recuerda cuando a Rosario Robles la sacaron de la presidencia del partido por arrastrar una deuda de 200 millones tras las elecciones del 2003?). Si el esquema de prerrogativas no se modifica, como se ha dicho, para las elecciones del 2009, el PAN recibirá cinco veces la cantidad que está autorizado a gastar en esa campaña electoral, mientras que el PRI y el PRD recibirán tres veces esa cantidad. Pero los partidos no quieren recortar sus prerrogativas. Para colmo, son recursos que no se pueden auditar en su utilización. Y los partidos hablan de muchas cosas pero no de recibir menos recursos públicos. Plantean cambiar a los consejeros del IFE pero siguen asumiendo la responsabilidad de designarlos ellos mismos, lo que convertiré el proceso de selección de consejeros nuevos, si ésta se llegara a dar, en una reedición de la que ahora descalifican: ¿por qué no dejarla, por ejemplo, en la Suprema Corte?. Cuando hablan de la gobernabilidad existen propuestas serias pero otras pareciera que sólo buscan debilitar las atribuciones del ejecutivo creando unos vacíos de poder injustificables. La lista podría continuar página tras página.
Por supuesto que pueden salir cosas buenas de este proceso de reforma del Estado y ojalá que así sea. Pero nuestros legisladores, en los últimos doce años, no nos han dado ninguna pauta que nos lleve a ser optimistas sobre su capacidad para concebir en el largo plazo una reforma del Estado que vaya más allá de las agendas coyunturales de los propios partidos y sus dirigentes.